+ Águeda Catalina Solano Pérez compareció ante Diputado, para la Glosa del Informe
Al comparecer ante el Congreso del Estado para ampliar el Tercer Informe de Gobierno, la Contralora General, Águeda Catalina Solano Pérez, manifestó que esa dependencia trabaja para eficientar el quehacer gubernamental que permitan rendir cuentas claras a la sociedad y consolidar la cultura de la legalidad, con estrategias para dar seguimiento a la aplicación de los recursos estatales, programas federales y contrataciones públicas.
Reconoció que existía gran rezago en control interno, pues en el diagnóstico al inicio de la administración, se observó que Colima carecía de lineamientos, políticas y procedimientos y se carecía también de un código de ética y de conducta, “sin embargo, hemos logrado avanzar”, aseguró la titular de la Contraloría General del Estado.
POSICIONAMIENTOS
La Diputada del PVEM, Martha Alicia Meza Oregón consideró un halago recibir a la titular de la Contraloría por ser una mujer representante de primer nivel en la administración estatal, porque conoce su trayectoria de honestidad y honorabilidad que marca su trabajo. Estima que la Contraloría General tiene un gran reto para mantener una vigilancia permanente de las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo y pareciera que es fácil la función fiscalizadora.
“No se debe perder de vista que la labor es inmensa para el correcto aprovechamiento de los recursos y que no exista la posibilidad de que los recursos se distraigan ni por acción u omisión, es un tema que requiere la atención de todos los ciudadanos, vigilar la aplicación del recurso financiero; hay un reto mayúsculo pues los retos exigen la mayor transparencia del Gobierno y deberá estar preparada a las exigencias”.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, recordó que la función de la Contraloría es el control y fiscalización interno del Gobierno, fomentar la participación ciudadana, promover una cultura de transparencia y promover la cultura de legalidad e inhibir actos de corrupción. Dijo que si se capacitaron 334 integrantes de 94 comités de vigilancia, pidió que explique cómo se integran y cómo funcionan esos comités, el criterio de selección y cuáles son los requisitos para integrarlos. En qué consisten los comités de ética y cuáles son sus alcances.
Cuestionó cuáles son los alcances que tiene la Contraloría en el caso de la implementación de procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, pues en el informe que se presentó se menciona la radicación de 161 procedimientos de ese tipo y cuál es la responsabilidad de su dependencia para que cumplan todos los funcionarios sus declaraciones patrimoniales y de no conflicto de interés.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora Lizet Rodríguez Soriano se congratuló que Águeda Solano es una mujer que desempeña esta responsabilidad y lo haga de manera tan eficaz; en una de las dependencias más importantes porque una de las grandes exigencias es el principio de certeza en cuanto al actuar de los funcionarios y que se observe con rigor el actuar institucional, observando la ética y enfocando sus esfuerzos en quien ha hecho malos manejos, pero aún falta mucho por hacer.
Lizet Rodríguez dijo que se han ponderado los logros financieros en el Gobierno, “pero esto no significa nada si el ejercicio púbico no se realiza bajo los estándares más estrictos de control” y pregunta que ha hecho relativo al monto pendiente de solventarse en las Cuentas Públicas 2015.y las acciones en relación a los contratos de la API por supuestos conflictos de intereses del Gobernador. En torno a los gastos de Comunicación Social, preguntó si son excesivos. Hizo un reconocimiento a todo el personal de la Contraloría General y esa dependencia cuenta con el Poder Legislativo para realizar de la mejor manera su trabajo.
A nombre de la fracción legislativa del PAN, el diputado Francisco Javier Rodríguez García señaló que es muy subjetivo si es excesivo o no el gasto en medios de comunicación y destacó el aspecto ético, pues un recurso económico que es equiparable a lo que se invierte en becas, ese dinero va destinado a un medio de comunicación propiedad del tío del Gobernador, cuando mejor se debía invertir en seguridad, salud, educación y en aspectos prioritarios.
Aseguró que no duda del profesionalismo de la Contraloría, pero pregunta cómo un Órgano Interno de Control puede ser eficaz para que se apliquen sanciones. “El mayor reto de la Contraloría es la credibilidad y que no sea tapadera del Gobierno. Estimó que donde se debe avanzar es en que haya sanciones a servidores públicos; “en la rendición de cuentas hay una tarea enorme”, acotó.
El Diputado Guillermo Toscano Reyes, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció que la Contraloría tiene importantes retos por delante, particularmente por su participación directa en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y por la responsabilidad que tiene en el Gobierno de Colima de desempeñar las funciones del Órgano Interno de Control.
Expresó el interés de saber si tiene funcionarios sujetos de procedimientos de responsabilidades administrativas que no sean derivados de las observaciones en la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación y. agregó que el principal problema que tiene el Gobierno es la corrupción; “en Morena nos conducimos bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar” y pidió que sea sancionado todo aquel funcionario que violente la ley.
La Contraloría General del Estado debe ser la primera instancia que vigile las acciones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, la que podrá corregir, investigar y sancionar conductas o acciones que resulten contrarias a la ley, señaló el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional y actual presidente de la mesa directiva en la 59 Legislatura local.
CONTRALORA GENERAL
Previo a los posicionamientos de las y los legisladores, la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez expuso que el esfuerzo y participación de todos los poderes, órdenes y niveles de Gobierno, Colima será ejemplo nacional de un servicio público íntegro y ético.
Hizo énfasis que la ciudadanía demanda una administración con credibilidad y confianza, que no se genera a través de la retórica o de acciones espectaculares, pues esta es, dijo, consecuencia de un trabajo ordenado y apegado a la normatividad, en el que la gestión pública debe contribuir al fortalecimiento de una cultura de la legalidad, orden, control, transparencia y rendición de cuentas.
“El trabajo que realiza la Contraloría General tiene una alta incidencia en la vida institucional y en la de todos los beneficiarios de sus acciones, por lo que reiteró que seguirán trabajando así, bajo la referencia de buenas prácticas que les permitan consolidar altos estándares en el buen uso de los recursos públicos y los procesos presupuestarios. Informó que la Contraloría realiza acciones coordinadas con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, con en el fin de sumar esfuerzos y de generar nuevas formas y herramientas para eficientar y transparentar el quehacer gubernamental.
Desde 2017 la Contraloría trabaja en la prevención de Control Interno y Ética Pública, implementando herramientas de control para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública cumplan las metas encomendadas, capacitando a servidores públicos en la normatividad de control interno, responsabilidades, cultura de legalidad, ética pública, conflicto de interés y combate a la corrupción.
Finalmente, Águeda Solano explicó que se radicaron 161 procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), de los cuales 84 tienen origen en presuntas irregularidades derivadas de auditorías que conjuntamente realizó la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado.
El presidente de la Mesa Directiva, Guillermo Toscano Reyes, agradeció la comparecencia de la Contralora General del Estado ante el Congreso y su plena disposición para aclarar las dudas de sus homólogos de las diferentes fracciones legislativas, en lo que fue el cierre del ciclo de comparecencias de la administración pública estatal ante la 59 Legislatura.