Mientras tendría que estar festejando tres años de “compromisos cumplidos”, el gobierno de Ignacio Peralta se pasa los días intentando explicar por qué no se han cumplido sus dos principales promesas de campaña, restablecer el Estado de Bienestar y recuperar el Estado de Derecho, ofertas políticas implícitas en el lema: “Vas a vivir feliz, seguro”.
El lunes, durante la ceremonia cívica del mes en el Complejo Administrativo, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aseguró que su administración se ha enfrentado a la “adversidad” en sus tres primeros años. Y proclamó que, sin embargo, “ha logrado sobreponerse y buscar la eficiencia”.
No obstante que el gobierno no es una empresa de la cual puedas claudicar (el cargo mismo es irrenunciable), celebró llegar a su tercer aniversario “trabajando y dando resultados”, menciona el boletín de prensa. Asumo que tal es su obligación.
Como respuesta a la pregunta que se hacen desde 2016 distintos sectores de la sociedad, ¿qué diablos hicieron con el dinero?, JIPS explicó que “recibió problemas que no se resolvieron durante años y que se acrecentaron, combinándose con nuevos retos”.
Antes de su llegada al poder, dijo Nacho, la situación administrativa y financiera del gobierno estatal era penosa, “por lo que se carecía del soporte indispensable para trabajar. Y sin embargo lo logramos”.
¿Lograron qué?, cabe preguntarse. Pues nada menos que “la recuperación financiera, la reordenación administrativa y la transparencia en el gasto”.
Además, se crearon “nuevas instituciones al servicio de la sociedad, como la dedicada a las pensiones de los trabajadores del sector público, lo cual es una garantía de justicia social y de estabilidad hacia los siguientes años”.
De paso, no obstante que las dos legislaturas con las que le ha tocado convivir arrancaron su periodo con una mayoría de oposición –la primera en manos del PAN, la actual en las de Morena– el régimen priista en el estado consiguió “un diseño de normatividad más adecuada a nuestra circunstancia”, una “revigorización de nuestro texto constitucional completo”.
Finalmente, reconoció que “todavía hay algunos retos pendientes por resolver”, y ¡qué pendientes!, “como el tema de la seguridad pública, la cual dijo es afectada por factores nacionales que superan el marco de toda previsión estatal”.
ESTADO SICARIO
Lo que está pendiente son todas las acciones de combate a la delincuencia organizada que –a nivel nacional se ha reconocido– es uno de los factores que generan la inseguridad y la violencia que asolan el territorio de Colima, toda la región occidental del país y buena parte de la república.
Pero es difícil justificar que no se hayan cumplido en Colima objetivos específicos como construir el C-5, profesionalizar a la policía estatal y adquirir más patrullas, cuando ni siquiera se admite la gravedad del problema de la inseguridad.
Hubo que esperar al cambio de gobierno federal para que de pronto los mexicanos descubriéramos oficialmente que en Colima también hay narco-fosas. Eso les dio credibilidad a las muchas familias que reclaman desde hace años por la desaparición de alguno de sus miembros.
Para quienes se sientan en una mesa para la paz y la seguridad cinco días a las semana, es imposible no ver lo que está ocurriendo en el estado. El gobierno estatal ya no puede dejar de mirar a un lado ni las autoridades federales pueden dejar de especular sobre las causas estructurales de los hechos violentos que han sido clasificados por la procuraduría local como delincuencia común. Ambos órdenes tienen que poner las cartas sobre la mesa, y obligar a los ayuntamientos a que abran su juego para detectar la eventual complicidad de funcionarios públicos con organizaciones criminales.
Encarar el problema de los sicarios sería un buen comienzo, pero la administración Peralta optó por culpar a las redes sociales de difundir fake news. El caso de la joven que pudo escapar de su secuestrador y que con la detención del plagiario detonó el escándalo de las narco-fosas, sólo indica que en materia de información sensacionalista las cuentas que los colimenses tienen en Facebook y Twitter se quedan cortas.
Por lo demás, el vacío de información se llena con rumores. Las redes sociales virtuales no son otra cosa que la versión digital de las mismas redes sociales que antes tenían como centro el molino, los lavaderos y los cafés.
Hizo mal el diputado Rogelio Rueda en acusar de irresponsables a quienes participan en esas redes donde evidentemente no se hace periodismo, se cuentan chismes. El exhorto para que haya un tratamiento serio y responsable de la información policial debió habérselo hecho el priista a los voceros del gobierno estatal.
LO DIJO ASTILLERO
Molestia causó en los círculos gubernamentales que las imágenes que muestran el aparato de seguridad que se congregó en el festejo por el cumpleaños de Arnoldo Ochoa González aparecieran en noticieros nacionales.
Mas, por qué se sorprenden si el propio secretario general de Gobierno, el mandatario estatal y el ex gobernador Fernando Moreno –por mencionar sólo a tres de los personajes que suelen coincidir en las fiestas de Arnoldo– llevan siempre escoltas. Ya no se diga si al festejo, como ha ocurrido en anteriores aniversarios, asisten también mandos militares, navales y policiales. Hasta vehículos artillados se han visto en esos cumpleaños.
Eso era normal –aunque ya detestado por la gente– en el sexenio anterior. Pero en éste, donde el presidente de la república aborda aviones comerciales y se enfrenta a los manifestantes de la CNTE en Michoacán (casi) sin guaruras, la presencia de guardaespaldas en torno a funcionarios públicos colimenses causa curiosidad periodística, por decir lo menos.
¿Cómo es posible que –en un estado donde la gente es acribillada en su casa, levantada y luego encontrada muerta por disparos en una brecha o desaparece para a la vuelta de cinco años ser identificada por su ADN entre los restos encontrados en una fosa clandestina– gran parte de los elementos de seguridad con los que cuenta el gobierno del estado sirvan para la protección de funcionarios y empresarios, amigos o familiares de los gobernantes?
Eso es lo que no entiende gente como Julio Hernández “Astillero”. Los colimenses sí lo entendemos: esos personajes están disfrutando del poder. Pero no necesariamente lo aceptamos.