¿Gabriel Verduzco Rodríguez podría ser el segundo fiscal general de un estado en ser destituido por una mayoría parlamentaria contraria al Ejecutivo que promovió su designación?
El 3 de septiembre el Congreso de Veracruz separó de su cargo al fiscal estatal, Jorge Winckler, por carecer de «certificación» para ejercer su cargo. La bancada mayoritaria, dominada por Morena, consideró que Winckler sencillamente no era apto para el puesto.
De este modo los diputados resolvieron el enfrentamiento que el fiscal Winckler y el gobernador Cuitláhuac García habían venido sosteniendo desde meses atrás, antes incluso de que iniciara el mandato del morenista.
De acuerdo a la naturaleza autónoma de la actual Fiscalía General, que ya no depende del Ejecutivo como ocurría anteriormente con la Procuraduría General y tiene un periodo de gestión que no corresponde al del Gobernador que lo nombró, Winckler Ortiz fue designado por el antecesor de Cuitláhuac García.
El panista Miguel Ángel Yunes propuso el nombramiento de Jorge Winckler al Congreso de Veracruz en diciembre de 2016. Con los votos del PRI, el PAN y el PRD, el nuevo fiscal general fue elegido por un periodo de nueve años, es decir, hasta 2025.
Sin embargo, en el marco de una situación generalizada de violencia que vive el estado, los ataques de uno y otro lado fueron constantes. En parte porque el Fiscal simplemente no se ajustaba a la política criminal del Gobernador (entendida como política de persecución penal) y en parte porque, de acuerdo al aparato morenista, la conducta de Winckler hacía sospechar de su connivencia con alguno o varios grupos de la delincuencia organizada que operan en Veracruz.
MALÍSIMOS RESULTADOS
¿Por qué buscaría el Congreso de Colima legislar para que Gabriel Verduzco no trascienda el sexenio del gobernador Peralta que lo nombró?
Las posibles causas de la remoción las enumeró el jueves 26 de septiembre la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del Congreso del Estado, al responder el primer informe anual de labores de Gabriel Verduzco Rodríguez al frente de la Fiscalía General del Estado.
La diputada de Morena, único miembro de esa bancada que obtuvo su curul por la vía de representación popular, registró a nombre de los integrantes de la 59ª Legislatura el “cúmulo de inquietudes, preocupaciones e interrogantes que no solo surgen de esta soberanía”, sino que también provienen de la ciudadanía que día a día vive “situaciones de barbarie”, a las que no debemos ni podemos acostumbrarnos como, “lamentablemente”, parece que están haciendo “las nuevas generaciones”.
Para Rodríguez Osorio, “nuestro sistema de impartición de justicia y prevención del delito en Colima” deja mucho qué desear. Desde el inicio del actual gobierno estatal “no se ha visto reflejada ninguna mejoría en cuanto a la seguridad y bienestar de nuestras comunidades. Por el contrario, la situación ha empeorado”.
Aunque el problema se viene arrastrando “desde gobiernos pasados”, tanto estatales como nacionales, “producto de políticas públicas erróneas e insensibles con las que dieron la espalda a las nuevas generaciones”, hay una aparente “ineficacia e inoperatividad de nuestras [actuales] autoridades en materia de seguridad”.
LEJOS DE LA MEDIA NACIONAL
Las cifras oficiales –que no siempre son las reales– son muy preocupantes, dijo Blanca Livier. Sobre todo considerando “factores como la imparcialidad, la no discriminación, la ausencia de corrupción e injerencia política en los procedimientos”.
Más de la mitad de la población del estado no confía en las autoridades de procuración e impartición de Justicia; apenas el 10.7% de la población mayor de 18 años dice confiar en ellas.
Difícil mejorar esta percepción cuando “en la evaluación de la efectividad de la resolución de los asuntos de competencia local que ingresan a la fiscalía”, Colima tuvo una notable disminución en cuanto a “efectividad de procuración de justicia”, cayendo del 43.1% en 2018 al 13.3% en lo que va de este 2019. Es una pérdida porcentual de 29.7 puntos, por debajo de la media nacional.
Sólo el 13.3% de los casos vinculados a proceso concluyen con una efectiva aplicación del sistema acusatorio. Y apenas el 1.6% de los delitos que se cometieron son esclarecidos.
En cuanto a la “efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión”, Colima se ubica por debajo de la media nacional: la Fiscalía realiza detenciones apenas en el 50% de los delitos denunciados.
Y en su gran mayoría “son delitos menores, muchos de ellos cometidos por jóvenes y mujeres de escasos recursos o por adultos mayores”. La minoría son, en cambio, “los delitos que realmente duelen a la ciudadanía”, aquellos que atentan contra la integridad física o patrimonio de las personas.
Hay pues “una clara parcialidad en la impartición de la justicia, en detrimento de las personas más vulnerables y en beneficio de los verdaderos criminales y delincuentes que sí representan una amenaza para la sociedad”.
