He recibido diversos mensajes del gremio de abogados de Colima, con respecto a la destitución de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Mario de la Madrid Andrade.
En varios de ellos me dicen que el proceso podría continuar con la revocación de las designaciones de los otros tres magistrados del STJE que se nombraron después de Mario, y hasta del comisionado del Infocol Francisco Yáñez Arvizu, que entró también en el paquete de los magistrados del TJA que aprobó el Congreso.
Entre esos mensajes hay muchos que coinciden en señalar lo injusto que resulta que se empañe el prestigio profesional de De la Madrid Andrade, por un procedimiento en el que el reconocido jurista no tuvo que ver directamente.
No me extrañaría que los propios candidatos a magistrados hayan advertido a sus promotores que ya no se puede designar a los impartidores de justicia con la primacía del Ejecutivo. Pero por una razón de Estado nadie les hizo caso: le sobran asesores a Ignacio Peralta que siguen confundiendo gobernabilidad con autoritarismo.
Otros mensajes aclaran que si bien a Leticia Chávez Ponce no la impugnó Rumualdo García, como sí lo hizo con René Rodríguez Alcaraz y Marcelino Bravo Sandoval, la magistrada está en riesgo efectivamente de ser removida, al contrario de lo que este columnista suponía y que plasmé en una columna anterior.
Según los abogados consultados, ya se acumularon por lo menos cuatro amparos donde también se pide la destitución de Leticia Chávez, por la sencilla razón de que si se pide un amparo en contra de todos los nombramientos ella no puede ser la excepción.
De este modo, los siete funcionarios que fueron designados en una misma operación política basada en la presunción de que todo depende de la voluntad política del Gobernador, terminarán perdiendo su cargo.
Hablamos de los tres del Supremo Tribunal de Justicia que se mencionan, más los tres del Tribunal de Justicia Administrativa (Andrés García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López) que ya fueron destituidos antes que Mario de la Madrid.
DE MAYO, NO PASA
Los auténticos ‘tú sigues’ de esta cadena son René Rodríguez, Marcelino Bravo y Leticia Chávez, es lo que apuntan sus colegas. Y esto podría ocurrir en unas cuantas semanas. Es más, “de mayo no pasa”.
En días pasados le turnaron el asunto de René y Marcelino al magistrado ponente del Tribunal Colegiado de Circuito que proyectó el amparo de Rumualdo García en contra de la designación de los magistrados del TJA: García Noriega, Villalpando y Figueroa. El resultado es previsible.
Si el Colegiado concedió la solicitud que implicaba la destitución de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, se espera que conceda nuevamente el amparo a Rumualdo y destituyan a René Rodríguez y Marcelino Bravo del STJE.
Claro, no es una sentencia de muerte. Los afectados podrían interponer un incidente de incompetencia para los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito que los quieran destituir. Pero no olvidemos que ya a los magistrados del TJA les negaron ese recurso.
Quizá por eso, en los corrillos judiciales se comenta que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, quiere promover una controversia constitucional para defender a los nuevos magistrados, empezando por exigir la restitución de Mario de la Madrid y eventualmente la de los otros tres magistrados peraltistas.
EL VERDADERO ‘TÚ SIGUES’
Bartolo Trejo –me explica un amigo– se decía familiar cercano del doctor Miguel Trejo Ochoa, ambos ya fallecieron. Bartolo vendía carnitas en una batea que cargaba sobre la cabeza. Y la gente, su clientela, lo conocía por el apodo que usaba como pregón cuando vendía: “¡Tú sigues!”
ESTERTOR PRIISTA
El desfile del 1 de mayo de 2019 en Colima tuvo aún como protagonistas a los sindicatos identificados con el PRI. Un pequeño contingente de trabajadores simpatizantes de Morena rompió la monotonía tricolor y marchó también por las calles para pasar por Palacio de Gobierno. Pero todavía no son el grueso del movimiento obrero, ni mucho menos.
La aprobación dos días antes de la reforma laboral era la oportunidad para que los trabajadores agremiados bajo la bandera de la Cuarta Transformación se manifestaran en Colima, pero esas organizaciones no existen todavía. El sindicato más a la izquierda con presencia local es el de telefonistas. Tendrán que venir nuevos sindicatos en el sector minero, el eléctrico, el petrolero y en el portuario.
Falta tiempo para que empiece a mostrarse en el país la nueva estructura sindicalista surgida de una reforma que permite la elección libre, secreta y directa de las dirigencias sindicales, la formación de tantos sindicatos por empresa como quieran sus trabajadores y el fin de los contratos colectivos “de protección”, esos que se firman entre el patrón y los dirigentes a espaldas de los trabajadores, mediante el intercambio de dinero y prebendas de diferente tipo.
La era de los sindicatos oficialistas que en la práctica se comportaban como la mafia en otros países, para someter a los trabajadores a un régimen de salarios castigados y negar las prestaciones de ley con mecanismos como el outsourcing, llegó a su fin.
Un signo de los tiempos es que, mientras antes los trabajadores disidentes se colaban entre las huestes priistas y eran apaleados verbalmente por los oficialistas, esta vez fue Graciela Larios, la jerarca cetemista en el estado, quien tuvo que escurrirse de los acosadores que le gritaban sin pudor: “¡Fuera Chela!, ¡dinosaurio!”
Son tiempos de un nuevo sindicalismo. Al menos es lo que prometen los legisladores de Morena y de otros partidos que celebraron la aprobación de la reforma. La nueva Ley del Trabajo llega tarde, como un requisito para la firma del T-MEC cuando en realidad debió entrar en funciones con el TLC en 1994.
La reforma constitucional la pospusieron los priistas, preocupados por no quitarle al sector obrero del Partido el control de los trabajadores que conseguía mediante el corporativismo. Y lo aplazaron los panistas deseosos de establecer un régimen laboral en donde todas las ventajas fueran para la patronal y ninguna para el trabajador.
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