Aunque su propuesta de adelgazar la alta burocracia para reducir el gasto administrativo hasta en un 50 por ciento, y desconcentrar las dependencias de gobierno para acercar los servicios a la gente, implica “respetar los derechos y conquistas laborales de los trabajadores”, el modelo de eficiencia presentado por Indira Vizcaíno el lunes 3 de mayo generó suspicacias en la burocracia estatal y, señaladamente, reproches en otros sectores como la comunidad artística y cultural.
La candidata de Morena y Nueva Alianza al Gobierno del Estado subrayó que el empleo de los trabajadores sindicalizados y de base “no está en riesgo de ninguna manera: nuestra propuesta de reducir la nómina sólo es para altos mandos y aviadores”.
Por el contrario, aclaró, “buscamos mejorar sus condiciones laborales, transparentar el proceso de escalafón, capacitarles para mejorar la atención y los resultados que brindan a la población colimense”.
Vizcaíno Silva insertó la eficiencia administrativa en el combate a la corrupción: hay que transformar “la estructura del gobierno para reducir costos y ser más efectivos e incluyentes, ampliar programas y acciones, gobernar con principios al lado del pueblo, para dar resultados y lograr el equilibrio en el ejercicio del poder”.
Pese a este desglose, otra es la lectura que en medios de comunicación y redes sociales le han estado dando a la propuesta indirista de reducir la alta burocracia, mediante la vía de adelgazar la estructura de 15 a siete secretarías de despacho.
De hecho, la propuesta causó alarma en una zona metropolitana donde el gran empleador sigue siendo el Estado, ya sea como patrón de servidores públicos, maestros o, incluso, trabajadores de instituciones públicas como es la Universidad de Colima. Para muchos de ellos, adelgazar significa recortar y eso equivale a despidos en la misma proporción al ahorro buscado.
DE 15 A SIETE
La fusión propuesta llevaría a un organigrama donde la Secretaría de Gobierno sería una sola con Seguridad Pública; los históricos despachos de la oficialía mayor y la tesorería estatal darían nuevamente vida a una supersecretaría de Administración y Finanzas, que ya existió en tiempos de Mario Anguiano; la proyectada Secretaría de Desarrollo Económico Regional absorbería las actuales oficinas de Fomento Económico, Turismo y Desarrollo Rural; la Sedescol (Desarrollo Social) se transformaría en Secretaría de Bienestar e Igualdad Social; la actual Sedur se convertiría en la cartera de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; se mantendría Salud, pero –y he aquí una de las grandes polémicas que ha provocado la propuesta– el despacho de Educación absorbería al de Cultura.
Indira informó que habrá agencias móviles integradoras de desarrollo en los 10 municipios para descentralizar el gobierno estatal a las comunidades rurales, y que se distribuirán las dependencias actualmente concentradas en la zona metropolitana capitalina entre Colima, Manzanillo y Tecomán, lo cual fue interpretado por la audiencia como una réplica del modelo lopezobradorista que prometió llevar, eventualmente, las secretarías de Estado y las sedes de institutos y organismos autónomos a las entidades federativas, como en su tiempo ocurrió con el Inegi que se instaló en Aguascalientes.
NO ES AUSTERICIDIO
A la presentación de esta propuesta tuvo que seguir una discursiva de la candidata a gobernadora orientada a esclarecer conceptos, despejar dudas y aplacar temores de los sectores que se asumen, de antemano, agraviados por el adelgazamiento de la estructura administrativa.
La socialización de tan radical idea tendrá que continuar hasta el fin de la campaña, para no mandar el mensaje de que habrá ‘austericidio’ y, lo más temido por las familias cuyos ingresos dependen del servicio público, cese masivo de personal.
No va a ser fácil convencer a la opinión pública de la racionalidad de la medida, cuando candidatos de los diversos partidos opuestos a Morena enarbolan ya la bandera de la estabilidad laboral en la administración estatal y la defensa de políticas públicas específicas. Mely Romero contrapropuso ampliar las carteras del gabinete en vez de reducirlas, por ejemplo, creando una Secretaría de la Mujer. Y José Manuel Romero planteó hacer de Colima una ciudad cultural.
Sin embargo, el análisis de la propuesta de Indira no puede limitarse al gasto en servicios personales. Se debe revisar el sentido de las fusiones propuestas.
POLICÍA POLÍTICA
De entrada, poner bajo un solo funcionario el Gobierno y la Seguridad Pública es volver a la época en que el secretario general, como responsable de la política interior, se hacía cargo lo mismo de los aspectos jurídicos de la administración que de la prevención del delito y la custodia de los reclusorios.
