‘¿De quién es Proceso?’ Eso se preguntaba Francisco Ortiz Pinchetti en un artículo con ese título publicado en Sin Embargo el 18 de enero de 2019 (https://www.sinembargo.mx/18-01-2019/3523971).
A propósito de la renuncia “por congruencia” que acababa de presentar al consejo de administración de la empresa editora del semanario, Julio Scherer Ibarra, flamante asesor jurídico del presidente López Obrador, Ortiz Pinchetti señaló que “Julito, como se le conoce en el medio, nunca debió formar parte de su Consejo ni detentar acción alguna”, en congruencia con el origen y la naturaleza de la revista.
La condena de quien fuera reportero en el Excélsior de Julio Scherer García y fundador de Proceso, donde fue también reportero, editor de asuntos especiales y codirector, se extendería a María Scherer Ibarra, quien ocupó el asiento que dejó el hijo homónimo del mítico director, si no fuera porque ella sí es periodista y sí ha trabajado en el semanario: fue reportera y directora comercial de Proceso, aunque ahora escribe para El Financiero y conduce un programa en el canal de televisión que ese diario tiene con Bloomberg.
En la carta dirigida “a los lectores de Proceso” y publicada por la revista en su edición 2202, del 11 de enero de 2019, ‘Julito’ dijo que dado su actual cargo en el gobierno federal y “en congruencia con los valores irrevocables del periodismo independiente y la absoluta libertad que definen a Proceso”, decidió separarse del Consejo de Administración.
Sin embargo, para Ortiz Pinchetti la dimisión del abogado “revive el tema de la propiedad de esa publicación” fundada en 1976 por Julio Scherer padre, “al frente de un nutrido grupo de ex cooperativistas de Excélsior expulsados del periódico meses atrás por un golpe perpetrado” por el gobierno de Luis Echeverría.
NO PUEDE HABER UN DUEÑO
Según Ortiz Pinchetti, la propiedad de Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA) “fue preocupación permanente del propio Scherer García, de Enrique Maza SJ y sobre todo de Vicente Leñero Otero”, presidente, tesorero y vicepresidente de la empresa, respectivamente, “sobre todo ante la inminencia de su retiro simultáneo” de la correspondiente dirección, jefatura de Información y subdirección, ocurrido en 1996.
“La realidad es que ni ellos ni ninguno de quienes fundamos el semanario y asumimos el compromiso original de nuestra causa hicimos aportación económica alguna”, sostiene el autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001). Luego, entonces, no puede haber un dueño ni un accionista mayoritario de Proceso.
“Más de una vez me habló Vicente del riesgo de perder ese espíritu original y caer en una rebatiña de intereses económicos. Temía un agandalle y no descartaba una posible traición a los principios. ‘No hay ningún documento escrito que consigne la verdadera naturaleza de la empresa, de la que nadie de nosotros es dueño’, me decía. Y fue uno de sus afanes prioritarios durante meses conseguir la elaboración y firma de ese documento.
“Él concibió la idea, convenció a Scherer García de su conveniencia y redactó personalmente el texto que finalmente firmaron los ocho integrantes en ese entonces del Consejo de Administración”: Julio Scherer García, Vicente Leñero, Enrique Sánchez España, Enrique Maza, Rafael Rodríguez Castañeda, Carlos Marín, Froylán M. López Narváez y Elena Guerra, la legendaria secretaria de la dirección.
El también director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx., recuerda que Leñero mismo leyó el documento el viernes 4 de noviembre de 1994 ante todo el personal de CISA (tanto el área periodística como la administrativa), durante una reunión efectuada en el salón de usos múltiples del edificio administrativo de Fresas 7. La Carta, como le llamaron, “aclara a cabalidad el tema de la propiedad de Proceso”.
COMPROMISO, EL ÚNICO CAPITAL
Leñero llamó a no olvidar que la revista Proceso y la agencia CISA (que después sería sustituida por la marca Apro) fueron “la respuesta a un atentado contra la libertad periodística”.
Como contó Leñero en su novela de no ficción Los Periodistas, “en julio de 1976 el gobierno de Luis Echeverría, valiéndose de un grupo de ambiciosos consiguió expulsar del periódico al director general de Excélsior, algunos de los trabajadores que salimos con él –convencidos de que el ataque al director nos involucraba a todos los que creíamos en la independencia y en la libertad del diario– decidimos fundar un semanario y una empresa periodística donde pudiéramos seguir ejerciendo nuestro oficio”.
Económicamente partieron de cero. Sólo tenían una causa: “la de desarrollar hasta sus últimas consecuencias esa libertad y esa independencia –al margen de todo compromiso partidario, político, económico, personal– sin las cuales el periodismo no puede manifestarse plenamente”.
