¡Qué cosas suceden… con el acordeón!
1) Una de ellas es que fluyó el voto duro, y fue mayoritariamente el voto duro de Morena y sus aliados. Los partidos de oposición decidieron no promover a los candidatos identificados con ellos, sino que enfocaron sus baterías en llamar a la abstención o a la anulación del voto. No obstante, sus gobernadores sí acudieron a las urnas.
Aun así, como desglosaremos más adelante, el voto por los candidatos que promovió el oficialismo a través de los acordeones prácticamente se equilibra, en las encuestas de salida, con los votos que recibieron los juzgadores en funciones y los aspirantes independientes a un cargo judicial.
O sea que si PRI y PAN hubiesen movido a sus bases para apoyar a los pretendientes identificados con el statu quo, habrían asegurado una cuota de representación en la nueva judicatura.
2) Otra cosa que ocurrió es que los líderes de opinión –desde las figuras políticas, reputados politólogos, periodistas serios y youtuberos populares– mostraron su relativo poder de influencia en las decisiones colectivas.
Esta competencia por los likes generó, en el contexto de esta elección, una pugna entre los opinadores que vienen del periodismo tradicional y esos influencers que, a partir de 2018, han ido sumando seguidores al servir como soldados del ejército digital de AMLO.
Salvo un primer desencuentro en el marco de las mañaneras de López Obrador (la crítica a los youtubers lisonjeros que hizo por escrito la entonces directora de Notimex, Sanjuana Martínez) y sonadas rupturas como la que protagonizaron Julio Astillero y Vicente Serrano por la política editorial de La Octava, hasta ahora ambos grupos habían venido presentando un solo frente a la oposición mediática.
Empero, concretamente la candidatura a ministro de la Corte de César Gutiérrez Priego –hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo– llevó a Ernesto Ledesma de Rompeviento TV a confrontarse con Manuel Pedrero de Reporteros MX y Nacho Rodríguez de El Chapucero.
3) Y una tercera cosa fue que, con estos apuntes, el ciudadano dio muestra de que ya aprendió a votar mejor.
No a votar bien, como cuando Mario Vargas Llosa exigía a las masas sufragar por su verdugos y no por los candidatos o partidos que les ofrecieran una respuesta a los problemas que, como ciudadanos, estaban enfrentando.
Sino votar mejor, en el sentido de marcar en la boleta el número que corresponde a un aspirante cuyo perfil y trayectoria conoce el elector, porque se tomó el trabajo de estudiarlo.
… QUÉ COSAS SUCEDEN
Como dijo Vanessa Romero en Es la Hora de Opinar[1], salvo quienes a propósito votaron aleatoriamente haciendo un ejercicio más parecido a llenar una quiniela del Melate que a seleccionar ciertos nombres entre los que aparecían en las nueve boletas, nadie estuvo obligado a votar a ciegas.
Todos “contamos con información, con tiempo y con herramientas suficientes” para, si uno quería meterse al portal del INE o utilizar las herramientas periodísticas de observatorios electorales que estaban a nuestra disposición, “hacer un buen ejercicio de evaluación”. En esta era de la información, “alegar ceguera es imperdonable”.
Alguien dispuesto a invertir 35 minutos en repasar los perfiles de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia, podría haber hecho una selección rigurosa. Multiplicado por el número de boletas, es mucho del valioso tiempo de cualquiera. Pero también había “atajos”, explicó la panelista en las mesas de Leo Zuckerman.
Si no querías utilizar las herramientas de información que dispuso el propio INE, podías aprovechar los “ejercicios periodísticos de buenas fuentes” que hicieron por sus lectores el trabajo de investigar cuáles de esos candidatos venían del Poder Judicial “con una buena trayectoria, cuáles eran cercanos a Morena” o cuáles habían aparecido en una nota periodística con señalamientos por mal desempeño de sus funciones.
En los medios periodísticos y en el entorno de las redes sociales hubo “personas serias” que se dedicaron “a analizar boletas completas”. Pero, además, como en las otras elecciones hubo “atajos cognitivos” para los cuales utilizamos símbolos, describió Romero Rocha.
