La diputada local Claudia Aguirre envió a los medios de comunicación un posicionamiento sobre su voto en contra de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2021:
Por este medio, hago de su conocimiento las razones por las cuales voté en contra del DICTAMEN relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, mismo que, según dijeron, fue elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, pero, a juzgar por las formas y, sobre todo, por su contenido, todo indica que, en una acción más de sometimiento al Gobernador, dicho documento fue convenido y elaborado en las oficinas del Poder Ejecutivo. Es una pena que así suceda, y a continuación explicaré las razones en las que sustento mi voto.
Al hacer un análisis en el muy reducido plazo del cual dispusimos para revisar el dictamen, se alcanza a evidenciar que, más que un presupuesto, fue un reparto del botín, entre quien repartirá el dinero y quienes le aprobarán las reglas de la repartición. Es grave que el bienestar de la población colimense siga secuestrado por una camarilla de individuos que, hasta en el acto público más intrascendente, lo único que les interesa es encontrar la manera de obtener un beneficio para ellos.
Empiezo con los primeros afectados: las y los trabajadores al servicio de los tres poderes, de los órganos constitucionales autónomos y de los diez municipios del estado, así como sus eventuales beneficiarios. En una acción sumamente lesiva de sus derechos laborales, en el artículo 45 del dictamen, se propuso que las aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado (IPECOL), “de acuerdo a lo que establece la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima”, serán por aproximadamente 122 millones y medio de pesos.
Esto, hay que decirlo con toda claridad, es una burla para la burocracia, pero, ante todo, es una ilegalidad. Y no lo digo como una ocurrencia, o como una mera opinión. Las aportaciones que deben hacer al IPECOL tanto el Poder Ejecutivo como el resto de las entidades públicas están reguladas por la Ley de Pensiones, en su artículo 60, fracción II, inciso a); y en dicho ordenamiento se señala con precisión que, para el año 2021, la aportación del Poder Ejecutivo debe ser del orden del 10.5 por ciento.
Por si fuera poco, también se está desconociendo que, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, correspondiente al presente ejercicio fiscal 2020, aprobado por esta Legislatura, promulgado por el Gobernador, y publicado en el Periódico Oficial, en su edición del 13 de diciembre de 2019, se estableció en el artículo 40 que las aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado serían por la cantidad de $124 millones 741 mil 248 pesos.
Y en ese mismo apartado, se incluyó la Tabla 39, denominada “Proyección del Costo de la Aportación Patronal al Sistema de Pensiones del Poder Ejecutivo del Estado de Colima”, en la que se reiteró que, para el año 2021, como dice la Ley de Pensiones, la aportación del Ejecutivo al IPECOL sería del orden del 10.5 por ciento e, incluso, se hizo un cálculo de las cantidades que deberían ser cubiertas para el año 2021, resultando los siguientes montos:
Administración Pública Centralizada $174 millones 637 mil 747 pesos, yAdministración Pública Paraestatal $29 millones 622 mil 960 pesos.
Si las matemáticas no nos fallan, el Poder Ejecutivo debe aportar, para el ejercicio fiscal 2021, más de 204 millones de pesos. Y en lugar de cumplir con la obligación que le impone la Ley de Pensiones, le propuso a esta Soberanía y, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, la mayoría de los legisladores que tiene a su servicio nuevamente inclinó la cabeza y le aprobaron que solamente se presupuesten y se eroguen 122 millones de pesos.
Esta irregularidad, además de constituir una violación clara de los ordenamientos legales referidos, se traduce también en una severa afectación al fondo de pensiones, a la viabilidad financiera del propio IPECOL y, sobre todo, al derecho a la seguridad social de la burocracia local y de sus beneficiarios, quienes verán truncada la posibilidad de obtener una pensión en los términos que dispone la ley de la materia, ante la insuficiencia de recursos.
Por ello, hago un llamado a los líderes sindicales, en defensa de sus agremiados, así como directamente a las y los burócratas que serán afectados por esta medida, a que impugnen por todas las vías a su alcance esta determinación, y así eviten que se consume el daño a la hacienda pública del Instituto de Pensiones.
Continuando con la revisión del documento, se puede advertir que, de los 17 mil millones y medio que se aprueban aproximadamente como monto global, solo 6 mil millones y medio son ingresos de libre disposición. Esa es la cantidad en la que pudiera tener incidencia esta Soberanía al decidir sobre las asignaciones presupuestales que se proponen.
Y de esa cantidad, vemos con tristeza que el Ejecutivo propuso, y la mayoría de esta Legislatura le aprobó, un presupuesto de egresos que para nada tiene presentes las verdaderas necesidades sociales. Es un presupuesto frívolo, con una finalidad lucrativa, que le reduce recursos o se los quita completamente a aquellas entidades y dependencias de las que difícilmente podrá obtener un beneficio electoral y, en cambio, se los incrementa a aquellas en las que, por los perfiles de sus titulares, sí será posible conseguir que ello les aproveche en el próximo proceso comicial.
Los ejemplos son variados y abundantes. Para conocimiento del pueblo de Colima, me permito citarlos a continuación:
En la Coordinación General de Comunicación Social, para complacer a su tío, y para tener con qué pagarles a él y a los medios que sistemáticamente nos atacan a quienes no pensamos como él, le destina más de 37 millones de pesos, esto es, incrementa en más del 100 por ciento los 16 millones del año pasado.
A la Oficina del Gobernador, se le eleva su presupuesto de 256 a 267 millones, esto es, 11 millones de pesos más, para uso y disfrute exclusivo del Gobernador, en la más absoluta opacidad.
