Si el significado de ‘causa grave’ está sujeto a interpretación, ¿se puede considerar grave el hecho de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), simplemente, ya no quiera formar parte de ésta?
Las condiciones para que alguien pueda ser removido de su silla en el máximo tribunal del país se deben entender como una medida de protección para sus titulares. Como ocurre con el fuero de los legisladores, los ministros deben estar a salvo de los eventuales intentos por parte de los otros dos poderes del Estado para coaccionarlos en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, ¿el Constituyente plasmó esas condiciones para obligar a los ministros a mantenerse en su cargo aun contra su propia voluntad?
Grave bien puede ser que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea considere que “mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado”, porque “las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”.
Como finalmente la interpretación de “grave” corresponde al presidente de la República, López Obrador le aceptó la renuncia. Y nadie lo puede acusar de ir contra su propia costumbre porque, en el único antecedente que hay de la renuncia de un ministro desde que se reformó la SCJN en 1994, el Ejecutivo le aceptó la renuncia al ministro Eduardo Medina Mora en octubre de 2019, igual, sin una causa grave.
Quien fuera director del CISEN y secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, para luego ser propuesto como ministro por Felipe Calderón en 2006, se limitó a invocar el artículo 98 de la Constitución al someter ante el presidente Andrés Manuel López Obrador “mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República”.
Y al enunciado protocolario Medina Mora sólo añadió un párrafo: “Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República”.
No obstante que la oposición tenía elementos para sospechar que Medina Mora fue presionado a renunciar (más tarde se confirmó que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunto lavado de dinero), los senadores entendieron que se trataba de darle al ministro una salida digna y la cámara alta aprobó la renuncia con 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.
LA FOTO HABLA
Los motivos de Medina Mora sí eran graves, pero quedaron implícitos en la formalidad de la renuncia. También la motivación de Zaldívar está implícita en el primer párrafo de su carta:
“Durante los últimos 14 años… [desempeñando el honroso cargo de ministro] he impulsado importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, en especial de los más vulnerables”.
Sumado a la afirmación de que sus aportaciones “se han vuelto marginales” que viene en el siguiente párrafo, lo que se entiende es que Zaldívar se va porque ya no quiere formar parte de una judicatura que, con la ministra Norma Piña a la cabeza, asume criterios jurisdiccionales que no abonan a políticas públicas en beneficio de los derechos de los más vulnerables. ¡Y esa sí es una causa grave!
Juristas como Francisco Burgoa consideran que la renuncia es inconstitucional, porque no acredita causas graves. Y, con el mismo argumento, la comentocracia –coincidiendo con la línea de pensamiento de Xóchitl Gálvez– cuestiona que el interés de Zaldívar al dejar la Suprema Corte sea unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum.
En esto último no hay especulaciones, lo que quiso decir Zaldívar en el tercer párrafo de su carta (el cuarto es meramente formal) quedó en claro con la fotografía que la proto candidata presidencial de Morena subió a sus redes, documentando la reunión que tuvo con el todavía ministro. La misiva dice:
“Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo e igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos.”
En su cuenta de Twitter, Zaldívar agregó un enunciado al párrafo anterior de su carta de renuncia: “Sigamos avanzando en su construcción. ¡Hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre!”
Por consiguiente, lo que el ministro quiso decir es que renuncia porque ya no había trato digno ni igualitario para él en la SCJN. Una situación intolerable para alguien que fue presidente de ese tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, de enero de 2019 a diciembre de 2022.
TERNA FEMENINA
Más allá del debate político disfrazado de cuestionamiento ético, lo que los especialistas en derecho han estado discutiendo es el lugar que podría ocupar Zaldívar en el futuro gabinete de Sheinbaum.
La Constitución le impide el ejercicio de un cargo inmediatamente después de dejar de ser ministro de la SCJN. Y el artículo 95, fracción IV, habla específicamente de posiciones como senador o diputado federal, secretario de Estado, fiscal general de la República y ejecutivo estatal o jefe de Gobierno de la CDMX. Por cierto, la carta magna también le impide a un ministro que ha dejado la Corte ejercer como abogado o representante en litigios frente al Poder Judicial.
Sin embargo, como explicó el jurista David Peña en Rompeviento TV, la Ley Orgánica de la FGR sólo pide en los requisitos para ser fiscal general no haber ocupado en el último año cargos públicos… como el de ministro de la Corte.
Con base en esa diferencia de un año entre la norma general y la particular, ¿podría el gobierno de la 4T intentar un nombramiento arriesgado y proponer al ministro para fiscal general de la República?
Ya sea Zaldívar el sustituto de Alejandro Gertz Manero o lo sea cualquier otro abogado, urge romper la inmovilidad en la que esta institución ha caído, especialmente desde la muerte en septiembre pasado de Juan Ramos, la mano derecha del actual fiscal.
Pero si promovieran a Zaldívar a la FGR apenas a un año de haber dejado la Corte, la oposición no dudaría en presentar una controversia constitucional para anular el nombramiento. Y esperar dos años a cambiar al impasible de Gertz Manero es un lujo que ya no puede darse López Obrador, y que supondría enormes costos sociales, no digamos políticos, para la administración siguiente. Lo que se espera de la nueva presidenta es un golpe de timón en la política criminal.
