Liderados por Adriana Ruiz Vizfocri, colectivos feministas en el estado expresaron su indignación por la manera en que el Congreso local votó, por mayoría, la designación de Roberto Ramírez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El argumento de los diputados fue que el exsecretario de la Juventud obtuvo el mayor puntaje en la prueba de conocimiento, gracias a un diplomado que cursó Ramírez en la CNDH.
El problema no es el perfil profesional (abogado con conocimientos de la materia en derechos humanos) sino los vínculos que Roberto Ramírez pudiera tener con Mario Anguiano Moreno, a cuyo gabinete perteneció. El exgobernador parece haber demostrado, una vez más, el control que tiene sobre algunos legisladores.
Ramírez es un activo priista, recientemente fue el principal promotor en Colima de la aspiración de Ivonne Ortega a la presidencia del CEN del PRI. Y no podemos sustraer su llegada a la CEDH de la coyuntura electoral que se avecina.
La designación implica un compromiso de su papá, Roberto Chapula de la Mora, con el saliente gobierno de JIPS. Aunque rompió con el PRI en su última participación electoral, Chapula ha sido un cuadro importante del priismo en el municipio de Colima, donde hay un sector poblacional que se identifica con el actual regidor de Nueva Alianza.
Haiga sido como haiga sido, no se puede culpar a Chapula ni a Ramírez ni a Anguiano, ni siquiera a Ignacio Peralta, de aprovechar la oportunidad que les ofreció la desarticulada diputación cuatroteísta en Colima para imponer ombudsman.
Al arranque de esta Legislatura, se contaban 17 congresistas identificados con López Obrador. Después de cinco presidentes de la Comisión de Gobierno Interno (tras anunciarse el relevo del petista Carlos César Farías por el “independiente” Guillermo Toscano), esa mayoría que prometió hacer historia se pulverizó o, mejor dicho, en buen número cambió de bando.
MALEFICIO DE LA DUDA
Las organizaciones de la sociedad civil que firmaron el pronunciamiento, exigen destituir al presidente de la CEDH y reponer el procedimiento en aras de la equidad de género.
Mientras eso ocurre, si es que llega a ocurrir, cabe concederle a Roberto Ramírez el beneficio de la duda. Aunque comenzó con un tropiezo: la reiterada defensa de un reportero de nota roja en el periódico del Gobernador, quien se dice víctima de la prepotencia de agentes policíacos.
Roberto Ramírez no marca de entrada mayor diferencia con la muy mediática gestión de Sabino Hermilo Flores: defender a un reportero sospechoso de abusar de la credencial, es la manera más simple de abogar por la libertad de expresión, sin atender a las verdaderas amenazas que se ciernen sobre los informadores en Colima.
Aunque la protesta la encabezó Ruiz Vizfocri, cuyo nombramiento como comisionada estatal se frustró en su momento por una mala operación política, es innegable que la designación de Ramírez violenta el principio de paridad.
En la historia de la CEDH sólo ha habido ombudsperson varones. Curiosamente, de la veintena de aspirantes que se evaluaron para este proceso que culminó el viernes 27 de noviembre la mayoría eran mujeres. Sin embargo, se nombró una vez más en la presidencia a un hombre.
CAPTURA DEL ESTADO
El nombramiento de Roberto Ramírez nada tiene de ilegal, pero está contaminado por su militancia partidista, su pertenencia a un grupo político y la coyuntura electoral en la que se da: no olvidemos que el dilema en 2021 será la continuidad del viejo régimen o la alternancia en el Ejecutivo.
El grupo en el poder está avisorando un escenario electoral adverso, que como en otras elecciones piensan revertir en la mesa. Quieren ganar, aunque pierdan, dejando sembrados funcionarios identificados con el pasado.
Lo más cuestionable es el nepotismo encubierto en el que se incurre. El papá de Roberto Ramírez fue ombudsman durante muchos años. Y de este modo caímos en una lógica de linajes profesionales, como si los cargos públicos fueran hereditarios.
Se desconfía de un perfil priista, como el de todos los que han pasado por la Comisión, porque la ombudsperson está para defender al ciudadano de los abusos cometidos por los agentes del Estado, aunque el organismo también tiene facultades para velar por la defensa de todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Esta designación debería hacer sonar las alarmas en la estructura de la 4T. El gobierno de Nacho Peralta está prolongando la posesión de todas esas instancias que se convertirán en aduanas dentro de una disputa poselectoral.
El PRIAN que se expresa en la administración Peralta, acaparó al Instituto Electoral (IEE) y al Tribunal en la materia (TEE), como se apropió en su momento de la titularidad del Osafig, la Fiscalía General o los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, frente a esta avanzada los impulsores del proyecto alternativo de estado sigue creyendo, equivocadamente, que lo importante es llegar y ya después ver cómo limpian el aparato.
PRIMERO DE DICIEMBRE
A dos años de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) enfrenta dos crisis: la sanitaria, ocasionada por la pandemia de covid, y la económica que es consecuencia de las acciones de confinamiento y distanciamiento social, decretadas para aplanar la curva de contagios.
