Autoridades de la Fiscalía General del Estado han querido hacer ver como jurídico un asunto que en realidad tiene un trasfondo político, y en todo esto ha habido dolo y mala fe, denunció Indira Vizcaíno ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción con sede en Colima.
La noche del miércoles 20 de noviembre, en su contestación por escrito a los “hechos relativos a la denuncia que se interpuso en contra mía y de otras personas, por la sustitución de áreas de cesión del Condominio Altozano”, la ex alcalde de Cuauhtémoc denunció una:
“…campaña de odio y desprestigio emprendida contra mi persona, a través de la cual se violentan mis derechos humanos, se vulnera mi dignidad humana y mi presunción de inocencia; se violenta, además, mi derecho a la no discriminación, se pone en riesgo mi integridad física y se me niega el derecho a la igualdad”.
Lo que exige Indira del Fiscal Anticorrupción es sencillo: “haga su trabajo y frene la campaña de odio en mi contra”; “investigue a quien entregó copias del expediente donde se me involucra”; “proceda a actuar conforme a la ley contra quienes mostraron y publicaron esos documentos”; y “cite a comparecer a los [siguientes] servidores públicos”: el gobernador Ignacio Peralta y sus secretarios Arnoldo Ochoa y Jesús Sánchez Romo, quienes “inexplicablemente no han sido llamados a dar testimonio del caso que nos ocupa”.
DENUNCIA CAMPAÑA DE ODIO
Indira declaró que, “una vez que tuve acceso a la carpeta de investigación de una denuncia presentada en mi contra desde hace dos años, pero de la cual se me notificó apenas el 28 de octubre de 2019”, es cuando pide a ese Ministerio Público Especializado que “amplíe su investigación en contra del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo; del secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quienes tuvieron participación en el trámite administrativo de sustitución de áreas de cesión” de Altozano.
Tras reiterar “la honestidad y la responsabilidad personal [que] son inherentes a mi vida pública”, y subrayar que “jamás he violado la ley ni he cometido delito alguno, mucho menos alguno que afecte a la hacienda pública”, la coordinadora estatal de programas sociales del gobierno federal acudió ante esa fiscalía especializada, “con plena seguridad de mi inocencia”, a denunciar “una campaña de odio a través de la cual se busca desprestigiar mi persona y se atenta contra mi dignidad humana”.
Indira aclaró que no fue sino hasta que fue informada oficialmente de la denuncia en su contra, que pidió conocer el caso y para ello se presentó en la Fiscalía Anticorrupción. “He contestado al Ministerio Público correspondiente, con toda la certeza, con toda mi calidad moral y la argumentación legal de que no he cometido ningún delito”.
TODO LEGAL Y AUTORIZADO
Con pruebas documentales demostró ante el agente del MP que “la sustitución de áreas de cesión entre Invercol [la empresa desarrolladora de Altozano] y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc fue [un proceso] revisado, sancionado y aprobado por los siguientes entes:
El Osafig, que en la revisión de la Cuenta Pública 2013 no observa nada de ese procedimiento;
La Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del Municipio de Cuauhtémoc –integrada por instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal–, que dio el visto bueno;
El director general de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) del Gobierno del Estado, Santiago Ramos, quien revisó la modificación al Programa Parcial de Urbanización (PPU) de Altozano;
El titular de la Seidur, José de Jesús Sánchez Romo, quien dictaminó la congruencia de la modificación al PPU de Altozano;
El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien conoció el caso y lo turnó al titular del Ejecutivo para que procediera a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;
El Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien el 14 de enero de 2017 publicó la modificación del PPU de Altozano en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”;
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que mediante sentencia ejecutoria el 13 de julio de 2018 resolvió como improcedente el juicio de lesividad promovido por el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, con el que se pretendía declarar nulo el acuerdo del 12 de octubre de 2015 mediante el cual se aprobó la modificación del PPU de Altozano, su publicación y todas las consecuencias derivadas;
Y el Tribunal Colegiado de Circuito, que el 4 de septiembre de 2018 desechó, por ser notoriamente improcedente, el amparo directo presentado por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
ES POLÍTICO, NO JURÍDICO:
Para Indira Vizcaíno, “salta a la vista que este tema no es jurídico, es político y es en contra mía a través de una campaña de odio e intento de desprestigio”.
Y todo lo han hecho de manera tan burda, declara la ex munícipe, que “hasta el Agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc otorgó copias de la totalidad de las actuaciones que integran la carpeta de investigación a personas ajenas al proceso penal, para que posteriormente fueran exhibidas públicamente en un periódico local, con el afán de querer hacerme ver culpable ante la comunidad, violentando todos mis derechos y violando el Estado de Derecho”.
Esto se tiene que investigar, dijo Indira, porque “sólo se deben otorgar copias del expediente a quienes tienen calidad de víctimas, y quienes denuncian este caso no tienen esa calidad”.
HISTORIA DE UNA INFAMIA
En su contestación, Indira Vizcaíno hizo la necesaria cronología de hechos y actuaciones jurídicas que los medios no hemos querido hacer, algunos por mala fe, o que otros no hemos podido realizar porque los documentos están dispersos.
