Cuando los priistas ya daban por hecho que la candidatura que corresponde a sus aliados panistas sería para una mujer, Jorge Luis Preciado Rodríguez (JLPR) sorprendió a todos al registrarse como precandidato a la diputación federal por el primer distrito.
El candidato a la gubernatura en los procesos ordinario y extraordinario de 2015 es, actualmente, diputado federal plurinominal. Y buscará continuar en San Lázaro ahora por el principio de mayoría relativa.
Como en el segundo distrito va el priista Óscar Ávalos, la nominación de Preciado fortalece las posibilidades de que la candidatura al gobierno estatal de la coalición Sí por Colima recaiga en Mely Romero. Martha Sosa, la propuesta blanquiazul, como en su momento Jorge Luis, ya contendió por el Ejecutivo.
JLPR dificilmente juega a perder. En 2015, estuvo a punto de arrebatarle al PRI la gubernatura. El apretado margen por el que perdió en la primera vuelta, se resolvió con la anulación de los comicios. Sin embargo, en la extraordinaria el panista sembró muchas dudas por la forma en que aflojó el paso.
Pese a ser una figura siempre controvertida, ha sido congresista local, diputado federal y senador. En una nueva contienda, Jorge Luis todavía podría acumular más negativos y salir avante.
Ya una vez lo declararon inelegible para ocupar un cargo de elección local por una sentencia de difamación: dijo en la tribuna del Congreso local que el entonces secretario de Salud operaba a su perros en los quirófanos del Hospital Regional. Y hace seis años, como parte de una campaña de desprestigio, lo acusaron de ser propietario de hoteles de paso y hasta de haber pedido a una pareja sentimental que interrumpiera el embarazo.
De todo ha salido casi indemne, en parte gracias a que es un cuadro político menos elitista que el promedio de los blanquiazules. Un panista muy priista, y encontró una base en el sector popular. Eso lo convierte en una de las ofertas más viables de la alianza PRI-PAN-PRD.
EL FRANCOTIRADOR
Seguramente no se resolvió a buscar la diputación federal hasta tener claro quiénes serían sus potenciales competidores: se sigue manejando a Agustín Morales por el Verde, y ya se anunció a Héctor Insúa por Movimiento Ciudadano; por su parte, Vladimir Parra hace precampaña dentro de Morena.
En sus cálculos, la aritmética no le dio para gobernador pero sí para la diputación federal. Tal vez por eso el PAN no definía si iba mujer en el distrito I. Jorge Luis calculó bien el terreno antes de saltar. Tiene mediciones que le garantizan ciertas probabilidades de triunfo, sabe hacer campañas y cómo negociar las ventajas. Ya veremos también cuán hábil es para sortear escollos.
En ese sentido, la gran incógnita es, si en el transcurso del proceso electoral, saldrá a flote la presumible participación del entonces coordinador de la bancada panista en los sobornos a los senadores que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto.
Preciado busca integrar una fórmula opositora que haga contrapeso al gobierno federal. Y critica a la actual mayoría morenista por someterse a los deseos del presidente López Obrador, como si Jorge Luis no hubiera sido un operador de la aplanadora legislativa que cambió la Constitución y, con ello, la naturaleza del Estado durante los momentos más deplorables del periodo neoliberal.
A su experiencia en el manejo de la polémica y la capacidad de organizar elecciones, hay que sumar el poder de financiamiento que tiene. Dentro de su aparente sencillez, Preciado es uno de los políticos más acaudalados del estado.
Llamado a apuntalar la alianza prianista, lo van a usar como francotirador de la candidata a la gubernatura de Morena. El Tumor recurrirá a personajes que como él mantengan un discurso de desgaste a la 4T. Y no es remoto que su discurso genere más resonancia que el mensaje de la candidata a la gubernatura del PRIAN. Como Preciado sabe utilizar el lenguaje para comunicarse con las mayorías, Morena tendrá que habilitar una figura que le haga frente.
DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Con Jorge Luis en la competencia, la disputa por el distrito I no será tan fácil como suponen Insúa, Morales o el mismo Vladimir. Insúa y Preciado se van a disputar la misma base electoral, y el plus para el panista pasa por capitalizar la misma estructura tricolor que Agustín Morales querría llevarse al PVEM.
