Arnoldo Ochoa González tardó casi una semana en dejar la Secretaría General de Gobierno. Obviamente, no se quería ir.
Una vez más el gobernador Ignacio Peralta tuvo que forzar la situación al designar como nuevo titular de ese despacho a Rubén Pérez Anguiano, quien llevaba apenas unos días al frente de la Sedescol.
Se esperaba que Ochoa González renunciara al cargo desde que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le formuló en público la invitación para incorporarse al comité ejecutivo en calidad de secretario adjunto.
Pero el profesor Arnoldo no dimitió. Más bien, como dieron cuenta la prensa y las redes sociales, hizo esfuerzos para quedarse en el gabinete. Sus amigos argumentaban que no hay otro elemento, con su experiencia y sabiduría política, capaz de ayudar al mandatario estatal a sortear los escollos que le esperan al final del trayecto sexenal.
Como Nacho Peralta ya había tomado la decisión y la había operado con la ayuda de Alito, prolongar la estancia del Güero Ochoa ponía en duda la autoridad política del mandatario.
Si JIPS no es capaz de hacer que se cumpla su voluntad, ¿cómo podría seguir ostentando el Poder Ejecutivo?
FORTALEZA DEL VICIO
La situación política del gobierno del estado se deterioró terriblemente durante los siete días en que Arnoldo Ochoa se aferró al cargo.
El operativo de la Fiscalía General de la República para detener a los responsables del homicidio de un juez federal y de su esposa, no se limitó a sobrevuelos de helicópteros y patrullajes terrestres de la policía ministerial federal, sino que produjo entre otras reacciones un enfrentamiento en conocida fortaleza del vicio.
Tanto el gobierno federal como el del estado hace tiempo que separaron administrativamente las funciones de seguridad pública de la gobernación, pero el responsable de la política interior sigue encabezando el gabinete de seguridad.
Mantener la ley y el orden es fundamental para la gobernabilidad del estado o, como les gusta decirle ahora al buen gobierno, para la gobernanza. Y un funcionario descreditado por su propio jefe como era ya Arnoldo, no podía seguir presidiendo las mesas de seguridad.
El relevo de las instituciones locales por parte del aparato federal implicó un duro cuestionamiento para quien generó, o al menos mantuvo, las condiciones políticas que llevaron a la entidad a semejante estado de inseguridad.
ALQUIMIA ELECTORAL
Peralta Sánchez, quien ya hizo cambios en la Fiscalía del Estado y varios al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, no podía seguir excluyendo de la ecuación a la Secretaría General de Gobierno.
Una de las muchas promesas de campaña incumplidas por este gobierno es el C-5, instalación de vigilancia y coordinación. No han podido concluir la obra negra y falta el equipamiento que, según ha declarado reiteradamente JIPS, es lo más costoso.
El problema es que las transferencias federales ya se hicieron y el gobierno del estado requiere de un crédito para reponer ese dinero. Sin embargo, el Congreso local no va a autorizar mayor endeudamiento porque, además, la Secretaría de Hacienda no avalará el nuevo préstamo.
Todo esto en el marco de una polémica desatada por las declaraciones del presidente López Obrador, que los consejeros del INE fingieron no entender, advirtiendo que la Federación no va a permitir que los estados usen los recursos públicos (económicos, humanos y hasta policiales) para intervenir en las elecciones de este y el próximo año.
Reconocido Arnoldo Ochoa como un cuadro especializado en materia electoral por el propio Moreno Cárdenas, el gobernador Peralta no podía enviar al Ejecutivo federal el desafiante mensaje de sostener en la operación política del estado a un experto alquimista.
NO HUBO HALCONAZO
Las primeras señales de un cambio de dirección en la ruta de colisión contra la 4T que se había trazado el gobierno de Nacho, se dieron en el contexto de la marcha que organizó Morena para pedir la renuncia de Peralta Sánchez y, más concretamente, la de Arnoldo Ochoa.
Aunque estaba fuera del estado, el Gobernador dio la orden de suspender larepresión que se había planeado en la tónica del halconazo de Guadalajara. Hubo instrucciones muy claras para mantener a los tlaxcaltecas fuera de Colima.
Ya tenían todo preparado para infiltrar a la manifestación con vándalos y usar a esos golpeadores no sólo para provocar daños en los comercios del centro buscando incriminar a los morenistas, sino para agredir a quienes marcharan.
A ese objetivo respondió la campaña mediática y en internet que anticipaba el arribo a Colima de grupos violentos supuestamente manejados por Morena.
Querían culpar a la 4T de desestabilizar al estado,como supuestamente lo estaban haciendo con todas aquellas entidades gobernadas por los mandatarios del G-8.
Pero Nacho giró instrucciones para suspender lo que habría sido una réplica de lo sucedido en Guadalajara, donde policías vestidos de civil levantaron a jóvenes aunque no se dirigieran a la marcha, y los retuvieron por horas para sembrar el terror entre los manifestantes.
