La oferta que hizo el presidente López Obrador de proporcionar seguridad a los candidatos a través de la Guardia Nacional, fue muy bien recibida por los círculos sociales y políticos. Nada frenaría la marcha de una sociedad en tránsito a una plena democracia, tanto como los crímenes políticos.
La GN no sólo tiene capacidad operativa para proteger a los contendientes en este proceso electoral, sino que dicha tarea cae en el ámbito de las funciones de la corporación creada a inicios del sexenio.
En Colima, los candidatos deberían considerar el ofrecimiento. Sobre todo la abanderada en común de Morena y Nueva Alianza, Indira Vizcaíno, tiene que tomarle la palabra al Ejecutivo federal tan sólo por el riesgo de una reacción ante su propuesta de cambio.
El énfasis en el tema de seguridad que hace en su plataforma política, supone perjudicar los intereses de organizaciones criminales que se han movido con impunidad en los últimos años, ante la mirada impasible de autoridades policiacas, ministeriales y judiciales.
También por razones políticas, Indira debe aceptar la oferta de protección a su persona. En una estrategia de guerra sucia electoral, donde se ha querido construir la narrativa de que las designaciones en Morena hicieron enojar a las tribus de ese partido, es probable que alguien quiera materializar la hipótesis realizando acciones que hagan ver a los morenistas como violentos.
Como ya hemos mencionado en esta columna, el arribo de Arnoldo Ochoa González al PRI estatal no es augurio de una contienda limpia y civilizada. Todos los que, como él, representan al régimen corrupto que se niega a desaparecer, harán lo imposible para conservar el poder y sus privilegios. Harán todo, en la más amplia acepción de la palabra ‘todo’.
En el caso de la candidata priista, Mely Romero debería escuchar ese mismo llamado del presidente de la república, nada más por estar rodeada de caciques. Maestros en las malas artes de la vieja política, son capaces de utilizar estrategias que, como en el pasado, victimizaron a candidatos para elevar el nivel de aceptación de ellos mismos… o de los sustitutos.
Mely no debe echar por la borda la idea de poner su seguridad en manos de la Guardia Nacional. Su protección personal, le garantizaría a la abanderada del PRI-PAN-PRD quedar fuera del alcance de intereses mezquinos.
SON DE CUIDADO
En actos políticos y mensajes a través de las redes sociales, Indira Vizcaíno volvió a usar el término “chiquimafia” para referirse al grupo político que, a nivel estatal, ha venido detentando el poder desde hace años.
Es una traslación al contexto local de la “mafia del poder”, expresión con la que López Obrador caracterizó a sus enemigos: una estructura politico-economico-criminal cuyo liderazgo le atribuye Andrés Manuel al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Indira, de hecho, ha usado alguna vez el diminutivo “la mafiecita del poder”.
Obviamente, el término tiene connotaciones desdeñosas y no de afecto. Pero Vizcaíno hace mal en desestimar la capacidad de ese grupo para actuar como verdadera mafia. Si se trata de caricaturizar a un enemigo, quizá el retrato no sea fidedigno. Al menos, la percepción que tenemos los colimenses de esos políticos nativos no corresponde a la referencia, ya un poco lejana, del “innombrable” Salinas. Los innombrables de aquí están actuantes.
El imaginario colectivo en Colima se concentra en el tema de la disputa local por la gubernatura, pero no mucha gente está al tanto del tamaño de los intereses que se juegan en la entidad. El monto de los caudales que manejan los exponentes de ese grupo al que Indira llama “chiquimafia”, indica sus verdaderos alcances.
Son un poder real los personajes de esa supuesta mafiecita. Concentran los principales capitales del estado y su influencia transexenal ha sido proporcional a sus chequeras, ciertamente no a sus legados ideológicos. Su capital económico y político está a la vista de todos: controlan las principales instituciones y los poderes del estado. Las fuentes de financiamiento del sector público, en su mayoría, son administradas por ellos. Y van a usar el erario y los presupuestos institucionales como talonario.
Cuando se trata de disputar los posiciones de poder, son enemigos serios porque extralimitan sus métodos. No por nada el 24 de febrero sigue siendo una fecha tan incómoda en la narrativa política estatal.
