Unos días antes que el presidente López Obrador diera a conocer su decisión de poner las aduanas terrestres y marítimas, así como los puertos, a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar), escuché en un programa de radio a un experto en temas de seguridad decir que México no se está militarizando. Lo que se ha venido militarizando es el aparato de seguridad, explicó.
Sin embargo, poner bajo control del Ejército y la Armada posiciones que solían ocupar funcionarios recomendados por actores políticos o, en el mejor de los casos, miembros de un nunca bien formalizado servicio civil de carrera, motivó la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante lo que consideró la militarización de actividades mercantiles.
El 17 de julio de 2020 en Manzanillo, López Obrador justificó la medida por la necesidad de garantizar la seguridad y combatir la corrupción en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país. No sólo se han incrementado el narcotráfico, el contrabando y la piratería, sino también la violencia desatada por las organizaciones que operan dichas industrias delictivas.
UNA HISTORIA VIEJA
Con todo, la militarización de la administración pública no comenzó con la 4T. Vale remontarse a la designación del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República, que Vicente Fox fundamentó ante el Senado como un reconocimiento al procurador de Justicia Militar que había encarcelado en el sexenio de Ernesto Zedillo a altos mandos acusados de complicidad con el narcotráfico.
Macedo de la Concha, por cierto, acabó renunciando a la PGR cuando el primer panista en la Presidencia lo dejó colgado de la brocha, luego que le encomendara iniciar el proceso de desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. Fox quiso así impedir que Andrés Manuel López Obrador compitiera en la elección presidencial de 2006.
En el ámbito local, sería largo hacer el recuento de los militares y marinos en retiro que han venido ocupando la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, la dirección de la Policía Estatal Preventiva, en su momento de la Academia de Policía y la comandancia de las corporaciones municipales.
El antecedente fue la designación del general Gonzalo Godoy como director de Seguridad Pública y Vialidad por el gobernador Elías Zamora. Godoy había sido comandante de la XX Zona Militar y, tanto en esa gestión como en su responsabilidad civil, se ganó el reconocimiento de los colimenses.
DISCIPLINA MILITAR
Durante el gobierno de Peña Nieto, Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron las primeras administraciones portuarias integrales en ser entregadas a la Armada. Al frente de la API-Man hubo dos almirantes al hilo.
El proceso se frenó cuando, al triunfo de 2018, López Obrador se vio atrapado en sus añejas promesas de campaña de regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles. Durante la transición el presidente electo cambiaría de opinión, porque la realidad se impuso.
Ante el poder de fuego alcanzado por los grupos delincuenciales, este gobierno creó una Guardia Nacional de estirpe castrense después de promover una reforma constitucional para legalizar la participación de militares y marinos en tareas de seguridad.
Y, entre otras concesiones al Ejército, López Obrador delegó a los ingenieros militares la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bajo el supuesto que se trata de ampliar una base de la Fuerza Aérea.
En un país donde la derecha no para de amenazar con un golpe de Estado, no sorprende que se consienta a las fuerzas armadas. Pero, además, la confiabilidad de soldados y marinos en tareas delicadas se basa en la disciplina. A los militares se les educa para cumplir órdenes. En una cadena de mando, reciben instrucciones que para bien o para mal no cuestionan, so pena de terminar ante una corte marcial.
NO BAJARÁ RECAUDACIÓN
El cabildeo para impedir el control militar de los puertos comenzó en octubre de 2019, cuando Morena presentó una iniciativa para desaparecer la Marina Mercante y sumar la administración portuaria a la autoridad marítima que la Armada de México ya había recibido en junio de 2018.
La SCT cuestionó la militarización de actividades eminentemente civiles, alegando que la carrera de las armas no es compatible con la operación de los negocios. Y criticó encomendar a la marina de guerra actividades tradicionales de la marina mercante, como estaba ocurriendo ya con las capitanías de puerto sujetas a mandos navales. Según Jiménez Espriú, eso afectaría al comercio marítimo.
Las aseveraciones que el reportero Alex Pérez hizo suyas en la mañanera del viernes 17 fueron desmentidas por el actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán: cuando hubo almirantes como administradores, dijo el jefe de la fuerza naval, tanto en Manzanillo como en Lázaro Cárdenas la recaudación subió.
A lo que el director de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, agregaría: con la debida capacitación, el personal de Sedena y Semar que se incorpore al comercio aduanero (aunque el trabajo de auxilio de militares y marinos en las aduanas no es nuevo) puede no sólo mantener sino incrementar los ingresos fiscales derivados del comercio exterior.
AMENAZA A SEGURIDAD
En la misma mañanera, López Obrador había sugerido que la merma en los ingresos tributarios por la corrupción y los costos económicos y sociales de la inseguridad, superan cualquier definición antimilitarista.
En efecto, documentos de inteligencia revelaron desde finales del año pasado que la presencia de los cárteles en puertos marítimos y terrestres o en aeropuertos, es una amenaza a la seguridad del Estado.