Cuando la inseguridad cobró nuevas dimensiones hasta convertirse en el principal problema de Colima, se vio la conveniencia de separar las funciones de la Secretaría General de Gobierno creando la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Eso respondió también a reformas constitucionales que le dieron mayor margen al Estado para combatir la violencia criminal.
La decisión de nombrar secretarios de Seguridad Pública a militares o altos mandos de la Marina en retiro se vio influida por una moda nacional alentada, a su vez, por la incipiente guerra contra las drogas. Pero también, a nivel federal, por los afanes protagónicos de policías que, como Genaro García Luna, abandonaron los sótanos de la inteligencia política para presentarse como modernos alguaciles.
CAMBIOS CON MATICES
Planeación que, en el actual sexenio, fue fusionada con Finanzas, quizá no necesita tanto transformarse en un instituto autónomo sino recuperar las funciones de contraloría social que perdió.
Por mandato constitucional, los planes de desarrollo son una obligación del Ejecutivo que los elabora para su periodo de gobierno. No se pueden generar planes que trasciendan el sexenio. Otra cosa es que los gobernantes que vengan retomen algunos proyectos inconclusos.
Infraestructura, desarrollo urbano y movilidad parece, más que la evolución en paralelo de las antiguas oficinas de Obras Públicas y Transporte, una cartera hecha a la medida de la arquitecta urbanista con especialidad en Movilidad que diseñó la reforma administrativa. Por lo demás, en el término ‘desarrollo urbano’ ya va incluido el tema de infraestructura.
Hablar de Desarrollo Económico Regional es muy ambicioso, pero escapa al ámbito del gobierno estatal que, en todo caso, tendría que coordinarse con Jalisco y Michoacán para impulsar proyectos logísticos, agrícolas o energéticos.
Resignificar el concepto de desarrollo social como una combinación de bienestar e igualdad, supone incluir en este sector las políticas de atención a la mujer y la juventud, pero también a los grupos vulnerables y a la población prioritaria: adultos mayores, indígenas y menores de edad.
En cuanto a la dispersión territorial de las secretarías, por la geografía de Colima no habría mucho problema para descentralizar las sedes, aunque haría falta mejorar las comunicaciones y los procesos de integración metropolitana.
Algunas de esas dependencias ya tienen delegaciones, como es el caso de Turismo y Movilidad. Pero quizá ya no hagan falta delegados, bastaría con ventanillas. El gobierno electrónico permite la simplificación administrativa, para que muchos de esos trámites se hagan a distancia.
ESTADO DE BIENESTAR
El discurso para apaciguar los ánimos de los trabajadores del gobierno estatal no puede ser escueto. Habrá que seguir haciendo un esfuerzo para clarificar la idea. La estrategia para lograr un consenso respecto a esta reforma administrativa debe partir de revelar cómo se hizo la evaluación del personal y de los puestos.
El tema ha servido para que sus contrincantes se ensañen contra Indira y propongan, curiosamente, lo contrario: ampliar la estructura de gobierno. Pero, en un análisis riguroso, no tiene por qué alarmar el cambio en tanto la propuesta de Vizcaíno esté sustentada en estudios serios que permitan que las fusiones sean para mejorar. Y no un gatopardismo como el que se ha dado cada inicio de sexenio cuando se recorta la plantilla laboral por razones económicas, para volverla a inflar conforme el mandatario se va viendo obligado a cumplir compromisos de campaña.
Los cambios en las organizaciones, y más en la administración pública, no deben ser con rostro sino en acuerdo a la problemática que se quiere solucionar, las funciones del Estado y los proyectos que se busca impulsar.
Indira tiene que seguir explicando su proyecto de reforma administrativa para que no se lea como adelgazamiento del Estado. En la teoría política, esta es una estrategia que se le atribuye al paradigma neoliberal. Todos esos proyectos tienen una raíz tecnocrática y un propósito privatizador. En el gradual desmantelamiento del Estado se contempla la fusión de ciertas áreas, no para restarles burocracias sino facultades. Así fue como el PAN empezó a favorecer a las asociaciones civiles para sustituir las funciones del Estado, como ocurrió con las lloradas estancias infantiles.
Al terminar el Estado de bienestar, los tecnócratas quisieron sustituirlo con un Estado gerencial. En México, López Obrador quiere establecer un Estado de neobienestar, no sólo para evitar la fuga de recursos del erario hacia los privados, sino para recuperar las obligaciones del Estado.
