El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, esa que todo funcionario o representante popular protesta que cumplirá y hará cumplir (aunque no sepa qué carajos dice), establece en su artículo cuarto (desde el 3 de febrero de 1983) que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Este párrafo a su vez se encuentra contenido en el Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías. Lo anterior significa que nuestros gobernantes no pueden elegir si garantizan o no dicho derecho, sino que tienen la obligación de hacerlo. Ese capítulo se llamó antes, precisamente, Garantías Individuales). Los padres constitucionalistas identificaban los derechos bajo el supuesto de la garantía estatal para su cumplimiento.
El derecho a la salud fue reconocido tardíamente, pues de origen se supuso que el cuidado de la salud de los mexicanos estaba asociado exclusivamente a otro, el de la seguridad social, reglamentado por el artículo 123, y de ese modo, sólo los trabajadores afiliados a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE podían tener la garantía de que su salud sería protegida. Esto fue así, en teoría, hasta la creación de ese engendro neoliberal que se llamó Seguro Popular, que fue creado en el 2003 y el cual, tantas veces criticó el Presidente López Obrador por no ser seguro ni popular.
Muchos estudios académicos se encargaron de abordarlo y las conclusiones de los estudiosos, nunca fueron favorables, pues las conclusiones fueron siempre muy críticas a ese sistema porque resultaba incompleto, deficiente, engañoso y en pocas palabras, inútil para los fines para los que supuestamente se había creado. Incluso, nunca fue del todo gratuito y sirvió más para tratar de engañar al pueblo, otorgando supuestamente un servicio que en la realidad nunca prestó.
Este juntador de letras se atreve a opinar inclusive, que el malvado Fox escuchó la opinión de alguno de sus asesores para crear el Seguro Popular como una manera de efectuar desvíos de recursos que favorecieran a los gobernadores de la época (la mayoría, de extracción tricolor), que entonces, comenzaban a operar como auténticos virreyes y que apoyaron al panucho a cambio de los grandes beneficios que recibieron como regalos de la Presidencia de la Repúblico: Uno repartía y los otros, echaban porras y apoyaban. Y al final de la historia, todos fueron felices (pero, todos los políticos, no todos los mexicanos).
Mucho costó al erario federal ese propósito. Enormes cantidades fueron traspasadas de la Tesorería de la Federación a las entidades federadas: Tan sólo en 2019, el dichoso Seguro contó con un presupuesto de más de 70 mil millones de pesos. Los gobiernos estatales de la vieja guardia estaban felices con dicho programa. Muchas veces, esos fondos se usaron como caja chica de los gobernadores y, en opinión de un sinnúmero de analistas, muchos de esos recursos fueron a parar a diferentes campañas políticas. Dicho de otro modo, el Seguro Popular talvez no curó a muchos enfermos, pero sí fue útil para lograr la salud financiera de muchos gobernadores y ex gobernadores y también, para la salud política de los partidos políticos que poseían gobernadores, a quienes se les permitía financiar las campañas de quienes deseaban que les sucedieran en su encargo.
El gobierno de la 4T por supuesto, no podía permitirse el lujo de continuar por ese camino y decidió desaparecerlo para que sus funciones fueran asumidas por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI. Y ahora resulta que este Instituto no puede arrancar del todo porque algunos gobernadores, 5 azulones (Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas) y el naranjito de Jalisco se oponen a firmar el convenio respectivo porque desean continuar manejando el antiguo modelo y recibir los fondos como lo venían haciendo. El objetivo del gobierno cuatroteísta es que el nuevo modelo funcione y para ello, resulta urgente acabar con el viejo modelo de simulación y corrupción.
Pero, así como criticamos a quienes se oponen a lo nuevo, vale le pena reconocer a los gobernadores que estuvieron de acuerdo en favorecer la operación del INSABI en los territorios que gobiernan, entre los cuales cabe destacar que se encuentran todos los emanados del PRI. Muy probablemente les duele la pérdida de fondos, pero hacen de tripas, corazón, pues espero que hayan empezado a comprender su situación como resultado de la derrota electoral sufrida en 2018 y su deseo de detener la debacle.
Los opinadores sacan conclusiones tendenciosas y hasta manejan inexactitudes y mentiras para anunciar, desde ahora, el fracaso del INSABI: Lo quieren muerto antes de nacer. No habría que dudar mucho que algunos fondos del Seguro Popular se hayan transformado en chayotes en más de una de las entidades federadas y que más de alguno de esos opinadores, ahora interesados también en que continúe, resulten damnificados. Como siempre, para estos individuos, son los intereses de unos cuantos privilegiados colocados por encima del interés general.
En mi querido (y sufrido) Comala, don Aldo, el presidente sí garantiza el derecho a la salud. Pero él, supongo, es uno de esos que no sabe lo que dice la Constitución, y garantiza el derecho a la salud, a su modo: Es el derecho a la Salud, como dicho de los bebedores, antes de empujar el contenido de la botella o del vaso a sus estómagos. Y garantiza tanto el derecho de los comaltecos a esa salud, como el de los visitantes. Así que, ¡Salud pues!
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.