En los comicios para gobernantes y representantes populares, estos símbolos son los de los partidos políticos. Pero en la elección de juzgadores tuvimos como símbolos las iniciales de los poderes que los propusieron: el Poder Ejecutivo (PE), el Poder Legislativo (PL) o el Poder Judicial (PJ). Si buscabas “optar por la continuidad de las personas que ya estaban ‘En Funciones’ en el Poder Judicial, el símbolo era EF.
Indicativo era también si esa candidatura a un cargo judicial fue propuesta por dos o por los tres poderes de la república o sus similares en las entidades federativas, resumió la abogada quien –junto con los juristas Arturo Zaldívar, Isabel Inés Romero Cruz, Javier Quijano Baz y Mary Cruz Cortés Ornelas– revisó los expedientes de los aspirantes que presentó el Ejecutivo federal.
VOTA, QUE ALGO QUEDA
Como Vanessa Romero, antes y durante la jornada electoral tropecé en las redes sociales con denuncias estridentes por el uso del acordeón. Pero la pregunta que yo les hacía a varios de quienes acusaban por adelantado un fraude electoral, es:
¿Qué diferencia hay entre que el votante se guíe por el acordeón que le pasó un partido político o se ajuste al que repartió su sindicato, alguien de su parroquia, un compañero de trabajo o de la escuela; que adopte la lista que publicó un periodista respetado o uno chayotero, por no hablar de un youtubero abiertamente militante u otro que probablemente vendió las menciones; sin olvidar a quienes hicieron caso de la propaganda de los propios candidatos o de los familiares de las aspirantes?
Honestamente, ninguna. Mi experiencia en la casilla fue que pude consultar varias de esas listas y, todavía, cotejar los números con los nombres y valorar si venía acompañado por las siglas EF, PE, PL y/o PJ. Otros votantes se tardaron lo mismo que yo, o más tiempo incluso, rellenando las boletas. Eso habla de un mejor voto, pese a que no haya habido una votación masiva.
Contra la campaña clasista que describía a quienes irían a votar como borregos de Morena condicionados por los programas sociales, quienes acudimos a las urnas en la elección judicial hicimos una profunda reflexión.
No me tocó ver que alguien terminara pronto de llenar sus boletas porque se limitó a transcribir el acordeón. El tiempo promedio registrado en los medios evidencia que, aun cuando usara sus apuntes, el votante se entretuvo cotejando números con nombres; y hasta se preocupó por completar el número de recuadros en cada boleta, con nombres que no aparecían en los acordeones o en los volantes a favor de una candidatura.
Incluso quienes fueron a votar sólo para anular sus boletas, razonaron su participación (por muy pueril que resulte escribir mensajes obscenos en la papeleta). Lo mismo quienes, aun desconfiando del proceso o considerándolo potencialmente fraudulento, fueron a votar por algún aspirante del que tuvieran conocimiento buscando hacer viable su arribo al cargo.
¿CUÁNTA GENTE VOTÓ?
Según Acción Nacional, curándose en salud ante un hipotético relleno por parte de los consejeros distritales del INE de aquellas boletas no usadas pero tampoco canceladas por los funcionarios de casilla, votó menos del 10% del padrón electoral[2].
Sin embargo, la casa encuestadora Massive Caller, de la que no se puede sospechar que sea progobiernista pero tampoco muy certera, elevó el porcentaje de participación ciudadana a menos de 17 puntos[3].
En el informe de resultados del INE que presentó la presidenta del órgano electoral Guadalupe Taddei al filo de las 11 de la noche, los especialistas que sobre una muestra representativa hicieron “un ejercicio de cálculo estadístico de alta precisión” avalado por el Instituto y auditores externos, estimaron una participación entre el 12.57 y el 13.32%.
A diferencia de otros comicios cuando resultaba meramente anecdótico, el grado de abstencionismo en esta jornada electoral se volvió un dato central, luego que la oposición al proceso construyera una narrativa según la cual una participación de un dígito (menos de 10%) habría significado el rechazo de la ciudadanía a la reforma.
Con dos dígitos, se cumplió una primera meta del INE, aunque la expectativa declarada por la autoridad electoral era entre 13 y 20 puntos porcentuales.
Ya en la mañanera del lunes 2 de junio, Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno esperaba una participación del 7%. Fue del doble y la presidenta les dio medida a los porcentajes: más de 13 millones de electores acudieron a las urnas. Apenas un millón de personas menos de quienes votaron en 2024 por el PRI y el PAN.
