El Congreso del Estado concluyó el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los organismos operadores de agua potable de los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería.
Las cuentas públicas de los cinco entes fiscalizados tuvieron observaciones en materia de responsabilidades, según se desprende de los dictámenes elaborados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
Al evaluar la gestión financiera de los cinco organismos operadores del servicio de agua potable, los informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, señalan que 121 observaciones no fueron solventadas.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala sumó 13 observaciones sin solventar; la de Coquimatlán, 38; Cuauhtémoc, 24; Ixtlahuacán, 19, y Armería, 27.
Al igual que con las cuentas públicas de los municipios y los poderes Judicial y Legislativo, en las de los organismos de agua potable el Osafig determinó que en general, y respecto de las muestras auditadas, los entes fiscalizados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas.
Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades podrán ser acreedores a sanciones administrativas.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado de Colima, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Osafig y los órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En tanto, las faltas y las sanciones administrativas no graves corresponderá investigarlas a los órganos internos de control.