* El objetivo es detectar y prevenir riesgos que se pudieran presentar, por lo que se revisaron procesos gubernamentales aplicando la metodología del PNUD, explicó la contralora Isela Uribe
La Contraloría General de Colima presentó la tarde de este miércoles los resultados de la revisión de procesos y acciones del Gobierno del Estado, tras la puesta en marcha del Reto Público: Anticipando riesgos de corrupción, cuyo objetivo es detectar y prevenir este tipo de problemas, por medio de la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con respaldo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
La contralora general Isela Guadalupe Uribe Alvarado recordó que el reto arrancó el 27 de junio, pero se trabaja en él desde inicios de este año 2023, como parte de los proyectos estratégicos de la administración estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a través de la Contraloría General, con lo que se cumple la obligación normativa, así como el compromiso y la convicción institucional plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, en su Eje 5: Gobierno Honesto y Transparente.
Resaltó que este tipo de acciones no las ha tenido ningún gobierno en su conjunto como tal, pues, aunque existen tres estados del país que han colocado bajo el escrutinio social y ciudadano alguno o algunos de sus programas, este gobierno puso prácticamente toda la administración centralizada y tres Organismos Públicos Descentralizados (OPD) para que generar mejoras al actuar gubernamental y anticipar riesgos de corrupción.
Indicó que ColiBecas, contrataciones para obras, procesos de compras, programas de fomento al autoempleo, expedición de licencias y placas, registros de patentes y hasta procedimientos de atención como las radioterapias en el Instituto Estatal de Cancerología, entre otros programas y proyectos claves del gobierno estatal, fueron sujetos a revisión para generar estos procesos de mejora.
“No podemos jamás perder de vista que, todos nuestros procesos y acciones gubernamentales tienen un impacto directo en la ciudadanía, y es justamente por ello y para ello que resulta relevante identificar y anticipar cualquier riesgo que pueda poner en vulnerabilidad el objetivo ciudadano”, agregó.
Uribe Alvarado agradeció al SESNA, al PNUD y al Comité de Participación Ciudadana del SNA, por su acompañamiento en la primera etapa; así como la disposición de titulares de secretarías, subsecretarías y OPD’s que se sumaron al proyecto, y a las 15 asociaciones civiles y el Consejo de Participación Social del Gobierno del Estado, por trabajar de la mano con las dependencias de la Administración Pública Estatal.
RESULTADOS DEL RETO
Al presentar los resultados del reto, la directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General, Perla Barreda Vidal, detalló que de los 25 procesos gubernamentales revisados, doce resultaron en semáforo verde, lo que implica que existe baja incidencia de que los riesgos de corrupción se materialicen.
En semáforo amarrillo, es decir, que hay una incidencia media de que se materialicen los riesgos identificados, se detectaron diez procesos; mientras que en rojo se detectaron tres; aunque aclaró que el hecho de que tengan un semáforo rojo no quiere decir que haya corrupción, sino que hay una alta incidencia y probabilidad de que se materialice.
Añadió que tras identificar los riesgos, sociedad y gobierno continuaron trabajando, obteniendo 149 actividades de control para prevenir que se materialicen los riesgos de corrupción, mismas que serán implementadas durante el próximo año.
En representación del SESNA, asistió Catalina Reyes Sánchez, directora de Riesgos y por parte del PNUD, Andrés García Morales, asociado de Proyecto, quienes coincidieron en reconocer el trabajo realizado entre el Gobierno del Estado de Colima y sociedad civil en beneficio de Colima, sus ciudadanas y ciudadanos.
En la presentación de resultados también estuvieron presentes las y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres y de las subsecretarías de Movilidad, Juventudes, Administración y Cultura, así como representantes del resto de dependencias estatales y asociaciones civiles.