LEGÍTIMA Y DEMOCRÁTICA
Como sea, en palabras de Eduardo Huchim, periodista y exconsejero electoral, la elección judicial habría sido legítima “sea la participación que sea”. Claro, cuántos más acudieran tendría mayor legitimidad, “aunque no disminuye, ni se pierde, si hay un abstencionismo generalizado”.
En entrevista con SinEmbargo[4] durante la jornada electoral, Huchim declaró: “Los que no votan, no deslegitiman. Con su voto o sin su voto, la elección va. Será legítima, es un error pero están en su derecho, y después oiremos quejas porque llegaron tales y no llegaron cuales, pero para eso es la oportunidad del voto”. Dicho en otras palabras: “la abstención es respetable, pero es mala decisión”.
Coincido, aunque no se hubiera llegado a los niveles de votación de una elección intermedia que de todas maneras son menos participativas que la presidencial, eso no le quita a esta ‘histórica elección’ (así sea por ser la primera de la historia) lo legítimo ni lo democrático.
Mil 128 que hubieran votado en la boleta morada ya serían 10 veces más de los senadores que elegían a los ministros de la Corte antes, con base en la terna presentada por la Presidencia de la República.
El mismo número de votantes en la boleta azul, serían 10 veces más que los patricios que elegían a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de la terna aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y 70 votos en las boletas rosas de candidatos a magistrados de los tribunales de Circuito o en las amarillas para jueces de Distrito, ya serían 10 veces más que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que, desde 1997, estuvieron decidiendo las vacantes a esos cargos. En teoría, con base en concursos de oposición. Pero, en la práctica, asignándolas directamente o mediante exámenes donde los escogidos recibían por adelantado las respuestas.
FACULTADES DE DERECHA
En su editorial ‘Quitar el Derecho a la derecha’, Diario Red[5] consideró que “la elección popular de jueces y magistrados en México abre la puerta a una discusión profunda en las judicaturas del mundo”.
El diario digital español que acaba de lanzar su edición en América Latina sostenía hace medio año, que esta elección en México marca “la entrada a una transformación de la función de los tribunales y, para las izquierdas, una posibilidad inédita (quizá única) de disputar un espacio de poder estratégico que el conservadurismo ha controlado durante siglos”.
Citando al defensor de derechos humanos, Raymundo Espinoza, quien por cierto contendió en la elección de ministros de la Corte, el diario coordinado por Pablo Iglesias y –en la edición latinoamericana– Daniela Pastrana, señaló:
“Una sacudida como esta, en la que las reglas del juego cambiarán por completo, abre las puertas a una renovación institucional, pero también a una renovación de la manera en la que se ha comprendido la función judicial, el modelo de justicia y la figura del juez”.
Para Diario Red, “la formación jurídica en las facultades de Derecho funciona desconectada de la realidad social”. Son “abogados técnicamente competentes”, pero “sin sentido de justicia” y “poca o nula comprensión de los problemas” de la población. Litigantes crédulos de “que, con talento individual, podrán acceder a posiciones de poder” cuando “no es el mérito, sino las conexiones, lo que determinan el acceso al Poder Judicial”.
El de México es un caso extremo, donde “el nepotismo alcanza a la mitad de los integrantes de la judicatura” y “los altos cargos están condicionados también por empresas privadas [cuando no por organizaciones criminales] que hicieron de la ley una herramienta de control corporativo de las personas juzgadoras”.
JUSTICIA PARA LOS RICOS
En esa medida, según el filósofo Gerardo de la Fuente en un extenso artículo publicado en la Revista Memoria que disecciona la relación de la izquierda frente a la Cuarta Transformación –también citado por Diario Red–, la elección de jueces y magistrados “es una oportunidad para romper con décadas de exclusión y elitismo en el sistema de justicia”.
Pero “su éxito dependerá de nuestra capacidad para cambiar no sólo las estructuras institucionales, sino también las mentalidades de quienes hoy se forman en las facultades de Derecho”.
De la Fuente afirma que “los sistemas políticos modernos operan estructuralmente para impedir que los pobres o explotados se unan y formen fuerzas mayoritarias estables”.