CIENCIA, ARTE Y CULTURA
El cambio propuesto más polémico es la fusión de Educación y Cultura. Ha generado una verdadera insurrección de la comunidad cultural y artística, cuyos integrantes por definición tienden a ser gente de izquierda e ideas progresistas. Muchos de ellos defienden la jerarquía de Cultura como una secretaría, cuando lo importante no es el rango sino el presupuesto que se destine a esta función pública.
La propuesta indirista preocupa a quienes legítimamente aspiran a hacer una carrera en el servicio público, ya sea como funcionarios culturales o como maestros de talleres artísticos, así como a los creadores independientes que temen se repita en Colima la experiencia que se vivió a nivel federal con la desaparición de los fideicomisos para el cine y el teatro o la investigación científica.
La clase política hizo su propia lectura de la integración de la política cultural al modelo educativo. Para muchos actores, implica entregarle a una fracción del SNTE ya muy rechazada –la de Javier Pinto, líder estatal de Nueva Alianza, el otro partido que postula a Indira Vizcaíno– dos carteras en lugar de una.
Se trata de dar un paso hacia adelante, más que de una regresión. Nadie quiere volver al organigrama en el que Educación, Cultura y Deporte eran una sola secretaría, o, peor, a la época en que promoción cultural o educación artística eran meros departamentos de la Dirección de Educación Pública.
Por viabilidad financiera y presupuestaria, podría convertirse a la Secretaría de Cultura en un órgano autónomo, tal como se pensó originalmente con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) que sectorizó a las grandes instituciones culturales del Estado mexicano, desde el INAH hasta el INBA.
En Colima, un organismo semejante podría aglutinar no sólo al aparato cultural sino al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y a los medios públicos. Hasta ahora el agonizante Instituto Colimense de Radio y Televisión ha sido un ejemplo de medios gubernamentales.
El rescate, la conservación y el fomento a la cultura, la divulgación de la ciencia, el impulso al pensamiento y a las artes no reconocen etiquetas partidistas ni políticas; mucho menos limitaciones federales, estatales o municipales; ni tampoco separación entre la esfera gubernamental, el entorno comunitario o el esfuerzo individual.
IMPORTA EL PRESUPUESTO
En la estructura de gobierno debe entenderse la política cultural como una estrategia transversal a todo el aparato estatal, pues abarca desde educación hasta turismo y medio ambiente, pasando por infraestructura y patrimonio.
Cultura maneja lo mismo bienes intangibles que materiales, pero debe quedar claro que la cultura no radica en los espacios (teatros, museos, sitios y otras instalaciones) sino que está viva en quienes la recrean, la fomentan o la disfrutan.
A la protesta de creadores y colectivos se opuso una reacción de otros grupos artísticos y culturales que sienten haber sido excluidos de los programas oficiales en los últimos años.
Estos contestatarios asumen que la reforma es para quitar el monopolio de los fondos públicos a grupos culturales que combinan la función pública con el negocio particular. Y proclaman que la política cultural debe llegar a las clases populares, poniendo fin al concepto de cultura elitista.
Ciertamente, las prácticas culturales no son privativas de las clases ilustradas como se entendía antaño. Y realmente hay tipos de artistas y creativos que muchas veces no son beneficiados con fondos para becas y apoyos porque algunos personajes se han enquistado en las estructuras burocráticas que, de manera discrecional, seleccionan proyectos no sólo por razones estéticas o ideológicas sino también por intereses personales e incluso empresariales.
Muchas voces en el debate que se desató por la fusión de Educación y Cultura coinciden en que hubo una época dorada en la política cultural: los sexenios en que nació el Instituto Colimense de Cultura y se transformó en la Secretaría de Cultura.
En los primeros seis años se echaron a andar, a imagen y semejanza del Fonca, el fondo estatal para la cultura y las artes y los fondos municipales con los que se patrocinaron proyectos de creación artística y promoción cultural. Y, en los siguientes, se construyeron casas de la cultura en todos los municipios y diversos museos, algunos desaparecidos en este sexenio; se equiparon teatros y auditorios o se adquirieron la mayoría de las esculturas que hoy son hitos urbanos.
Pero la verdad es que la permanencia de un secretario de Cultura en el gabinete no supuso, en los gobiernos posteriores, el sostenimiento de una política cultural en sus diferentes vertientes, desde la alta cultura a la cultura popular, pasando por la cultura de masas. Tampoco garantizó el monto o siquiera el ejercicio de los presupuestos para este ramo, a tal grado que el principal reproche que la comunidad artística le hace a la burocracia cultural es que hayamos pasado de la demagogia y el populismo de otros sexenios, al más cínico desdén en el actual gobierno.