La pertinencia de militarizar el puerto nos la explicó a un grupo de analistas políticos uno de los almirantes que fueron directores de la API de Manzanillo:
Esa semana habían detenido a tres trabajadores presuntamente involucrados en tráfico de estupefacientes. No lo hicieron por codicia. No obstante haber gente de la Armada en la administración, alguien filtró a los grupos delincuenciales los nombres de los operarios que moverían determinados contenedores y, la víspera, un comando se instaló en el domicilio de estos estibadores para tomar como rehén a la familia. Los trabajadores debían facilitar la apertura del contenedor para sacar la carga ilegal, pero fueron descubiertos. Sólo queda desear que sus parientes no hayan sufrido represalias.
ESPERANZA MUERE AL ÚLTIMO
Revelado el objetivo de quitar al equipo de Jiménez Espriú el control de los puertos, se intuye a qué vino a Colima unos días antes de la visita presidencial el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Cuando este funcionario fue llamado a sustituir en la Segob a Zoé Robledo, quien a su vez se hizo cargo del IMSS tras la renuncia de Germán Martínez, venía de ocupar la administración general de Aduanas en el SAT.
¿Cuál habrá sido el mensaje a Nacho?, ¿que no prosperará el proyecto familiar del mandatario colimense para obtener la concesión de una terminal marítima especializada? Quizá por eso se mostró el gobernador Peralta tan insolente en su mensaje de “bienvenida” a López Obrador.
Todavía en las horas que siguieron al anuncio que hizo el mandatario nacional en Manzanillo, medios locales y nacionales especularon con la posibilidad de que la militarización de las aduanas no alcanzaría a las API. El administrador portuario, insistían, es como el dueño de una vecindad: nomás cobra la renta, no tiene injerencia en la seguridad.
Incluso cuando se conoció la renuncia de Jiménez Espriú, esos medios y plumas mantuvieron la esperanza que permaneciera al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Héctor Juvencio López Gutiérrez, y con él continuara Héctor Mora Gómez en la administración portuaria de Manzanillo.
Pero el sábado 25 de julio, una semana después de anunciar el control militar de aduanas y puertos, López Obrador designó a Rosa Icela Rodríguez como coordinadora de Puertos y Marina Mercante, y a los almirantes Salvador Gómez Meillón y Jorge Luis Cruz Ballardo, en las API de Manzanillo y Lázaro Cárdenas respectivamente.
RAÍCES MANZANILLENSES
Como lo sugiere el apellido materno, Gómez Meillón tiene raíces manzanillenses. Su abuelo, don Arturo Meillón era tío del presidente Miguel de la Madrid y esos lazos sanguíneos se extienden hasta la familia materna del gobernador Ignacio Peralta.
Pero el dato más interesante de su nombramiento es que Gómez Meillón apenas está en proceso de retiro, después de haber fungido como comandante de la Sexta Región Naval con sede en el puerto colimense.
Imposible, por lo demás, no registrar el parentesco más directo del almirante con el abogado Gary Hirsh Meillón, el apoderado legal de Marindustrias acribillado en enero pasado en un restaurante de Manzanillo.
MOMENTO DE DEFINICIÓN
El nombramiento de la coordinadora de Puertos sigue siendo cuestionado porque Rosa Icela Rodríguez se formó como periodista. Pero su experiencia en atención ciudadana, desarrollo social y atención a los adultos mayores la llevó en la administración pública de la Ciudad de México hasta la Dirección de Gobierno en el gabinete de Claudia Sheinbaum.
Para denostarla, comparan su trayectoria con la de López Gutiérrez cuyo currículo incluye temas de construcción y operación portuaria.Pero López Obrador dijo que, Rosa Icela, como el director de Aduanas, Horacio Duarte, “viene de nuestro movimiento, de nuestra lucha”.
Entonces, para acabar con la corrupción en aduanas y puertos, López Obrador no va a delegar responsabilidades en algunos de los grupos del frente amplio que se formó para llevarlo a la Presidencia. Es una batalla que va a librar con sus más leales colaboradores.
Los valores de la militancia acabaron pesando más que los intereses creados en torno a la operación portuaria y los proyectos de ampliación del recinto de Manzanillo. Y, en ese sentido, la salida de Héctor Mora fortalece políticamente a la alcaldesa Griselda Martínez.
La edil porteña había estado denunciando en sus redes sociales que el ahora ex director de API, durante la campaña electoral, no simpatizaba precisamente con el proyecto de nación de quien luego resultó su empleador.
Es, pues, momento de definiciones. Y, por cierto, en esa mañanera donde se anunció la militarización de aduanas y puertos, López Obrador mandó también un mensaje a otro ex gobernador de Colima: Mario Anguiano Moreno.
AMLO recordó, sin mencionarlo por su nombre, que MAM fue ese mandatario estatal que buscó una aduana en Tamaulipas para su secretario de Finanzas y Administración, Jesús Orozco Alfaro.
No es gratuito el reproche, tras el golpe parlamentario que despojó a Morena del Gobierno Interno en el Congreso local tal vez el Presidente considera roto el acuerdo político que permitió a Carlos César Farías y a Julio Anguiano, entre otros, ser diputados locales por la 4T.
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