Y en países como México, “la relación de los ciudadanos con el sistema jurídico se ha construido sobre un andamiaje de explotación, despojo y abuso de poder”. Las instituciones políticas y electorales, así como el aparato ideológico que construye opinión pública, están diseñados “para evitar la formación de una voluntad mayoritaria”.
Durante la alternancia política (PRI-PAN-PRI), intelectuales y medios de comunicación deformaron y estigmatizaron “el núcleo central de la teoría democrática: ‘la mayoría decide’. Contrario a esa premisa, los comentócratas sembraron en el imaginario social mexicano ‘cierta perversión de la idea de democracia tal que, cualquier formación de algún tipo de consenso mayoritario se convirtió en sinónimo de autoritarismo’”.
Para los transitólogos, el orden político tiene como misión preservar y fomentar la expresión de las divergencias propias de una sociedad plural y distinta. “Cualquier confluencia, cualquier consenso de los distintos, es objeto de sospecha; y su posibilidad sólo puede ser pensada como el efecto de algún tipo de coacción externa o manipulación, de alguna dictadura”.
Contra ese sofisma, “Andrés Manuel López Obrador configuró una voluntad mayoritaria qué se expresó en las urnas; y pudo convertir en fuerza política efectiva el estado de ánimo del pueblo. Consiguió devolver el sentido a la democracia”. Un gobierno progresista surgido de grandes vuelcos sociales es una premisa “imposible de aceptar para el conservadurismo”.
NO ES UN CONTRAPODER
La reforma judicial rompe con una tradición que, como dijo el monero Rafael Barajas El Fisgón en el programa de Sabina Berman[6], inició con “los padres fundadores de los Estados Unidos quienes planten que, ante tanta democracia [para elegir al titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo], el Poder Judicial tiene que convertirse en un poder contramayoritario”, es decir, antidemocrático.
Desde entonces, son las élites las que nombran a los miembros del Poder Judicial para que sea independiente a las mayorías. “El ejemplo cundió en el resto de los proyectos de nación que vinieron después”. Y es por eso que, de todos los poderes del Estado, el Judicial es el que menos tiende a cambiar o el que cambia con más lentitud.
En la misma emisión, la socióloga Teresa Rodríguez señaló que “a este país le ha costado mucho tiempo reparar el estado de cosas tan absolutamente precario para las grandes mayorías que dejó la era neoliberal”. Durante más de tres décadas “se desmanteló cualquier esquema que permitiera un bienestar mínimo aceptable, una vida digna” y que la gente tuviera la capacidad de proyectar su vida al futuro.
En 2018 la gente decidió cambiar ese estado de cosas que le afectaba y, en ese contexto, el Poder Judicial vino a funcionar como una coraza, el búnker donde se refugiaron esas clases sociales que estuvieron beneficiándose de la pobreza y la precariedad progresiva de la gente.
No sólo fue un poder contramayoritario, sino un poder contraestatal. Mientras el Estado, con el aval de las urnas, corría en una dirección –volver a poner los derechos en el centro del proyecto de nación y del texto constitucional–, el Poder Judicial se asumió como el garante que eso no sucediera.
Rodríguez sostiene que la oligarquía hizo del Poder Judicial su representación en el poder público, tal como después de 2018 las clases de abajo hicieron del Ejecutivo y el Legislativo un instrumento para sus demandas.
Berman acotó que la Corte vetó seis veces más iniciativas del Ejecutivo que en cualquier otro sexenio, y recordó cómo en muchos países de América Latina esta actitud del Poder Judicial “ha derivado a golpes de Estado” por la vía del lawfare contra el poder presidencial. En ese sentido, ¿por qué ir a votar en las elecciones de jueces?
Y la periodista Nancy Flores responde: “porque estamos en un momento que el pueblo pidió. Este es un mandato popular que se discutió desde 2023 hasta las elecciones de 2024, cuando el dilema fue el plan C, al que se llegó luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo más de 74 leyes y reformas con las que la 4T pretendía refundar a nuestro país, pese a que habían sido aprobadas por el Legislativo.
Como evoca Flores, la reforma constitucional fue el plan A. Luego vino el plan B que consistía en buscar acuerdos políticos para hacer los cambios sin contar con las dos terceras partes de las cámaras. Pero la oposición en el Congreso frenó esa dinámica al declarar la parálisis legislativa, mientras los jueces de Distrito se prodigaban otorgando suspensiones a quienes se amparaban contra las acciones y obras del gobierno federal. Finalmente, AMLO lanzó el plan C: alcanzar la mayoría calificada en los comicios de 2024 y usarla para cambiar la Constitución, con el propósito de integrar una nueva judicatura por elección popular.
