Muchas ocasiones hemos visto que se produce una confusión entre la legalidad y la justicia. Los diferentes juzgados y tribunales se encargan, más bien, de cuidar la legalidad y muchas veces, para lograrlo, se apartan de la justicia. Y eso sucede a pesar de que nuestro poder judicial, el encargado de la impartición de justicia, es encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por una Suprema Corte de Legalidad de la Nación.
Difícil resulta ese balance entre la legalidad y la justicia. En tal sentido, el Gobierno de la República daba a conocer en la Mañanera del lunes, una lista de elevados ex funcionarios gubernamentales (que incluyen al ex presidente Calderón) quienes una vez concluidos sus encargos públicos, se enrolan como empleados de grandes empresas de energía que favorecieron durante su gestión pública. Esa lista, se amplió durante la Mañanera del martes para incluir ex funcionarios que se convirtieron en empleados de otras grandes corporaciones que antes favorecieron, aunque no de modo exclusivo en el sector de la energía, y surgieron los nombres de otros ex presidentes (Salinas y Zedillo). El presidente López Obrador ha expresado que lo hecho por estos ilustres y finísimos personajes, es legal pero no resulta moral. Es decir, es legal pero no es justo.
Cuando los asuntos judiciales más complejos (y muchas veces, más mediáticos o más controvertidos) llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son discutidos en el Pleno, si observamos el desarrollo de esa reunión de los ministros que lo integran a través del Canal Judicial, nos sorprende el nivel de la discusión porque la mayoría de los ministros tienen un manejo sorprendente de la doctrina y encuentran argumentos que en muchas oportunidades nos dejan patidifusos y a veces, catatónicos. Sus decisiones en la mayoría de los casos, son sorprendentes y no nos queda lugar para pensar que las decisiones tomadas por el pleno, se ajustan totalmente a la legalidad ¿Pero, resultan justas? Bueno eso es otra cosa. Si las cosas fueran distintas, seguramente los legisladores estarían pendientes de ello, pues allí encontrarían una guía para adecuar la legislación y buscar con ello, que la legalidad y la justicia se acerquen cada vez más. No debemos perder de vista que se trata, insisto, de la Suprema Corte de Justicia y no de la Suprema Corte de Legalidad de la Nación.
En tribunales inferiores, las cosas cambian y un buen ejemplo para ilustrarlo, lo tenemos en los Tribunales Agrarios, fuertemente impregnados de improvisación, de ilegalidad y de injusticia. En el Unitario que corresponde al Trigésimo Octavo Distrito, que tiene su sede en Colima, podemos encontrar muchos casos que debieran dar vergüenza al sistema de impartición de justicia y en mucho, se deben a que hemos tenido magistrados ignorantes, pero, sobre todo, interesados, que nunca han podido comprometerse con la justicia ni con la legalidad.
Uno de esos casos es el que ha enfrentado al Ejido Salagua con el Ayuntamiento de Manzanillo y la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo por un predio ejidal que éstos han ocupado desde el 19 de septiembre de 1985 (hace casi 34 años). El ejido reclama que se le pague el predio y las rentas que se han devengado desde que éste fuera ocupado. La resolución justa y legal debiera resultar muy sencilla: El gobierno municipal, a cuyo favor se tramitó la expropiación, debe pagar y debe pagar lo justo; no hay vuelta de hoja. El trámite se ha prolongada porque los magistrados han permitido a los abogados del Ayuntamiento de Manzanillo y de la CAPDAM tantas argucias de leguleyo como estos han sido capaces de idear y el asunto se ha prolongado excesivamente en el tiempo. Insisto, la resolución, debiera ser muy simple: Ocupas el predio, luego, pagas. Pero el asunto ha dado vueltas y más vueltas. Y mientras han pasado años y muchos ayuntamientos, y los del Ayuntamiento de Manzanillo, han tenido muchos cómplices: Reforma Agraria (hoy SEDATU), el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua y algunos más, y por supuesto, a los magistrados. Y no es la primera ocasión en la cual, CON SAL Y LIMÓN se ha ocupado de este asunto.
Carvajal Berber en su portal de noticias, el lunes por la noche, da cuenta de una reunión entre Griselda Martínez, alcaldesa del puerto y los ejidatarios, en la cual se llegó a un acuerdo: El Ayuntamiento pagará a los ejidatarios que pacientemente han esperado tantos años. El predio es de 10 y media hectáreas y se ubica en el Libramiento carretero y allí se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales, un servicio indispensable para los manzanillenses. Falta la aprobación del Cabildo y de la Asamblea General de Ejidatarios. La voluntad de la alcaldesa no quedó en duda. Para ella, para el comisariado ejidal y para el representante legal del Ejido falta sólo el último trámite. Eso resulta en una buena muestra de lo que significa la Cuarta Transformación, la dichosa 4T. Allí la justicia se hace palpable, tangible. Enhorabuena para los ejidatarios y para la alcaldesa Martínez. Dan un ejemplo de civilidad y compromiso político que muchos debieran emular. Los neoliberales insensibles tenían otro modo de entender las cosas, pero aquí, es una etapa superada. Y de esta decisión, debiéramos alegrarnos y felicitarnos todos.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.