No ha sido fácil aminorar el impacto del coronavirus en las finanzas públicas y la economía familiar, pero comparando nuestra situación con el desastre que enfrentan otros países en materia de salud, empleo y comercio, la 4T está consiguiendo aceptables resultados.
Con todo, la batalla por la salud pública no es la más desgastante que el presidente de la república ha tenido que librar, sino la lucha contra los grupos anquilosados en el poder que pretendían seguir haciendo negocios con el presupuesto.
En la estrategia para reactivar la economía cuando se levante la cuarentena, está funcionando una política social que garantiza una mínima solvencia para las familias tradicionalmente de menores ingresos. Los recursos fiscales derramados a través de esos programas para el desarrollo, tan criticados por la reacción, han contribuido enormemente a mantener el mercado interno.
Mucho del dinero que está circulando en la economía informal, y también en la formal, proviene de los apoyos para el pago de guarderías, pensiones para adultos mayores, ayudas a discapacitados y familias vulnerables, becas a estudiantes de preparatoria y subsidio para la capacitación de jóvenes que están “construyendo el futuro”, por mencionar algunos de esos programas.
AMLO se adelantó a lo que recomendaron los expertos como estrategia para atenuar los efectos económicos del covid. Los investigadores de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos advirtieron que, para contener la recesión y evitar potenciales estallidos populares, había que diseñar programas de apoyo a los grupos más vulnerables.
Por eso, hasta los gobiernos de los países más orgullosamente capitalistas han tratado de equilibrar la pérdida de los ingresos familiares, ya sea con incentivos fiscales o mediante programas asistenciales. Si en aquellas naciones donde la economía es formal el esquema funcionó, con mayor razón había que aplicarlo en México donde son crónicos los bajos salarios y la inestabilidad laboral.
Declarado muerto el neoliberalismo, ya se habla en el mundo de la necesidad de establecer como garantía individual el derecho a una renta básica, suficiente para cubrir los gastos indispensables. Sin embargo, en México todavía se oyen voces que llaman a cambiar la estrategia de ‘primero los pobres’, por otra que favorezca a las grandes empresas.
Este gobierno no está en contra de la iniciativa privada ni mucho menos de la mediana, pequeña y micro empresa. Pese a lo que diga la propaganda de derecha, la actividad económica que realmente ha lastimado la 4T son los negocios al amparo del poder.
A final de cuentas, quien tiene la ultima palabra en el juicio social es la ciudadanía. Y las encuestas indican que hay una evaluación favorable para el presidente López Obrador, no obstante todos los factores adversos, incluso de carácter internacional, que está sorteando.
BALANCE POSITIVO
Griselda Martínez refuerza su posicionamiento en la alcaldía de Manzanillo. En su trabajo destacan programas sociales con el más puro espíritu lopezobradorista y obras de infraestructura que fueron compromisos de campaña, formulados con mucha sensibilidad ante rezagos de décadas.
Estas acciones se combinan con una estrategia de combate a la corrupción, de la que se desprenden algunas denuncias ante las instancias correspondientes. Habrá que ver en qué terminan y si las autoridades respectivas deciden castigar conductas repetidas en la administración públicas municipal.
A Griselda se le reconoce por la manera en que atendió la emergencia de la pandemia, desplegando un trabajo conjunto con organizaciones civiles y los gremios médicos y de enfermería. Y por la repuesta que dio a la población afectada por el temporal de lluvias, apoyando a las familias damnificadas y adquiriendo maquinaria pesada para construir, modificar o reparar la infraestructura necesaria para evitar que los fenómenos meteorológicos vuelvan a causar daños similares.
¿POR LA REELECCIÓN?
La alcaldesa porteña es ya un activo importante para los objetivos de la 4T y los planes para instalar la cuarta transformación en Colima. Eso ha hecho que en la cúpula partidista se le contemple para jugar por la reelección, pero también podría ir por la diputación federal e, incluso, la midieron para la gubernatura.
Pero no se inscribió en el proceso interno que se resolverá mediante una encuesta. Corre una broma entre los simpatizantes de Morena: a Mario Delgado le entregaron una lista de participantes en la encuesta y, donde decía “Griselda”, el dirigente nacional de Morena leyó “Gricelda” y acabó llamando a la senadora Valencia.
Políticamente, a Martínez Martínez le cabe la satisfacción de haber roto la secuencia de gobiernos en los que Nabor Ochoa y Virgilio Mendoza se alternaron la alcaldía, una dinámica de la que también formó parte la senadora Gabriela Benavides.
Quien llegue a la candidatura al gobierno de Colima, debe considerar a Griselda Martínez como un factor importante para la viabilidad de triunfo en el segundo distrito. La munícipe es la respuesta de la 4T a la fuerza que adquirió Acción Nacional en Manzanillo, un partido que en 2021 podría aliarse con el agonizante PRI.