En Saltillo, este martes 28 de agosto se realizó el seminario “La agenda de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Coahuila. Retos y desafíos”, organizado -bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Coahuila- por la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Con el seminario arrancaron las actividades de la agenda establecida para el Grupo de Trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Coahuila, que se desprendió de un decreto emitido en abril de este año por el gobierno de ese estado.
En la inauguración se dieron cita los representantes de la AIDH y de otros organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, así como diversas autoridades de la Fiscalía General de Coahuila y el Gobierno del estado.
La lista de los integrantes del Grupo de Trabajo se publicó en el Periódico Oficial de Coahuila. Y, como dijo el alto comisionado de la ONU, Jan Jarab, se conforma para atender la crisis de derechos humanos y los más de cien asesinatos que han cobrado la vida de personas dedicadas a la labor periodística en la última década.
El Grupo de Trabajo que tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos y periodistas durante los próximos cuatro años, está compuesto por cinco periodistas, cinco defensores de derechos humanos y dos personas que pertenecen al gremio académico en Coahuila.
Durante la jornada matutina del seminario se llevaron a cabo mesas de diálogo y conferencias magistrales a cargo de organizaciones como DataCívica y Verificado: una de estándares internacionales, interamericanos y nacionales, y cómo aplicarlos en un sistema de protección para Coahuila; otra de Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Y por la tarde se realizaron otras tres actividades con temas como: “Dinámicas de violencia en contra de la libertad de expresión”, “El derecho a la justicia: persecución y sanción de delitos” y presentación del Grupo de Trabajo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Una política integral
Durante la ceremonia inaugural, Jan Jarab pidió que el Gobierno federal y el resto de los estados del país tomen el modelo que Coahuila ha iniciado para desarrollar un mecanismo de protección a periodistas y activistas.
Coahuila -junto con Chihuahua- es pionero en ese tema, expresó Jarab: “Es especialmente significativo que en este doloroso tema de las desapariciones, Coahuila mostró la capacidad de iniciar cambios positivos. Fue el primer estado donde se instauró un proceso de diálogo permanente con las familias víctimas de la desaparición. El primer estado donde se adoptó una ley específica y detallada para la identificación de los restos humanos, que surge como resultado de esta década de violencia inédita”.
Con Coahuila, dijo el alto comisionado, “no sólo se mantiene el diálogo y cooperación en el tema de las desapariciones, sino también se abre un nuevo espacio para enfrentar los desafíos que tocan a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor”.
Para Jarab, las desapariciones constituyen uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente de México y Coahuila, pero el esfuerzo compartido y la suma de voluntades y acciones dan resultados.
El funcionario de la ONU reconoció “el rol protagónico de la esfera académica en Coahuila en temas de derechos humanos. Cabe destacar que mi oficina ha tenido una cooperación estrecha y diversa con el Gobierno de Coahuila, con la Universidad (por medio de la AIDH) y otros actores durante los últimos años, como ya se mencionó, en el tema de las desapariciones”.
Por su parte, Luis Efrén Ríos Vega, director general de la AIDH, señaló que el objetivo del seminario es actualizar la discusión sobre la situación de los defensores y periodistas, rumbo a la construcción de una política pública integral que desarrolla el Estado.
Ríos Vega destacó la importancia de que en ese tipo de acciones participe la sociedad civil y los grupos involucrados directamente para el desarrollo eficiente y eficaz de la propuesta.
Mientras que Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó la importancia de esfuerzos como el que Coahuila realiza, y la vital participación de todos los grupos de la sociedad para atacar la tragedia de las desapariciones forzadas y las amenazas y agresiones a estos dos colectivos (defensores de derechos humanos y periodistas) tanto del crimen organizado como de distintos grupos de poder, pues tiene tanta complejidad que pareciera que en momentos supera la capacidad de las instituciones.
Desaparición forzada
Por cierto, hoy jueves 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU en 2011.
Muchos de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sufrido atentados mortales por parte de organizaciones criminales fueron asesinados, pero la historia de personas desaparecidas de esos colectivos a cargo de estados represores es antigua.
“La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, define la ONU.
“La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”.
Por ello, para la comunidad internacional es motivo de especial preocupación:
– El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
– El uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
– La todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
A finales de 2010, la Asamblea General de la ONU “expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido”. Por lo que se aprobó la creación de una convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
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