¿GANÓ MORENA?
Según Alejandro Moreno, director de Encuestas de El Financiero, el 54% de los mexicanos llamados a votar en las elecciones del Poder Judicial apoyó las candidaturas de la Cuarta Transformación. Otro 34% votó a favor de candidaturas vistas como independientes[7].
Las candidaturas que fueron postuladas por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo fueron las más votadas. Y el 48 por ciento de los votantes eligió a los candidatos con base en su experiencia en cargos judiciales, mientras que sólo el 20 por ciento se guio por la orientación ideológica de los aspirantes.
Este 54 por ciento de votos por los candidatos de Morena “parece alto, pero no lo es si vemos otras variantes”. En la ‘radiografía’ de las razones del sufragio, sólo 12% votó con base en la afinidad política, y otro 11% se fue con el nombre de la o el candidato.
Un dato revelador es que, a pesar de recibir más de seis boletas y tener que elegir a nueve candidatos sólo para la Suprema Corte de Justicia, 50% de los encuestados consideró que la votación fue sencilla y comprensible, mientras que la otra mitad las criticó y dijo que fueron confusas, resume la encuesta de EF.
Vanessa Romero citó con Zuckerman otra encuesta, la de Enkoll, que muestra cómo el 75% de la gente pensaba que la reforma judicial era necesaria, pero sólo el 24% planeaba votar el 1 de junio.
Para la abogada, esta disparidad refleja “el mal diseño de la reforma”. Y si bien es “un error de la oposición a la reforma pensar que no ir a votar implicará una reversa” en la misma, era válido preguntarse si una participación de un dígito le restaría legitimidad.
Ya vimos que se llegó a los dos dígitos y cabe recordar que la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador tuvo una participación del 17%, “y hoy sigue siendo una herramienta política bastante bien aprobada”.
Romero concluyó señalando algo en lo que estoy de acuerdo: fue derrotado el argumento de que, paradójicamente, el hecho de votar el domingo es un acto antidemocrático. Como si más sufragio efectivo significará menos democracia. Al final, se impuso la idea de que “ser demócrata implica ir a votar incluso en una elección con la que no estoy de acuerdo”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com
[1] ‘Vanessa deja callado a Leo en su programa’. Mexinforma. YouTube, 28 de mayo de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=soB_M76uHXI
[2] ‘PAN señala que elección judicial 2025 no llegó ni al 10% de participación ciudadana; pide a Morena no maquillar cifras’. Nota de Víctor Gamboa. El Universal, 1 de Junio de 2025. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-senala-que-eleccion-judicial-2025-no-llego-ni-al-10-de-participacion-ciudadana-pide-a-morena-no-maquillar-cifras/
[3] ‘Abstencionismo en elección judicial: encuesta revela que menos del 17% acudió a votar’. Nota de Omar Hernández Jiménez. UnoTV, 1 junio de 2025. https://www.unotv.com/nacional/abstencionismo-en-eleccion-judicial-encuesta-revela-que-menos-del-17-acudio-a-votar/
[4] ‘Huchim defiende validez. “La elección judicial es legítima, sea la participación que sea”: exconsejero’. Nota de Nancy Gómez y Manuel González. Sin Embargo, 1 de Junio de 2025. https://www.sinembargo.mx/4658728/la-eleccion-judicial-es-legitima-sea-la-participacion-que-sea-exconsejero/
[5] ‘Quitar el Derecho a la derecha’, Diario Red, 7 de Noviembre de 2224. https://www.diario-red.com/articulo/editorial/quitar-derecho-derecha/20241105131203038109.html
[6] ‘Largo Aliento | ¿Por qué salir a votar?’. Canal 14, 29 de mayo de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=GuCvhumaJ_A
[7] ‘Elecciones judiciales 2025: 54% apoyó candidaturas de la 4T, revela Encuesta EF’. El Financiero, 1 de junio de 2025. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/eleccion-judicial/2025/06/01/elecciones-judiciales-2025-54-apoyo-candidaturas-de-la-4t-revela-encuesta-ef/