Recordó así cómo el 8 de marzo de 2013, siendo ella Alcaldesa de Cuauhtémoc, por unanimidad del Cabildo se aprobó la sustitución de áreas de cesión otorgadas al Ayuntamiento por la empresa Invercol, por otras cercanas a la cabecera municipal. Un predio donde, por cierto, “se dio cabida al Recinto Ferial del Municipio, luego de que la propia empresa Invercol llevó a cabo la urbanización”.
“Para este fin, se solicitó la opinión del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y se realizaron los avalúos de las áreas de cesión sustituidas: la original de 6.9 hectáreas ubicada afuera del condominio Altozano, en breña y alejado de la mancha urbana; y el área de cesión de 8 hectáreas localizada en la cabecera municipal. La primera fue valuada en 10 millones 877 mil pesos y la segunda en 7 millones 799 mil pesos, cantidad esta última que al sumar 3 millones 799 mil pesos que costó la urbanización, alcanzó la cantidad de 11 millones 599 mil pesos que terminó pagando la empresa Invercol”.
Dicha sustitución fue necesaria porque el área de cesión inicial estaba en breña, sin acceso al condominio Altozano y sin utilidad social para el municipio”. Sin embargo, dolosamente se ha inducido un error de apreciación al presentar “como un presunto desfalco a la Hacienda Municipal de Cuauhtémoc” dicha sustitución, asegurando que “cada metro cuadrado de ese terreno en breña debía costar lo mismo que cada metro cuadrado ubicado dentro del Condominio Altozano, lo cual es tan desproporcionado como imposible”.
VARIARON EL DELITO
El 12 de octubre de 2015, el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó por unanimidad el proyecto para modificar el Programa Parcial de Urbanización (PPU) del Condominio Altozano, previa autorización del Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano (integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal).
No obstante, la administración municipal que entró el 15 de octubre, a cargo del alcalde Rafael Mendoza Godínez, se negó a publicar las modificaciones al PPU del Condominio Altozano.
En noviembre de 2017, dos años después de haber terminado su gestión como alcaldesa de Cuauhtémoc, “un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia en mi contra por presunto daño causado al erario municipal” como consecuencia de esa sustitución de áreas de cesión.
El Ministerio Público del Municipio de Cuauhtémoc inició su investigación por el delito de Daños, pero un año y siete meses después “se dio cuenta que ese delito había prescrito y lo reclasificó como Peculado”. Luego, en agosto de 2019 se declaró incompetente y turnó el caso a la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
HUBO DOLO Y MALA FE
No sólo hubodolo por parte del MP de Cuauhtémoc “al haber reclasificado, sin elementos, los hechos como Peculado con el fin de mantener operante la investigación”, sino que además “se ha excedido ilegalmente en el plazo determinado por tesis jurisprudenciales para la resolución final de la carpeta”.
Y ya vimos cómo el Agente “facilitó copias a los denunciantes y al asesor legal de los mismos, violando los artículos 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. Esas copias serían más tarde publicadas en medios de comunicación, “con el propósito de denostarme y hacerme ver ante la opinión pública como culpable”.
Indira llama ignorante a esa autoridad ministerial, y evidencia una intención dolosa y de mala fe en su contra. En última instancia, de ser esas decisiones tomadas por el Cabildo “constitutivas de delito”, todos los ediles “seríamos responsables”. No sólo Indira y el entonces Síndico.
Por lo demás, “tanto el MP como el Fiscal Anticorrupción han sido omisos para citar a declarar” a las “numerosas personas que tienen evidente relación con los hechos”, como los ya mencionados, del Gobernador para abajo.
NO HAY PECULADO
Indira sostiene que no se configura el delito de Peculado que se investiga en su contra. Primero, porque “nunca hubo un aprovechamiento propio o ajeno de las referidas áreas de cesión, ya que las mismas no fueron enajenadas ni objeto de ninguna operación para comerciar con ellas, y han sido entregadas al Ayuntamiento”.
Sobra decir que “la sustitución autorizada significó un beneficio para la Comuna por el incremento de hectáreas y porque es un bien público para los habitantes del municipio”.
Segundo, afirma Indira, “nunca existió la ‘disposición ilícita’ que exige el tipo penal de Peculado, ya que del área original nunca se dispuso porque nunca fue incorporada al municipio, y la aprobación de sustitución de la nueva área fue una operación lícita, revisada y autorizada por el Osafig, la Seidur, la Sedatu, la Secretaría General de Gobierno y por el propio titular del Ejecutivo estatal”.
CADA TRES AÑOS, LO MISMO
Indira deja en claro en su contestación que el tema es político. Hace seis años que se llevó a cabo la sustitución de estos terrenos, y de manera coyuntural en cada época electoral se reaviva el caso “con el afán de causarme daño como servidora pública y como persona”.
“Esta vez están muy adelantados en los tiempos politico-electorales”. Desde hace meses, en medios de comunicación “no cesan los ataques en mi contra, a través de notas periodísticas y comentarios editoriales plagados de infundios, falsedades y calumnias. Se trata de una campaña de odio direccionada a mi persona”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.