Este lunes, la diputada de Morena, Blanca Livier Rodríguez Osorio, presentó en el legislativo un documento con sus observaciones para que en la Ley de Educación del Estado de Colima, que actualmente se discute en comisiones, se haga una adición que contemple la creación de un órgano para investigar casos de acoso y violencia de género hacia los estudiantes.
Este órgano, será encargado de las investigaciones y procesos administrativos en asuntos de violencia de género contra estudiantes de la entidad y según lo propone el documento, sería público e interinstitucional, además de que se compondría por: La o el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la titular del Instituto Colimense de las Mujeres, un representante de la Secretaría de Educación. La o el titular de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del Congreso del Estado, la o el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del Estado y un representante de la institución educativa a la cual pertenezca la estudiante que presente su denuncia. El artículo que se propone reformar para su instauración es el 80 bis.
La diputada señaló en su exposición de motivos que esta figura es necesaria para “que dé confianza y certeza a las mujeres que denuncien, de que se llevarán a cabo los procesos administrativos y las investigaciones correspondientes de forma eficaz e imparcial, con perspectiva de género y sin revictimizar a quienes denuncien”.
Enfatizó que aunque las víctimas han hecho esfuerzos por denunciar y ser escuchadas los esfuerzos institucionales han sido insuficientes y en Colima, las situaciones de este tipo ya han hecho que las afectadas tengan que manifestarse para buscar justicia. Por ejemplo, en los casos de las estudiantes de la secundaria, Enrique Corona Morfín o de la Universidad de Colima que han alzado la voz contra el acoso que han padecido por años o generaciones.
“Las mujeres que denuncian, manifiestan reiteradamente su poca credibilidad en las instituciones encargadas de atender, investigar, prevenir y sancionar los asuntos de acoso, hostigamiento y violencia de género. Refieren que muchas veces se protege al agresor, que reciben tratos denigrantes durante los procesos de investigación, tratos revictimizantes.
Sobre todo cuando el presunto agresor se encuentra en una relación asimétrica de poder, como un superior jerárquico en el ámbito laboral, o un profesor en el ámbito escolar”, resalta la iniciativa.