+ Javier Dueñas espera solución antes de morir. Asegura que lo ha frenado el SAT.
Un reclamo por 25 millones de pesos es el que hace el grupo de defraudados por José Ocampo Verdugo (JOV) que encabeza Javier Dueñas Chávez, apoderado legal y líder social de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A. C.
Estos recursos tendrán que salir de la venta de los bienes incautados a la Caja Popular del Pacífico que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sigue usufructuando, no obstante que un juzgado de lo familiar ordenó hace tres años que se les pague a los ahorradores.
Además de esa resolución judicial, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado logró inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a nombre de los ahorradores de Colima, los bienes embargados a JOV.
En el marco de una asamblea general extraordinaria celebrada el 27 de julio en un domicilio particular de la colonia Placetas Estadio, se tomó el acuerdo de integrar una nueva mesa directiva ante el delicado estado de salud de Dueñas Chávez.
En voz de su nuevo presidente, Cuauhtémoc Garibay Mendoza, los defraudados por JOV demandaron la urgente intervención de los tres poderes del estado en los trámites que “por la situación del covid se han detenido”.
200 FAMILIAS
Los 25 millones de pesos reclamados por las 200 familias colimenses que participan en este movimiento, resultan de la suma del capital y los intereses generados desde hace más de 20 años que data “este problema social”.
“Es una súplica desesperada al gobernador Ignacio Peralta, a quien le reconocemos y agradecemos el gran apoyo que nos ha brindado”, señaló Javier Dueñas –visiblemente debilitado por la enfermedad– a nombre de la Unión de Ahorradores y de los colonos del fraccionamiento Bosques de la Rivera en la ciudad de Colima.
Garibay Mendoza explicó, por su parte, que los afectados por JOV le plantearon a Indira Vizcaíno Silva, delegada del gobierno federal en Colima, que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado sea “una posible vía para que se haga justicia social y se reconozcan nuestros derechos civiles y mercantiles”.
El SAT frena el proceso de adjudicación, desde hace tres años que se logró la resolución del juzgado y la acción de la Consejería Jurídica, aclararon los ahorradores.
Cubiertos todos con cubrebocas y guardando en lo posible la sana distancia, se celebró la asamblea en la que se renovaron el consejo directivo y el consejo de vigilancia de la Unión de Ahorradores que integran los defraudados por la Sociedad Cooperativa Caja Popular del Pacífico, la Caja Popular del Sol, Libier López Mendoza de la “Estética Libier, Cooperativa de Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos y/o Corporativo del Nilo, Empresarial del Jaro y la SOFOM E. N. R.
“Seguiremos en lucha hasta la muerte”, dijo Javier Dueñas Chávez, tras agradecer a los médicos que lo mantiene con vida con líquidos, porque ya su intestino no acepta nada. “Mi espalda es el puro hueso, no puedo caminar, ya me dieron los santos oleos”.
SAT COBRA RENTAS
Cuauhtémoc Garibay explicó a Carvajal Berber que el SAT embargó los bienes que José Cirilo Ocampo compró a nombre de los ahorradores. “Y ahora nos está peleando la posesión, aunque nosotros somos primeros en derecho. Hacienda tiene la tenencia física pero la tenencia legal la tenemos nosotros”.
Es el SAT el que ha estado “cobrando las rentas” de los bienes incautados a JOV: un edificio comercial en la esquina de La Campana (Emilio Carranza y Allende), hoteles en Colima y Cuyutlán, un estacionamiento céntrico en la capital y terrenos en Comala.
“Todos esos bienes están valuados en más de mil millones de pesos. Con el importe de la venta ampliamente se pagarían los 137 millones de pesos, más el interés legal, que reclaman los más de 4 mil colimenses defraudados por JOV”.
NO SOMOS TORREJÓN
Acompañado de Eliseo Mendoza, Javier Vizcarra, Zenaida Zepeda y Martha Natalia Batista, entre otros integrantes de la directiva, Cuauhtémoc Garibay reconoció que existe otra organización de ahorradores, la que formó “el licenciado Torrejón”.
Agustín Díaz Torrejón “formó una organización para quitarnos los derechos frontales y apropiarse del movimiento. Pero le salió mal y acabó en la cárcel” cuando allanó propiedades al “meterse a una casa”.
“Nosotros no somos de ese grupo, pero deseamos que se pague a todos los ahorradores que acrediten interés jurídico con documentos. Si vienen ahorradores de Torrejón, no nos oponemos a que se les pague”.