Quizá estamos ante un falso problema y, en realidad, nadie está pensando en colocar a Zaldívar como fiscal general. En todo caso, el paso inmediato es llenar la vacante en la Corte.
Al interior de las universidades y de la judicatura se discute si la suplente sólo terminará el periodo de Zaldívar, en diciembre de 2024, o pudiera quedarse los 15 años que le corresponden a los ministros. Ya se sabe que la terna la integran Verónica de Gyvés, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, la académica Ana Laura Magaloni y María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Presidencia.
EL PLAN E
Impedido de jugar en las ligas mayores de la política de Estado, el rol de Zaldívar en la 4T podría ser el de asesor para la elaboración de la iniciativa de reforma a la justicia que formará parte del Plan C.
Si él, como presidente de la Corte, intentó una reforma en el Poder Judicial que frenaron sus compañeros ministros y los representantes en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, ya estando fuera de la SCJN Zaldívar tiene la oportunidad de conseguir esa transformación a través del Poder Legislativo.
Para lograrlo, se requiere que el oficialismo (Morena y sus aliados PT y Verde) gane no sólo la presidencia en la persona de Claudia Sheinbaum –cuya selección como coordinadora obedece a su compromiso de construir el segundo piso de la 4T, un eufemismo para la continuación del proyecto de nación que López Obrador implantó al llegar al poder– sino que obtenga mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados.
Del ámbito judicial, además de los temas de austeridad en materia de sueldos y prestaciones, el aspecto más publicitado del pretendido Plan C es la elección de ministros de la Corte por votación popular. Pero un rediseño del Poder Judicial tendría que ir más allá.
Además de separar la presidencia de la SCJN de la presidencia del CJF, ¿conviene pensar en separar las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, como máximo tribunal del país, de las funciones de un Tribunal Constitucional que no pertenezca a ninguno de los poderes tradicionales?
No olvidemos que el Plan C es la respuesta al fracaso del Plan A de la reforma electoral que el presidente López Obrador envió al Congreso en abril de 2022, y que implicaba entre otros cambios modificar la Constitución para poder suprimir al INE.
En rechazo o en apoyo a esta propuesta, ciudadanos y políticos marcharon: unos, el domingo 13 de noviembre de 2022 para frenar dicha reforma; otros, quince días después, con una columna multitudinaria del Ángel de la Independencia al zócalo que, en el marco de los cuatro años que iban del sexenio, mostrara el “músculo político” del presidente.
Asumiendo como propia la protesta masiva, los partidos de oposición no votaron la reforma a la Constitución y, como la iniciativa presidencial no alcanzó la mayoría calificada, fue desechada el 6 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Ese mismo día, AMLO envió en respuesta un nuevo paquete de iniciativas que se llamaron Plan B, el cual implicaba cambios a leyes secundarias. Se aprobó pese a los reclamos de la oposición en el sentido que parte de ese contenido iba en contra del texto constitucional.
Finalmente, el lunes 8 de mayo de 2023 la Suprema Corte determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales, el Plan B, al señalar violaciones al procedimiento legislativo.
AMLO dijo en su conferencia mañanera del 9 de mayo que, debido a que la Corte invalidó parte de su Plan B electoral, lo que seguía es el Plan C: lograr la mayoría calificada en el Congreso el próximo año para que, antes de que concluya su mandato, pueda enviar una serie de reformas constitucionales, entre ellas de nueva cuenta una relacionada con la materia electoral.
“Ya viene el Plan C. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido. Están actuando de manera facciosa. ¿Componerle la plana al Poder Legislativo? Es de sentido común, de juicio práctico, al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo y al Poder Legislativo lo mismo. Los legisladores no violaron nada”, dijo el presidente.
LOS TRABAJOS DE ZALDÍVAR
Si el Plan C será el eje de la plataforma electoral de Morena en 2024, es presumible que Zaldívar reciba como encomienda crear un discurso sólido en defensa de una reforma al Poder Judicial y los aspectos jurídicos del resto de las iniciativas que formarán parte del paquete.
En esos trabajos se enfrentará con la visión conservadora de quien no oculta ser el gran asesor legal del organizador del Frente Amplio por México, Claudio X. González, el también ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.
Es probable que Cossío se integre a la campaña de Xóchitl Gálvez como candidato a senador, pero Zaldívar no podría entrar en alguna fórmula ni en la lista nacional de candidatos a la cámara alta. Nada le impide, sin embargo, operar tras bambalinas la propuesta de la 4T para una necesaria e impostergable reforma a la justicia mexicana.
Una reforma que, según algunos expertos, debe contemplar además de la impartición de la justicia, la rehabilitación social de los infractores; una reforma que combata la pereza institucional en la procuración de justicia, tanto como ayude a definir los criterios para la colegiación de los litigantes; una reforma que acabe con la concepción del amparo como una mercancía, sólo al alcance de quien pueda pagarle y no como un derecho; e, incluso, una reforma que rompa con el monopolio que tiene el notariado para certificar desde la propiedad de un bien hasta la apertura de una empresa.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com