En cambio, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de los 451 millones que le fueron asignados el año pasado, para 2021 le destinan solamente 341 millones, lo que significa que le reducen en más de 110 millones de pesos su presupuesto, como si el tema de la seguridad no fuese importante.
En sintonía con su jefe, el Secretario de Planeación y Finanzas se aumenta en más de dos millones el presupuesto correspondiente solo a su Despacho, al pasar de los 31 millones 400 mil pesos en 2020, a más de 33 millones y medio que se indican para el año 2021.
Del lado opuesto, en la Secretaría de Desarrollo Social, tal parece que no tiene el gobernador un operador de confianza, ya que le disminuye más de 33 millones su presupuesto, al pasar de más de 194 millones en 2020, a solo 131 millones en 2021, dejando constancia con ello de la poca importancia que este rubro tiene para la actual administración estatal.
Similar suerte corre el desarrollo urbano, así como el desarrollo rural, puesto que a las secretarías respectivas les reducen, casi 50 millones de pesos en el primer caso (pasa de 171 millones a solamente 121); y casi 110 millones en el segundo rubro, al pasar de 185 millones a poco más de 75 millones de pesos.
La cultura tampoco es un asunto que merezca el interés del gobierno estatal, y eso se refleja en la disminución tan drástica de su presupuesto, al bajarle más de 23 millones y medio de pesos a la Secretaría del ramo, pasando de más de 116 millones a poco más de 93 millones en 2021.
El fomento económico y el turismo, dos rubros que deberían ser particularmente importantes en este momento, a efecto de reactivar la economía estatal, vemos con asombro que tampoco fueron considerados importantes, ya que a la Secretaría de Fomento Económico no se le incrementó sustancialmente su presupuesto, manteniéndose en los poco más de 66 millones autorizados el año pasado; mientras que, en el caso de la Secretaría de Turismo, le fue peor, ya que le quitaron más de 11 millones de pesos, pasando de casi 53 millones a poco más de 41 millones para el año próximo.
Llama particularmente la atención el caso de la seguridad pública, dado que le incrementan su presupuesto en más de 40 millones de pesos, llegando casi a los 600 millones. Pero de ese incremento, casi 18 millones son únicamente para el despacho del titular de la Secretaría, mientras que el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial pasa de 4 millones 724 mil pesos en 2020, a solo 3 millones 630 mil pesos en 2021. En lo que ve a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, tampoco se le destina el recurso que debería ser, ya que el año pasado le dieron poco más de 241 mil pesos de presupuesto, mismo que, en lugar de incrementarlo para el próximo año, se lo redujeron a poco más de 230 mil pesos para 2021, quizá porque la participación ciudadana en el rubro de la seguridad pública y en la prevención del delito no le interesa al gobernador, ni a la mayoría de esta Legislatura.
La Secretaría de la Juventud también es un caso curioso. Conserva el presupuesto de 2020, de casi 11 millones de pesos, pero prácticamente la totalidad de este, 10 millones 139 mil pesos, lo concentran en el titular de la Secretaría, dejando con cantidades ínfimas a las Direcciones de Desarrollo Juvenil, de Participación y de Poder Joven. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la motivación? ¿Acaso es para que el secretario cuente con suficiencia presupuestal para sus aspiraciones electorales? Espero que no.
En cuanto a las asignaciones para las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, son de destacarse los casi 3 millones de pesos que le incrementan al presupuesto del Instituto Colimense de Radio y Televisión; espero que no sean para pagar ataques a quienes disentimos del actual gobierno estatal.
Hay otro caso sumamente llamativo, el de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, misma que desaparece como entidad del presupuesto y, por ende, de la posibilidad de que le sean asignados recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones. Lo que sí queda claro es que, tratándose del Ejecutivo y de los diputados que apoyaron el dictamen, la búsqueda de personas no es importante y, por ende, no les merece destinarle recursos estatales. No me pasa inadvertido que se obtuvieron de la Secretaría de Gobernación, provenientes del Fondo para el Apoyo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recursos por un monto de 11 millones de pesos, como también se menciona en el dictamen. Por ello, reconozco el apoyo y la disposición del Gobierno federal para atender esta grave problemática; asimismo, solicito que se tenga especial cuidado para que ese monto sea aprovechado precisamente en la finalidad para la cual fue otorgado, y en beneficio de quienes lo necesitan.
Pero las personas desaparecidas y sus familiares no son los únicos invisibles para el gobierno estatal. Desafortunadamente, este desprecio se extiende también a otros rubros que, como nos lo ha señalado reiteradamente el pueblo de Colima, deberían ser prioritarios para el gobierno, por su especial vulnerabilidad:
El primer sector agraviado por el gobernador somos las mujeres. En esta época, en la que cada vez se presentan más casos de mujeres violentadas y asesinadas, vemos con sorpresa que el Instituto Colimense de las Mujeres pierde más de la mitad de su presupuesto, al pasar de casi 24 millones en 2020 a solo 11 millones 796 mil pesos para 2021. Eso es inadmisible, y nos agravia a todas, incluidas las compañeras diputadas que tenían comprometido el sentido de su voto. Pero no somos las únicas. Las Niñas, los Niños y los Adolescentes también son ignorados por el gobierno estatal, que le quita a la Procuraduría encargada de su protección más de un millón de pesos, así como 4 millones a los adultos mayores y 5 millones a los discapacitados.
Y qué decir de los recursos que desaparecen para el Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes, para el Consejo Estatal contra las Adicciones y para el Centro Estatal de Hemodiálisis. Simplemente son acciones que no tienen nombre. Por esas razones y otras más, que no acabaría de enumerar, el sentido de mi voto fue en contra.
Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna. Distrito I.