Y si bien muchos de los sentenciados por esos delitos menores “resultan ser chivos expiatorios”, respecto a los delitos dolosos el 94.7% de los casos quedan impunes, muy por encima de la media nacional.
SE DESCUBRIERON LAS FOSAS
Los hallazgos de fosas clandestinas son un fenómeno reciente, alertó la presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. A inicios de este año, en el municipio de Tecomán se encontraron 11 fosas clandestinas con al menos 30 cuerpos.
Tecomán, por cierto, ya es la ciudad más peligrosa de México. En 2018 fueron asesinadas ahí al menos 191 personas. Es una tasa de homicidios de 145.39 por cada 100 mil habitantes, muy por arriba de la media nacional.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2016 a 2018 el estado de Colima tuvo la mayor tasa de homicidios dolosos a nivel nacional. Al arrancar el gobierno de Peralta, al menos 583 colimenses fueron asesinados: son 68.23 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional era de 16.49 homicidios.
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) figura que, hasta el mes de abril del 2018, las autoridades tenían conocimiento de al menos 595 personas que salieron de sus hogares y no regresaron nunca más. Al menos 557 de ellas fueron reportadas entre 2012 y 2018.
Para Blanca Livier, la discontinuidad es el sello en la política criminal de Nacho Peralta: este Gobernador ha tenido tres procuradores y tres secretarios de seguridad distintos. Eso evidencia “desorden y falta de seriedad” en un tema tan sensible y tan dolido.
TRIPLE DE FEMINICIDIOS
Otra asignatura reprobada es la resolución de crímenes de alto impacto por razones de género. Colima tiene el récord nacional en cuanto a la tasa poblacional: 3.4 de cada 100 mujeres son víctimas de este delito en nuestra jurisdicción, el triple de lo que se registra en todo el país.
De las mujeres desaparecidas, Manzanillo cuenta con el 38% de los casos. Ese municipio “lleva 16 años consecutivos siendo considerado el municipio más peligroso para ser mujer, ya que ahí se cometen más del 29% de los feminicidios de todo el estado”.
En tan sólo seis meses de 2018, se incrementó en un 600% el registro de asesinatos a mujeres respecto al mismo periodo del año anterior. Por eso ONU Mujeres colocó a Colima en los primeros lugares a nivel mundial por tasa de población en esos “denigrantes casos”.
El año pasado fueron asesinadas al menos 77 mujeres. Y como muchos casos de homicidio más que se relacionan con la delincuencia organizada, esta realidad criminal podría estar entorpeciendo la búsqueda de la verdad y por ende la impartición eficaz de la justicia. Así lo hizo saber el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Y aunque desde el 20 de junio de 2017 se declaró oficialmente la Alerta de Violencia de Género en el estado, no hay una efectivo protocolo de acciones gubernamentales a favor de la seguridad de las mujeres.
Quizá, porque no se invierten adecuadamente los recursos financieros presupuestados para la seguridad y la justicia. La Auditoría Superior de la Federación “determinó que en el ejercicio 2016 Colima no cumplió con varios de los objetivos para los cuales recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados”.
De las 280 mil 294 metas en la “Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016” reportadas, sólo se alcanzaron 144 mil 638 antes de concluir ese mismo año: un avance de sólo el 51.5%.
“¿Qué se hizo con el total de los recursos de este fondo?”, preguntó Blanca Livier Rodríguez a Gabriel Verduzco.
LA FALTA DE DINERO SE NOTA
Que no se apliquen los recursos tiene consecuencias. Los índices delictivos del estado se incrementaron respecto al año 2015 en un 269.5% por robo a transeúnte, 408.8% por robo a negocios y, en un 328.6%, por extorsión.
En la escala nacional para los delitos con mayor incidencia como el robo de mercancía, dinero o equipo en tránsito (con un 22%), el robo de vehículos (con un 19%) y la extorsión o cobro de piso (15%), Colima tiene el mayor índice de todo el país con un porcentaje de 20%. Otra vez arriba del promedio nacional.
Para el apartado de homicidios dolosos, a nivel nacional durante los primeros 6 meses de 2019 Colima dio una tasa de 2.4 víctimas por cada 100 mil habitantes. Con el primer lugar, Colima triplica el promedio nacional con 7.9 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Además, el estado registra 295 carpetas de investigación delictiva por cada 100 mil habitantes, más del doble del promedio nacional.
Y eso que ya no menciona la diputada Blanca Livier la poca o nula operatividad de la Fiscalía en los casos de maltrato animal, un tema que a ella le interesa mucho.
Al finalizar su intervención en la tribuna del Congreso, después de las fórmulas de cortesía se limitó a aclarar que los integrantes de la comisión legislativa que ella preside no comparten “el optimismo, las prioridades ni los principios” que hasta ahora ha mostrado el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
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