Aplicando un esquema financiero que luego se replicaría en La Jornada, lanzaron “una convocatoria pública y las aportaciones morales monetarias de muchos simpatizantes, permitieron reunir el capital básico de la empresa”, dividido “en acciones preferentes de la serie A y en acciones comunes de la serie B”.
En esa sociedad anónima, “la posesión mayoritaria de esas acciones que irían creciendo con el tiempo”, dejaría el control de la empresa en manos de un consejo de administración, cuyos integrantes –según el plan original– “tendrían el compromiso de marcar el rumbo de las actividades, defender el proyecto de posibles infiltraciones o traiciones, y mantener sobre todo el espíritu de nuestra tarea común”.
ACCIONES TIPO A Y B
Dramaturgo, periodista y narrador, Leñero fue en Excélsior director del semanario Revista de Revistas. Y en Proceso se convirtió en subdirector y vicepresidente del consejo de administración. En La Carta expuso que, dado que ninguno de los miembros del grupo había aportado dinero propio de ese capital –o si lo había hecho fue con el espíritu de una donación—, ninguno debería sentirse dueño personal de las acciones.
El capital pertenecía “y sigue perteneciendo” a todos los trabajadores en activo de la empresa, independientemente de su cargo. Ser poseedor mayoritario de acciones A y acciones B –independientemente de lo que representan como valor monetario ante la ley— sólo significa “ejercer una tarea de custodia del capital que encarna nuestra causa. La causa es lo único que vale”, enfatizó Leñero.
Excélsior era una cooperativa mas eso no impidió que socios como el propio Scherer y sus aliados fueran expulsados. Por ello, la nueva empresa Proceso se concibió como una sociedad anónima pero sin sentido de propiedad:
“Así se entendió en un principio y desde entonces los poseedores mayoritarios de acciones, casi todos miembros del consejo de administración, de CISA y Editorial Esfuerzo— empresa derivada de la primera pero formalmente independiente–, se comprometieron a renunciar a los derechos económicos que nominalmente poseían, cuando decidieran por cualesquiera razones renunciar a la empresa.
“Varios poseedores mayoritarios de acciones fueron renunciando a lo largo del camino y al irse no objetaron ser fieles al compromiso inicial: sin alegar derechos, transfirieron ‘sus’ acciones al consejo, y el consejo las asignó a nuevos miembros que se comprometieron a mantener el espíritu original y actuar de igual manera en caso de una renuncia personal.
“Eso se ha hecho en el transcurso de una breve historia y eso se continuará haciendo mientras existan Proceso, CISA y Editorial Esfuerzo”, escribió Leñero. La Carta, agregó, tenía por objeto confirmar por escrito el compromiso inicial con “la causa que anima nuestra tarea periodística” y “un absoluto desinterés económico personal”.
El futuro económico de CISA y Editorial Esfuerzo, reflexionó Leñero, se traduce mensualmente en “un salario que nos empeñamos en que sea justo. El capital pertenece a los trabajadores en activo, y si algún día –en un caso extremo— nuestras empresas tuvieran que clausurarse, ese capital se repartiría proporcionalmente de acuerdo con el sueldo entre el conjunto de los trabajadores de las áreas periodísticas y de administración”. A lo mismo se comprometerían quienes en el futuro se fueran “incorporando a este consejo de administración”.
La Carta no era por supuesto “un documento legal”, sino “un documento moral”. Un pacto de “servicio periodístico para la comunidad y satisfacción íntima por ejercer el oficio que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra carrera en Proceso”, concluyó Leñero.
NO SON HEREDABLES
A lo largo de los años, retoma el hilo Francisco Ortiz Pinchetti, “la transmisión de las acciones se cumplió cabalmente conforme al acuerdo”. Cuando Miguel Ángel Granados Chapa dejó la dirección-gerencia, devolvió las acciones que tenía en custodia, y se las asignaron al reportero José Reveles Morado. Y él también las entregó cuando renunció al semanario.
Julio Scherer Ibarra no ha trabajado nunca en Proceso. “Durante algún tiempo dio una asesoría externa a la empresa, pero jamás apareció en su nómina”. No obstante, a la muerte de su padre, el 7 de enero de 2015, “‘heredó’ sus acciones y se convirtió en presidente del Consejo de Administración de CISA”. Poco importó que las acciones no fueran heredables conforme al pacto moral original, critica Ortiz Pinchetti.
Actualmente, el consejo de administración de Proceso lo integran Salvador Corro Ortiz, Estela Franco Arroyo, José Palomec, Rafael Rodríguez Castañeda y María Scherer Ibarra.