“Es de las más inmunda la corrupción pública y privada (…) durante años nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, causa principal de la desigualdad y la violencia que padecemos». Andrés Manuel López Obrador
A los dos sistemas de pensiones más robustos del Estado de Colima: FOSAP e IPECOL, los unen la opacidad con que son manejados, la indolencia e incumplimiento de las instancias que deberían aportar de manera oportuna para el retiro de los trabajadores y las deudas históricas de aportaciones que comprometerán en un mediano plazo la viabilidad económica e institucional de esos sistemas.
Aunque fue creado apenas hace dos años, el Instituto de Pensiones del Estado de Colima poco ha podido garantizar que los entes deudores cumplan con sus aportaciones y, sobre todo, que se pueda ir avanzando en el cumplimiento del pago de pasivos históricos de las instancias gubernamentales que lo integran.
El IPECOL nació con una deuda, sólo del Gobierno Estatal, que asciende a los 656 millones de pesos que debieron ser enterados al sistema de retiro anterior, operado a través de la extinta Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Colima. Si se le suman los adeudos de municipios, organismos descentralizados e institutos, la deuda roza los 900 millones de pesos.
Esos pasivos históricos corresponden a las administraciones priístas pasadas y se han ido acumulando también durante el Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, que acumula pagos no realizados por más de 300 millones de pesos, desde el momento en que fue creado el nuevo IPECOL a la fecha. Una cifra que sólo confirma la indiferencia del viejo régimen con sus propios trabajadores activos y pensionados, pues hay una deuda creciente que obedece al desaseo de los manejos financieros en el Gobierno del Estado.
Mientras el IPECOL nos fue vendido como la panacea que resolvería la viabilidad del esquema pensionario de las instancias gubernamentales locales en Colima (y además aprobado en los últimos días de la Legislatura Anterior) está claro que en tanto los recursos públicos sean manejados al antojo del gobernador en turno no habrá sistema de pensiones que aguante ni sea viable.
Y es que, es por todos sabido que los recursos llegan puntualmente a las arcas estatales, pero el Gobierno en lugar de hacer las aportaciones correspondientes realiza otras acciones con ese dinero. Estos actos se comprometen las pensiones de trabajadores en activo y, sobre todo, se limita la buena prestación de servicios médicos a maestras y maestros que pertenecen al SNTE 39 y que día a día padecen la indiferencia del gobierno estatal.
La Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado ha dado muestras fehacientes para exigir que las instancias que adeudan al IPECOL cumplan con sus compromisos mediante exhortos, puntos de acuerdo e incluso denuncias ante los órganos fiscalizadores y la propia Fiscalía Anticorrupción como las presentadas hace un par de semanas por la compañera diputada Claudia Aguirre Luna por la presunción de desvío de cuotas de trabajadores atribuible a funcionarios del Gobierno Estatal y de algunos municipios, así como por la omisión de sus funciones en contra del director y ex director del IPECOL, que han jugado un papel de laxitud y permisividad respecto a los enteros de retenciones de cuotas a los trabajadores.
El FOSAP y los ex rectores
Un camino similar es el que tiene el Fondo Social de Apoyo al Pensionado (FOSAP) de la Universidad de Colima. Cuando fue creada una segunda cuenta bancaria del FOSAP en el año 2001, durante la administración de Carlos Salazar Silva, sucesor de Fernando Morena Peña en la Rectoría, debieron reportarse a esa cuenta 82 millones de pesos y no 5 millones, como denunció, hace algunos años el ex líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad de Colima, Leonardo Gutiérrez Chávez. Pero las irregularidades fueron mucho mayores y muy similares a las cantidades que se adeudan al IPECOL, en la actualidad.
En 2014, Leonardo Gutiérrez Chávez reveló que el FOSAP contaba con 752 millones 937 mil 359 pesos pero hacía falta aclarar el destino de 703 millones 293 mil 833 pesos, pues de acuerdo a los cálculos del ex dirigente sindical, en las cuentas del Fondo Social debía haber un saldo 1 mil 456 millones 231 mil 193 pesos. Esas denuncias le valieron al exlíder del SUTUC que fuera destituido, para luego iniciar una huelga de hambre junto con otros y otras académicas universitarias que hoy aún luchan por las injusticias laborales cometidas en su contra.
En cuanto a la cantidad faltante, según Leonardo Gutiérrez, en la antigua cuenta del Fosap (que existió desde 1989 hasta 2001) había un total de 82 millones de pesos; sin embargo, en el año 2001, el entonces rector Carlos Salazar Silva sólo reportó en su informe de labores la cantidad de 5 millones 141 mil 749.21 pesos, los cuales no fueron depositados al nuevo Fosap que inició en el 2002. Bajo el nuevo Fosap, entre los años 2002 y 2005 un total de 161 millones 793 mil 353.73 pesos tampoco fueron depositados; mientras que entre el 2005 y 2011, faltó depositar 317 millones 500 mil 479.93 pesos, en el año 2012 el adeudo correspondió a 70 millones de pesos, mientras que en 2013 fue de 72 millones. Las cifras de faltantes en el FOSAP hacia el año 2014 sumaron los 703 millones 293 mil 833.66 pesos, sin contar los intereses bancarios.
Seis años después, la opacidad y la falta de rendición de cuentas permanece en el FOSAP y la Universidad de Colima, pues la dirigencia sindical actual ni las autoridades universitarias han manifestado cuál es el estatus real de los adeudos al Fondo Social de Apoyo al Pensionado y en la Máxima Casa de Estudios se reprime a quien ose cuestionar sobre el destino de este recurso que pertenece a la clase trabajadora y garantizaría la viabilidad de su sistema de pensiones.
Pero no sólo se han comprometido las pensiones; cada año, los trabajadores universitarios han visto mermados sus ingresos, han perdido prestaciones y han sido testigos de cómo los funcionarios de alto nivel en la Universidad incrementan sus sueldos en detrimento de los sueldos de trabajadores con otras categorías nominales o nombramientos.
¿QUÉ OTRO FACTOR UNE AL FOSAP Y AL IPECOL?
Al inicio de mi columna decía que al FOSAP y al IPECOL los unen la opacidad, la indolencia, el incumplimiento y las deudas históricas; pero hay otro factor que les es común. El grupo político que los ha operado con total impunidad y discrecionalidad: el priísmo, hoy enquistado en la máxima casa de estudios y también en la Casa de Gobierno, los últimos resquicios de un viejo régimen que se resiste a la Transformación.