CIERRA EL CAM
Justo el Día Internacional de la Mujer, el CAM Griselda Álvarez anunció la suspensión de los servicios a mujeres víctimas de violencia familiar.
Las mujeres y los hombres que integran el consejo y el patronato del Centro de Apoyo a la Mujer, se quejaron de violencia institucional por parte del gobierno de Ignacio Peralta, cuyo secretario de Finanzas simplemente no cumple con la entrega del subsidio aprobado por el Congreso local. Carlos Noriega ni siquiera recibe en su despacho a los representantes del organismo.
En 2020, el techo financiero de un millón 600 mil pesos que se había venido autorizando en cada ejercicio presupuestal desde hace ocho años, se redujo a la mitad por decisión del Ejecutivo. Esos 800 mil pesos apenas alcanzaron para cubrir los préstamos que, a título personal, pidieron las integrantes de la directiva para seguir operando.
Hace 37 años, la gobernadora Griselda Álvarez abrió el Centro de Apoyo a la Mujer, institucionalizando así una experiencia previa de la sociedad civil. Con la siguiente administración comenzaría el largo proceso que llevó al CAM de ser una entidad gubernamental, pero autónoma en sus protocolos, a convertirse en 1993 en una asociación civil, hoy vigilada por la Junta de Asistencia Privada.
En casi cuatro décadas, el Centro ha visto surgir una serie de organismos públicos que replican el propósito que tuvo la maestra Griselda Álvarez al fundar el CAM en 1983.
Ahora hay mesas especializadas en el ministerio público para la atención de víctimas de violencia de género, y centros de prevención de la violencia intrafamiliar; hay un instituto estatal de la mujer y sus correspondientes organismos municipales; como también existe un centro universitario de estudios de género y distintas asociaciones civiles con diversos enfoques sobre el feminismo.
En 1998, el Congreso aprobó la ley estatal para la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar, cuyo contenido se elaboró en el CAM. Y, en el derecho electoral, se aplican normas para garantizar la paridad de género en las candidaturas. Cada año se otorgan preseas del Congreso y reconocimientos municipales a la mujer más destacada en alguna área. Y se consiguió que se tipificara el feminicidio como delito.
Ninguno de estos avances legales e institucionales, sin embargo, ha hecho más fácil la tarea de acceder a fondos públicos para sostener el Centro de Apoyo a la Mujer ni, mucho menos, hizo que bajaran los índices de violencia intrafamiliar.
INCULTURA DE GÉNERO
Por cierto, este auge de la cultura de género no ha impedido tampoco que Colima siga siendo uno de los estados, proporcionalmente a su población, con mayores casos de feminicidio y homicidio de mujeres por otras causas.
Siguen siendo altas las tasas de mortalidad por cáncer de mama y cáncer cervico-uterino. Y no hay cifras confiables del número de abortos clandestinos, en una entidad que, de tener uno de los rangos más amplios de circunstancias en las que el aborto no es punible, pasó al reconocimiento constitucional del derecho a la vida desde la concepción.
Ya hay nuevas banderas feministas, sin que se hayan cumplido las demandas de la primera ola de este movimiento. Estas son: 1) el derecho a la maternidad voluntaria (que implica el aborto), 2) la libre opción sexual (es decir, el reconocimiento de la opción homosexual y bisexual de las mujeres que, transferido a los hombres, supone el reconocimiento de la identidad transgénero) y 3) combatir la violencia hacia las mujeres.
Hoy la lucha es por el acceso de las mujeres a iguales oportunidades de empleo y desarrollo laboral o profesional que los hombres. E igualdad también en la remuneración, con respecto al salario de los hombres que ocupan el mismo puesto de trabajo. Todavía prevalece en la mentalidad patronal la idea de pagar más a los hombres, bajo el supuesto que son jefes de familia, como si gran parte de los hogares en este país no tuvieran a una mujer como único sostén.
Irónicamente, en una elección a la gubernatura donde cinco de los siete candidatos son mujeres, en la competencia interna de los partidos Colima demostró también ser uno de los estados con mayores índices de violencia política de género. Esperemos que esa situación no se repita en la contienda electoral.