Al fiscal anticorrupción en Colima le encargaron la vergonzosa tarea de descarrilar a la delegada de Programas de Desarrollo del Gobierno de México, Indira Vizcaíno Silva, en la carrera por la gubernatura.
A pesar de que el tema de Altozano ha sido perfectamente aclarado, Francisco Álvarez de la Paz informó este jueves 20 de agosto de 2020 al juez de control Abelardo García Luna, que dejará abierta la carpeta de investigación por el [im]probable delito de peculado en contra de la exalcaldesa de Cuauhtémoc.
El síndico que la acompañó en el trienio 2012-2015, Juan Manuel Preciado Barbosa, exigió mediante un amparo que la Fiscalía Anticorrupción se pronunciara ante el juez de control respecto a confirmar o no el ejercicio de la acción penal contra Indira Vizcaíno, el propio Preciado Barbosa y un tercer exfuncionario municipal.
Sin embargo, Álvarez de la Paz no hizo una cosa ni la otra. Está claro que el propósito del fiscal anticorrupción es mantener en vilo el proceso ministerial, con la intención de volver inelegible a la diputada federal con licencia.
No quiere Francisco Álvarez pronunciarse porque la causa es insostenible. Cualquier tribunal desecharía la denuncia del grupo de ‘ciudadanos’ que alegan que el ayuntamiento sufrió daño patrimonial.
PURA ESPECULACIÓN
Como sabemos, el cabildo sustituyó la propuesta de área de cesión (sin urbanizar) en el fraccionamiento Altozano por otra de terrenos en breña en la periferia de la cabecera municipal. Este predio fue urbanizado por la misma empresa inmobiliaria, como parte del acuerdo, y con ello la cabecera municipal enriqueció su equipamiento.
En ese momento, no calculando lo que pueda pasar en 20 o 30 años, el pueblo de Cuauhtémoc salió ganando cuando el ayuntamiento aprobó que el área de cesión fuera, finalmente, la que el gobierno de Indira destinó a recinto ferial y no el primer terreno que propusieron los fraccionadores.
Aunque esté anexo al proyecto residencial, esa primera superficie es todavía hoy inaccesible, está alejada de cualquier zona poblacional que no sea el propio Altozano y sigue siendo difícilmente aprovechable para fines públicos.
Si, eventualmente, lo que fue la primera propuesta de área de cesión se convierte en una ampliación del proyecto residencial, será como resultado de una especulación mercantil que no era previsible en la negociación original.
Tampoco hubiera sido anticipable que, ahora ya fallecido, al anterior propietario de los terrenos de la feria de Cuauhtémoc le salieran unos herederos que reclamarían su parte. Los desarrolladores de Altozano compraron y pagaron el terreno cuando el vendedor estaba vivo.
POR ABRIR UNA CALLE
El esquema para descarrilar a Indira ya lo conocemos, es el mismo que pretendieron aplicar en 2004 al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Vizcaíno Silva enfrenta ahora su propio proceso de desafuero.
El panista Vicente Fox sabía que la única manera de frenar la trayectoria de López Obrador hacia la Presidencia de la República era impidiendo que participara en los comicios. Y crearon tal nudo legal que, cuando la movilización social forzó al guanajuatense a reconocer la inevitabilidad de la candidatura del Peje, el general Rafael Macedo de la Concha terminó renunciando a la PGR porque alguien tenía que pagar el costo político de hacer el ridículo.
El fundamento legal para el desafuero de AMLO era tan insostenible como la acusación por peculado a Indira. Se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía suspender la construcción de la calle que daría acceso a un hospital, trazada sobre un terreno expropiado años atrás y por gobiernos anteriores.
Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden fue dilatorio y se responsabilizó de ello directamente a López Obrador. Todo porque, minutos después de que se cumplió el plazo para la suspensión, un operario movió (o eso se dijo) maquinaria pesada unos cuantos metros y, con eso, se acreditó el desacato.
Era tan burda la maniobra que la sociedad civil salió a las calles para protestar por la intentona. Y las movilizaciones contra el desafuero fortalecieron las estructuras ciudadanas que harían posible la impresionante votación a favor de Andrés Manuel en 2006.
El “peligro para México” se conjuró mediante un descarado fraude electoral. Felipe Calderón, el candidato del PAN que nunca figuró como puntero en las encuestas, acabó superando por apenas 257 mil 532 votos (0.64% de diferencia) a quien siempre fue favorito.
JUGAR SIN VENTAJA
Obligada a guardar bajo perfil por la naturaleza de su cargo y la advertencia que hizo AMLO de que ningún funcionario de la 4T podrá usar su posición para afianzar una aspiración política, Indira Vizcaíno no ha realizado actos anticipados de campaña.
Se infiere que busca prolongar lo más posible su estancia en la representación de la Secretaría de Bienestar, para capitalizar políticamente los apoyos que la delegación a su cargo da a amplios sectores de la población: mayores de 68 años, estudiantes de media superior, sembradores de vida, jóvenes que están construyendo su futuro y, en especial, grupos vulnerables.
Pero sus competidores por la candidatura cuatroteísta quisieran verla fuera de la delegación, a fin de que los aspirantes jueguen en cancha pareja.
Sin duda, entre la clase política y los medios muchos quisieran ver una carrera parejera entre las diputadas federales del primero y segundo distrito.
Con todo, Indira Vizcaíno tendrá que dejar la delegación en el momento justo para que su renuncia no parezca un cese.
MOVILIZAR LAS BASES
Tarde o temprano, Indira tendrá que dejar la delegación si es que quiere empezar a construir una estructura de apoyo a partir de su amplia base votante: la que logró en el primer distrito durante la elección de 2015 y, en el segundo distrito, durante los comicios de 2018.
La corriente de simpatía por Indira que empezó a crecer con las acciones de victimización política de las que ha sido objeto, se desbordará con la indignación de muchos colimenses si es que pretenden impedir la postulación de la delegada mediante una chicanada.
Si le inician un proceso penal por peculado, con el único objetivo de hacerla inelegible como candidata a la gubernatura, la gente saldrá a la calle como cuando los mexicanos progresistas echaron abajo el desafuero de López Obrador.
Sin embargo, no habrá movilizaciones masivas a favor de la exalcaldesa de Cuauhtémoc si antes, quienes trabajan por el proyecto electoral de Indira, no establecen compromisos políticos con personajes, grupos y sectores sociales.
Compromisos como los que ya están haciendo, por cierto, su correligionaria Claudia Yáñez y el ecologista Virgilio Mendoza, por mencionar a dos cuadros identificados con la 4T, o José Manuel Romero en el PRI y Leoncio Morán como abanderado de MC.
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