Al reanudarse las actividades laborales en Gobierno del Estado, tras las vacaciones de fin de año, se hicieron más que evidentes los criterios absurdos que llevaron al despido de más de 600 trabajadores de contrato. Por ejemplo, cesaron a todos los defensores de oficio.
La Dirección de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica depende de la Secretaría General de Gobierno y, al darle las gracias a los auténticos abogados del pueblo, el aparato judicial se quedó de la noche a la mañana sin una figura indispensable para el desahogo de un proceso. No son accesorios. Que el Estado nombre un defensor de oficio en caso que el acusado no pueda pagarse uno, es un derecho del ciudadano.
En consecuencia, tuvieron que volver a contratarlos, aunque no reincorporaron a todos. Los criterios para decidir quién volvía y quién no, siguen siendo igual de desconcertantes. Se sospecha que la afiliación al PRI de esos abogados en vilo, fue determinante.
GOBIERNO DE AVIADORES
¿Por qué despidieron a los que trabajaban y dejaron a los aviadores?, se lo siguen preguntando los burócratas sindicalizados y aquellos que forman parte de la meritocracia y han sobrevivido en la administración pública pese a que no existe un servicio civil de carrera.
La razón por la cual se empobreció el servicio público en áreas sustantivas, mientras los contribuyentes tenemos que seguir manteniendo a una parva de aviadores, obedece a dos lógicas: una paradójicamente relacionada con la transparencia a la que está obligada la publicación de la lista de despedidos; y otra que responde a los intereses de la clase gobernante.
En la primera lógica, no podían haber aprovechado la ocasión para deshacerse de todos aquellos aviadores a los que el gobernador Ignacio Peralta y sus secretarios del gabinete económico acomodaron en la nómina, porque entonces al quedar fuera de la administración se habría demostrado que el Gobierno del Estado tenía, por lo menos, 600 empleados que estuvieron cobrando sin hacer nada. En una de esas, hasta sin existir.
Tuvieron, pues, que despedir a trabajadores reales y eficientes para que el recorte de personal fuera palpable. Y fuera creíble también la narrativa de que todos esos esforzados colimenses fueron sacrificados por los diputados que aprobaron una disminución en la partida presupuestal de servicios personales.
En la segunda lógica, la mayor parte de los aviadores son amigos y parientes del grupo gobernante. Seguirán mamando del erario porque así conciben el gobierno: como un botín a repartir entre los integrantes de una élite política y hasta económica; no como un equipo formado con los mejores.
PROCESAZO A MORA
El reportaje titulado ‘Los principales puertos mexicanos, bajo control del CJNG’, que Álvaro Delgado publicó en Proceso (No. 2254, 12 de enero de 2020), pega duro a Héctor Mora Gómez, director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo.
El periodista se refiere a él como “un alto funcionario de la SCT [que] ha sido puesto bajo sospecha de corrupción”: Mora Gómez ha sido “acusado de supuesta implicación en lavado de dinero del narcotráfico”.
Delgado cita cómo, el 9 de abril del año pasado, en la comparecencia ante el Senado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el senador panista por Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, aseguró que en 2017 la Corte de Distrito del Sur de California presentó cargos contra Héctor Mora “por presuntos actos de lavado de dinero y tráfico de drogas, con base en una investigación de 18 meses realizada por la DEA”.
El senador Martín del Campo mostró al titular de SCT un legajo de documentos que, según el panista, “es el resolutivo de la DEA”. Y añadió que ese mismo 2017 la Dirección General de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “identificó a Mora Gómez como un narcotraficante destacado, siendo que congeló precisamente sus cuentas”.
Jiménez Espriú tuvo que mostrarse “muy interesado en que eso quede perfectamente esclarecido”, porque de ser verdad él mismo habría fallado en la encomienda que les hizo el presidente López Obrador a sus secretarios de Estado para que el 60% de la calificación de las personas propuestas a un cargo de su dependencia fuera “honestidad clara y pura”, 30% “vocación de servicio” y apenas un 10% “que sepa manejar el abanico”.
Durante la campaña electoral se hizo patente, en su propio muro de Facebook, que Mora Gómez no era en absoluto simpatizante de López Obrador ni de su proyecto de gobierno. Pero en los días siguientes a su designación como director de la API, sus amigos alegaron que si algo sabe hacer el capitán Mora es menear el abanico en materia portuaria.
Proceso incluye la repuesta que Héctor Mora Gómez dio a lo dicho por el senador panista: son “un invento” los señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico: “Me parece nefasto que me digan eso a mí, que no he tenido contacto con las drogas, ni siquiera de consumo, mucho menos de otra índole”.
Las sospechas contra Mora y otros civiles a cargo de los principales puertos mexicanos, concluye Álvaro Delgado, fortalecen la iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena para quitar a SCT el control de los puertos para unificar la autoridad en la Secretaría de Marina.
La militarización, insiste Proceso, podría ser el mecanismo para sacar al Cártel del Mencho de los principales puertos mexicanos.
PUERTA AL FENTANILO
No sólo es Proceso, ese mismo 12 de enero El Sol de México publicó como principal de su primera plana una nota de Manrique Gandaria: ‘Colima, puerta de acceso para el fentanilo’ (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/colima-puerta-de-acceso-para-trafico-de-fentanilo-hacia-eu-4688934.html).
Tras aclarar que el destino es Estados Unidos, el buque insignia de la Organización Editorial Mexicana detalla que: “Organizaciones criminales traen la droga desde Asia; en EU hay un alto consumo”.
La pieza periodística revela que la Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la pista a una red de empresas fantasma dedicadas a lavar dinero de las operaciones ilícitas mediante las cuales el crimen organizado trafica fentanilo desde Corea, China y Taiwán hasta Manzanillo, para luego llevar la droga a Estados Unidos vía Sinaloa y Baja California.
Estas compañías fantasma tienen como fachada empresas farmacéuticas, de ropa y hasta de cerveza. Pero, a diferencia de Proceso, El Sol de México no le atribuye al CJNG el monopolio de este negocio, pues informa que también ha sido documentada la participación del Cártel de Sinaloa.
Esta droga, como la que apareció en un decomiso en Culiacán el pasado mes de abril, donde se aseguraron 40 mil pastillas y 14 kilogramos de polvo de fentanilo, es una de las más potentes del mercado negro. Estudios clínicos encontraron que es 50 veces más poderosa que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina.
“Por eso, su presencia en el mercado ilícito ha levantado la alerta de las autoridades, especialmente en Estados Unidos, donde Centro Nacional de Estadísticas de Salud señala que el consumo de este estupefaciente estuvo involucrado en casi 29 por ciento de las 63 mil 632 muertes por sobredosis”, explica Manrique Gandaria.
Ese potencial de daño a la población civil justifica la pretensión de Donald Trump de considerar terroristas a los cárteles mexicanos, con todo lo que eso implicaría para nuestra seguridad y soberanía nacional.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.