Deseamos una campaña más ideológica que otra con base en descalificaciones, pero Jorge Luis se valdrá hasta de elementos pigmentocráticos para hacer clic con la gente. Su nicho electoral es muy amplio y no ha dilapidado del todo el capital político que consiguió hace seis años cuando se oponía a JIPS. Con todo, muchos de los ciudadanos que lo apoyaron en 2015 hoy se identifican con Morena y el gobierno de López Obrador.
Lo que más morbo desata es la expectativa de ver una fotografía con Fernando Moreno levantando la mano a Jorge Luis. En su estrategia, Preciado tendrá que optar entre guardar distancia con el gobernador que en su tiempo no dudó en encarcelarlo, o mantenerse cerca.
LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO…
En una insólita aparición pública pues, desde que fue nombrado, había hecho acaso declaraciones banqueteras y una sola entrevista, el representante de la Secretaría de Gobernación en Colima, Carlos González Palomino, propuso una tregua al gobierno del estado “para que aminore su campaña de cacería de brujas contra las mototaxis y se abra un espacio con mesas de diálogo para la gobernabilidad”, ya que “lo que no está prohibido está permitido”.
En rueda de prensa, calificó de “muy pobre” la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad presentada por el Ejecutivo en mayo pasado, que impide la circulación de las mototaxis mientras, la presentada por el PAN, es más inclusiva pues reconoce a esos vehículos como medio alternativo de transporte.
Recordó que en el Consejo Estatal de Movilidad Urbana Sustentable están representados el Congreso, los ayuntamientos, la sociedad civil, las empresas del ramo y hasta la Guardia Nacional. Es el órgano facultado para resolver los problemas que genera la ley de 2019.
El funcionario federal defendió a los alcaldes que, con la anuencia del Cabildo, dieron los permisos o licencias a las mototaxis, por ser la autoridad más cercana a las demandas sociales del pueblo. Y consideró que la controversia sobre la validez de esos permisos “es otra cosa, porque el problema es social, no es legal”.
Pidió una consulta más amplia, no sólo escuchar a los dueños de las concesiones, ni pretender solucionar el conflicto a través de un decreto. Porque de escalar la pugna entre taxis de cuatro y tres ruedas, estaría en riesgo la gobernabilidad de Colima: las manifestaciones de unos y otros son cada vez más violentas y, al bloquear carreteras federales, ocasionan daños económicos al autotransporte de carga portuaria.
Ya no es sólo un problema del municipio de Cuauhtémoc sino prácticamente de todo el estado. Y en los cuatro años que ha sido tolerado, las mototaxis demostraron ser un servicio barato y accesible, que opera en lugares donde no hay rutas de autobuses ni entran coches de sitio. En la situación económica de la pandemia, es también una alternativa para el sustento familiar.
De ahí que “una tregua será benéfica para todos”, porque “se bajan los ánimos, se permiten las mesas de diálogo” y es posible hasta que se posponga su regulación hasta después del proceso electoral, “cuando ya tengan
[los diputados]
más elementos de juicio”. Por lo pronto, convendría que los legisladores “se empapen de la problemática”.
FALLÓ EL NADO SINCRONIZADO
Ante el ridículo que hicieron los responsables de Comunicación Social del gobierno del estado al filtrar como boletín de prensa las líneas argumentativas con las que los columnistas al servicio del régimen debían sumarse al ‘nado sincronizado’, la Secretaría de Movilidad tuvo que hacer oficial la postura “en relación a las declaraciones del delegado de gobernación”:
La dependencia a cargo de Rafael Martínez Brun negó que se trate de una cacería de brujas, sino “la aplicación” del artículo 203 de la Ley de Movilidad que, de acuerdo a su interpretación, sostiene que “las motos adaptadas al prestar un servicio de transporte sin concesión y en vehículos inseguros, infringen la ley”.
Asegura la dependencia estatal que esos vehículos no cumplen con las normas mínimas de seguridad: “cinturón de seguridad, testigo en el tablero, cabeceras en los asientos, sistema desempañante, reflejantes, velocímetro, luces de posición, luces de reversa, frenos ABS, bolsas de aire, vidrios laminados, templados y plastificados, así como un certificado de cumplimiento de pruebas de impacto frontal y lateral”.
