La sociedad colimense continúa comentando la batalla política librada por un conjunto de legisladores liderado por el diputado Vladimir Parra en contra de la exclusiva de la FEC para que sólo sus afiliados contaran con una tarifa preferente en los autobuses urbanos y suburbanos y la derrota del anacrónico organismo que, según dicen, agrupa a los estudiantes universitarios. Las opiniones generalizadas apuntan a un triunfo de los integrantes del legislativo y una derrota de los dirigentes estudiantiles. Dos derrotados más han quedado tendidos en el camino: los líderes de transportistas que sólo representan los intereses de ellos mismos y el gran negocio de la intermediación y el gobernador Peralta con su amago de vetar la medida adoptada. Dejando de lado los argumentos de uno y otro lado, unos más que evidentes y otros, más bien falaces, propongo a los escasos seguidores de esta columna, pensar cuál debe ser la tarifa del transporte público de pasajeros.
Para los transportistas, las actuales tarifas son muy bajas porque, sobre todo en algunas rutas, no resulta fácil cubrir el costo de los combustibles, refacciones, piezas de recambio, sueldos de chóferes y cobradores, renta de carriles (en el caso de los suburbanos) y otros costos y, además, poder cambiar sus unidades ante el deterioro que causa el uso intensivo de las mismas y un evidente maltrato por parte de algunos usuarios. Los precios de éstas se han elevado a las nubes, nos dicen y es cierto, sin duda. Los usuarios manifiestan que las tarifas son altas y existe, al menos en algunas rutas, un aforo decreciente porque los que pueden, mejor caminan o adquieren y usan bicicletas y motos compradas muchas veces, con abonos chiquitos. Hay avenidas de la zona conurbada como Benito Juárez de la Villa (popularmente conocida como la Benito) que muestra el crecimiento del uso de los vehículos de dos ruedas.
Ninguna duda cabe que las dos partes, aunque ambas tengan la razón, jamás podrán ponerse de acuerdo. Y la autoridad debe decidir sobre la postura de ambas. En mayor o menor medida, esa discusión tiene lugar en todo el mundo. El transporte debe ser digno, eficiente, puntual, con un mínimo de comodidades y por supuesto, cumplir con una misión social. Los transportistas deben ganar, aunque sus ganancias deben ser equitativas. Y, por otro lado, los usuarios (hasta los más humildes, deben tener la posibilidad de pagar las tarifas que se fijen. La movilidad de las personas es fundamental, tanto que la Constitución tomó la previsión de que es obligación del Estado prestar este servicio y no hacerlo, ha provocado que se solucione mediante el otorgamiento de concesiones. Pero eso no es así, al menos parcialmente, en todos lados.
En la Ciudad de México, por ejemplo, el gobierno capitalino es el operador del Metro, del tren ligero, de los autobuses conocidos como RTP, y de los trolebuses. No así del Metrobús, de los colectivos ni de otros autobuses. El subsidio gubernamental, sobre todo para la construcción y operación del Metro es cuantioso. Y el subsidio es un mecanismo usado en todo el mundo, sobre todo en las grandes urbes, y los mayores subsidios se entregan en los países desarrollados. Así, los sistemas de transporte colectivo de Nueva York, de Londres o de París, reciben importantes sumas de los gobiernos correspondientes.
Además de cubrir las necesidades de quienes menos tienen, un transporte eficiente estimula su uso y el beneficio de no utilizar los automóviles particulares redunda en un tráfico más rápido y fluido, en mejor calidad del medio ambiente, en menor cantidad de ruidos y en otros muchos beneficios pues entre otras cosas, donde se practica, son ciudades menos estresadas, más sanas y por supuesto, más eficientes. Y gastan menos en salud y en ampliación de vialidades, así como en otras obras de infraestructura urbana, entre otras cosas. En suma, con ese subsidio, todos ganan.
Ya es tiempo de que el Gobierno del Estado modernice su visión y no piense sólo en favorecer a sus aliados. La guía que mueva sus decisiones, debe ser el beneficio colectivo, es decir, el interés general. Y esto pasa, por supuesto, por el rediseño de las rutas existentes y la frecuencia de los servicios.
Los taxis son otro asunto: Y todos deben ser sometidos a las mismas regulaciones. Cada quien determinará si sale a esperar un ruletero a la esquina, o solicita su taxi mediante una llamada telefónica o usando una aplicación. Todos son taxis y, por tanto, todos deben estar sometidos a las mismas regulaciones, al igual que sus operadores. Y por supuesto, debe ser negocio sin distraer subsidios. Es un servicio costoso. Pero, sin embargo, las tarifas deben ser fijadas bajo un principio de equidad. Los precios de una concesión no deben ser excesivos como ahora se negocian en el mercado secundario colimense. Si se compran a los precios que imperan es porque es un gran negocio. La explotación de los trabajadores del volante, es un asunto diferente y, por supuesto, debe vigilarse y prohibirse, en estricto apego al marco legal vigente, que, además, debe mejorarse.
Por otro lado, siempre habrá quejas y, sobre todo, taxistas abusivos. La Secretaría de Movilidad debe atender las quejas, no como ahora las omite desde antes de recibirlas. Y el transporte colectivo, debe ser vigilado para mantenerlo en orden, en vez de nada hacer como hasta ahora. En el fondo, en opinión del juntador de letras, la Secretaría de Movilidad prefiere la inacción para no afectar los intereses de los compadres del poder (o tal vez, esas sean las instrucciones que ha recibido). La cuarta transformación del transporte público debe venir ya y Vladimir Parra y sus compañeros tienen un campo fértil para obtener otros éxitos sonados. Nosotros, se los aplaudiremos, como se los demandamos ahora.
Se afectarán algunos intereses, pero los de los malos transportistas, no de quienes lo son por convicción, que éstos poseen espíritu de servicio.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.