La maniobra represora en Jalisco fue tan burda que el propio gobernador Enrique Alfaro (el mismo que había señalado a Palacio Nacional de orquestar las manifestaciones en su contra) se deslindó de esos agentes y los acusó de trabajar para los grupos delincuenciales.
Monitoreada en toda su extensión, en vivo y en directo por los medios digitales alternativos, la marcha en Colima fluyó pacíficamente. Y los manifestantes no cayeron ni siquiera en la provocación de los infiltrados que colocaron una manta en contra del diputado Vladimir Parra en Palacio de Gobierno.
“MENTIRAS FALSAS”
Ya veremos si el nombramiento de Rubén Pérez Anguiano en la Secretaría General de Gobierno se inscribe en la misma línea de distensión con el gobierno federal.
Alguien en las redes sociales celebró el arribo de un humanista (Rubén fue secretario de Cultura en dos sexenios sucesivos y dos veces secretario de Desarrollo Social) a una oficina donde, ciertamente, se requiere una actitud conciliadora para mantener el diálogo con las fuerzas políticas del estado.
De entrada, para restablecer la interlocución con Morena el nuevo secretario general de Gobierno tuvo que parar la campaña mediática organizada con la ingenua pero perversa intención que Ochoa González no se fuera solo.
A ningún otro propósito obedeció la rumorología –ese mismo miércoles por la mañana, antes que se anunciara el relevo en el gabinete estatal– en el sentido que la delegada del gobierno federal anunciaría su renuncia por un supuesto escándalo de enriquecimiento inexplicable.
Indira Vizcaíno explicó que el departamento en la ciudad de México que le atribuyen, lo compró su hermana Juanedi con un crédito hipotecario que ella misma ha estado pagando. La delegada simplemente firmó de aval para fortalecer la calificación crediticia de la adquiriente.
Y en cuanto a la camioneta que usa en el trabajo, dijo Indira, la compró también con un financiamiento a cuatro años, cuyo monto no es por el total de la factura pues hay que descontar del saldo el enganche que dio Indira, tras vender su Jetta y seguramente hacer alguna aportación adicional.
Más desconcertantes fueron las fakenews o, como solía decir el presidente López Obrador, las “mentiras falsas” respecto a que el coordinador de los diputados de Morena, Vladimir Parra, había sido arrestado por supuestos malos manejos de recursos proporcionados por ¡el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)!
Ojalá que los colegas que se prestaron al juego sucio respondan una pregunta: ¿qué sentido tuvo difundir noticias que serían desmentidas en cuestión de horas?
Sin duda, las voladas sirvieron para engatusar priistas. Algunos se quedaron con la impresión de que la información era cierta y no faltó quién festejara en su perfil de Facebook el descarrilamiento de Vizcaíno en su aspiración a la gubernatura.
Por lo demás, el bulo del BID buscaba acaso intimidar a las diputadas que presentaron la denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra todos los funcionarios, del Gobernador para abajo, involucrados en la retención de las aportaciones de trabajadores al fondo de pensiones.
SECRETARIO POR COMPROMISO
En los corrillos políticos se especula si la semana que pasó antes de que Nacho ejecutara su voluntad, la invirtió el mandatario en cavilar sobre la conveniencia de invitar a Kike Rojas a la Secretaría General de Gobierno.
Hay una razón por la cual envió al ex dirigente estatal del PRI a la Sedescol y no como sustituto de Arnoldo Ochoa: había que remarcar el carácter imparcial de la conducción política durante el proceso electoral.
Es probable que el plan de trabajo de Kike contemple replicar las estructuras del PRI estatal con la creación de comités sociales de base, pero la Secretaría de Desarrollo Social ha estado desde el arranque del gobierno carente de fondos o programas.
Y a estas alturas no van habilitar la maquinaria clientelar de la Sedescol, luego que la volvieron un cascarón vacío para que Indira Vizcaíno –secretaria de Nacho, en la lógica de un gobierno de coalición– no pudiera usarla políticamente.
Con el nombramiento del ex munícipe de la Villa, Peralta cumple su compromiso de hacerlo secretario. Pero lo manda a un despacho donde será un funcionario menos operativo a como lo hubiera sido en la Secretaría de Movilidad.
En cambio, las implicaciones de designar a Pérez Anguiano no están todavía a la vista. Si bien marcan un deslinde para con el grupo cercano que vetó la permanencia de Rubén en la Sedescol al terminar el interinato de Ramón Pérez Díaz. Y, muy probablemente, conllevan la promesa de mantener la neutralidad de Nacho durante el proceso electoral.
Los mismos que vetaron a Rubén, por cierto, asumen que la designación de José Manuel Romero Coello como presidente del PRI estatal y su nominación a la gubernatura son dos etapas de un mismo proyecto.
Algunos otros ven el nombramiento de Pérez Anguiano como un nuevo guiño a Mario Delgado Carrillo, en razón a que su hermano Miguel fue durante años colaborador de Rubén en la Secretaría de Cultura y ahí continúa trabajando.
Después de la bravata de los gobernadores, el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro sigue siendo el único enlace de Nacho Peralta con la 4T. Es Mario quien podría abogar por JIPS en la negociación de una salida digna.
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