En ese sentido, “los operativos… tienen la única motivación de garantizar la seguridad de cualquier persona que necesite realizar un traslado para realizar sus actividades diarias”. De la misma manera en que “se han remitido al corralón autobuses y taxis que están mal estado, así como automóviles particulares que prestan servicio fuera de una App”.
No es nada personal contra “las personas operadoras de motos adaptadas”, sino “un tema de legalidad y seguridad vial”, sostiene el comunicado oficial.
Tenían que haberlo dicho los columnistas, pero Movilidad hizo suya la sorpresa ante “las declaraciones del Delegado”, pues “está pidiendo incurrir en una ilegalidad y violar el marco normativo que rige actualmente”.
Le recomienda a Gobernación que acuda al Poder Legislativo para que, en dado caso, “hagan las modificaciones pertinentes a la Ley… y este tipo de servicio sea regulado”. Y, en la clásica retórica, se extrañan “que el Delegado… pretenda involucrar al Ejecutivo Estatal… en actos violatorios de la Ley, cuando debe ser uno de los principales promotores del respeto al estado de derecho”.
CALANDRIAS Y PULMONÍAS
Lo cierto es que, en ningún momento, González Palomino insta a violar la ley sino que llamó a encontrar una solución política. Aun cuando recaiga en el Congreso la facultad de modificar la ley, el Gobernador debe asumir su responsabilidad política de conciliar los intereses en pugna. La legalidad no lo exime de su obligación de pacificar al estado mediante la solución de los problemas que derivan en conflictos. Es burocrática la postura del Ejecutivo estatal.
Después de cuatro años de ignorar el problema, vemos a Nacho Peralta alentando a una de sus clientelas políticas: los taxistas. Endosa el tema al Congreso, cuando otras veces ha usado a los diputados para sacar ‘fast-track’ asuntos políticamente más complejos, como el crédito.
El problema de fondo es que los mototaxis ya son una opción de transporte barato y eficiente, además de una fuente de trabajo. Son también una actividad económica donde se han hecho inversiones importantes.
De la misma manera en que los concesionarios que pagaron dos millones de pesos por el traspaso de unas placas del Sitio Libertad, se oponen a la liberación del transporte aun cuando las aplicaciones acabaron con el valor de reventa de esos permisos, las moto taxis reclaman protección a lo que ya es su negocio.
Por lo demás, las instrucciones para el nado sincronizado pasaron por alto las enormes contradicciones entre la ley y la realidad del servicio de taxis. La norma marca exigencias de comodidad y seguridad que no cumplen los Tsuru ni otros equipos más nuevos pero igual de austeros. Los frenos ABS, por ejemplo, no vienen de fábrica en los modelos más baratos.
El Gobierno del Estado quiere seguir ignorando que la verdadera competencia de los taxis son los servicios de aplicación. Y así como se cambió la Ley para abrir paso a esta nueva modalidad (y favorecer a Chofer Pro, más tarde a Uber), habrá que modificar la legislación para que no se desfase frente a las nuevas dinámicas sociales y las necesidades de la población.
Al Gobernador, a través de Movilidad, le corresponde proponer cómo incorporar a las mototaxis a alguna modalidad de transporte. Si bien los triciclos son riesgosos como cualquier otra moto (incluso las de cuatro ruedas), el motocarro ha existido como modelo comercial de carga. Lo han adaptado como transporte de pasajeros, pero los vehículos ya existente podrían prestar servicio de mensajería, entrega de alimentos o carga ligera.
Incluso como transporte de pasajeros, si la movilidad exige nuevas modalidades la autoridad debe aceptar que las mototaxis pueden funcionar en trayectos ‘de cercanías’, dentro de un esquema de alimentación a otras modalidades de transporte.
Si únicamente pensamos en los taxis convencionales, tendríamos que preguntarnos por qué en Ciudad de México hay bicitaxis (motorizadas), ‘guayines’ (camionetas de carga de tracción animal) en muchas ciudades medias o burritos para acarrear bultos en los andadores escalonados de Manzanilllo, calandrias en Guadalajara y ‘pulmonías’ en Mazatlán.
En última instancia, reconocida la necesidad de transporte y de la fuente de trabajo, habrá que promover la sustitución de los actuales equipos por vehículos más aptos, con una carrocería más resistente, las luces y reflejantes obligatorios o los cinturones de seguridad y cabeceras para los pasajeros.