Economista de profesión, el ex gobernador Mario Anguiano es especialista en solventar observaciones de la cuenta pública. En ese sentido, es un agravio profesional que el Congreso lo haya sancionado por quedarse supuestamente con dinero público.
Anguiano Moreno desarrolló su experticia a lo largo de casi treinta años de trabajo en la administración pública: fue tesorero en los ayuntamientos que encabezaron Jesús Orozco, en Colima, y Rogelio Rueda, en Manzanillo; contador mayor de Hacienda en el Congreso local y luego, como diputado, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Tras asumir la alcaldía capitalina y finalmente como mandatario estatal, Mario nunca se desentendió de los temas financieros y administrativos. La crítica que se le hacía al Gobernador de entonces no era por ausentarse del estado para ir a ver a su familia como le reclaman a Nacho Peralta, sino por encerrarse a hacer trabajo de gabinete.
No obstante lo difícil que parecía comprobarle algo, la primera legislatura que acompañó al gobernador Ignacio Peralta aprobó un dictamen de la Comisión de Responsabilidades según el cual “debía aplicarse sanción” para Anguiano Moreno y dos de sus colaboradores: Rafael Gutiérrez, quien terminó el sexenio al frente de la Secretaría General de Gobierno, e Isabel Ávalos que fue la última de los secretarios de Finanzas que tuvo Mario.
MAM NO MALVERSÓ 638 MDP
La sanción del Congreso contra Mario consiste en devolver los 638 millones de pesos de un crédito que en efecto solicitó el gobierno saliente de Anguiano Moreno, pero que ejerció (término bancario que implica recibir el monto del préstamo y disponer de él) la administración de Ramón Pérez Díaz.
De ese gobierno interino que se designó para cubrir la vacante en el Poder Ejecutivo creada por la anulación de los comicios de 2015, ya formaron parte el actual secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y el titular de Finanzas, Carlos Noriega.
La sanción se aplicó no obstante que el dictamen del Congreso deja en claro que el dinero no lo recibió el gobierno de Mario Anguiano, y establece de hecho que no hubo malversación por parte de su administración, relató el propio ex gobernador en entrevista con Max Cortés (https://web.facebook.com/search/top/?q=max%20cortés%20press&epa=SEARCH_BOX).
El periodista radiofónico buscó a Mario para que aclarara si es verdad que días antes escapó a un operativo ministerial para aprehenderlo; detención que supuestamente Mario habría eludido con un amparo. La falsa noticia circuló en la redes sociales como si fuera una filtración de la autoridades federales.
IMPUGNACIÓN Y AMPARO
Mario contó que cada uno de los señalados procedieron a impugnar la resolución del Congreso ante las autoridades federales. El caso de Rafael e Isabel ya fue resuelto y el fallo fue favorable para ellos. El recurso de Anguiano Moreno está pendiente de resolverse pero, tratándose del mismo asunto, los abogados esperan que sea en el mismo sentido.
En paralelo, algunos de los diputados de la anterior legislatura presentaron este mismo reclamo del crédito como denuncia ante varias instancias, una de ellas fue la entonces PGR.
El ex gobernador reconoció que la hoy Fiscalía General de la República ha estado citando a sus ex colaboradores para notificarles el tema y para que, en su momento, presenten los elementos de prueba que han venido ofreciendo ante la Comisión de Responsabilidades.
MAM esperaba que también lo notificaran a él, cosa que al momento de la entrevista no había sucedido. La recomendación de sus abogados fue que si ya notificaron a casi todos, lo conveniente es solicitar un amparo para dejar constancia de que “estamos en toda la disposición de presentarnos cuando tengamos que hacerlo”, y para evitar que en una “situación involuntaria de las instituciones” se llegue a argumentar que no lo encontraron y que tuvo que emitirse una orden de presentación (con la consecuente espectacularidad que implica la aparente detención de un ex mandatario estatal).
Mario alega que no se ha escondido y que vive en Colima (De hecho, lo vi en la misa de cuerpo presente de Mario Acevedo, sin acompañantes. Y lo vieron llegar al velorio de la señora Hilda Ceballos solo, sin guardaespaldas. Entró a la funeraria acompañado de unos amigos que se encontró en el jardín de Guadalajarita, donde Anguiano Moreno había estacionado).
LA MANO QUE MECE LA CUNA
Mario aclaró que si bien solicitó el amparo en forma preventiva, no ha recibido notificación de que se haya emitido una orden de presentación ni mucho menos de aprehensión.
Anguiano subrayó que este tema ya fue juzgado por el Congreso del Estado y se ventiló en los tribunales federales, donde sólo queda por resolverse la impugnación de Mario que espera resulte positiva como lo fueron las de Gutiérrez Villalobos e Isabel Ávalos.
En ese sentido, confió en poder presentar ante la Fiscalía en su momento todos los elementos de prueba que se tienen.
“Nos están sancionando sin darnos la oportunidad de responder a las acusaciones”, dijo. Y por eso, MAM decidió esperar a que estuvieran las resoluciones de las autoridades llamadas a calificar el caso.
Relató que hubo cuatro auditorías, pero sólo la Comisión de Responsabilidades les dio la oportunidad de exponer pruebas y en ese momento se quedaron sin elementos para sanción tres de las auditorías. El único que quedó vigente fue el dictamen del crédito, pero ahí “se ejercieron presiones políticas muy fuertes” para los integrantes de la Comisión de Hacienda.
“Ha habido un claro propósito de linchamiento”, dijo Mario, al inicio de los partidos de oposición pero después por parte de políticos del sistema. “Se trata de una persecución política que buscaba crear la percepción de que habíamos hecho mal uso de los recursos públicos”. Y para Anguiano, es Nacho Peralta quien ha hecho evidente que está impulsando esa persecución.
¿QUIÉN GASTÓ EL DINERO?
Por cierto, si se acreditó que el dinero no se lo gastó Mario, ¿en qué se empleó? El destino de ese préstamo sigue estando en duda.
Si el Congreso acreditó que el gobierno de Mario no dispuso de él, tenemos que responsabilizar entonces del uso o mal uso del crédito 638 millones de pesos al gobierno que lo sucedió.
¿Habrá, en todo caso, un proceso sancionador para el gobernador interino Ramón Pérez Díaz y sus secretarios de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y de Finanzas, Carlos Noriega?
DOS ACLARACIONES
Nos recuerda un lector que la decisión de iniciar juicio político al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, la tomó la mayoría absoluta panista que controlaba el Congreso durante el primer semestre de 2016. Esto es, todavía no controlaba el gobierno estatal la Legislatura a través del diputado “independiente” Nicolás Contreras.
Con base en esa decisión, sentenciaron a Rafa porque en el juicio político sólo cabe ser declarado inocente o culpable. Y la culpabilidad ya era manifiesta con la sentencia del Tribunal Electoral, el cual determinó que Mendoza sí violentó el principio de imparcialidad al participar en un acto de campaña de Jorge Luis Preciado.
La pena señalada por el Congreso es destitución si, como era el caso y lo sigue siendo, el alcalde estaba en funciones. Más una inhabilitación cuyo término –de uno a 14 años– lo debe fijar el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado como jurado de sentencia.
Nuestro lector coincide en que, más que jugar al garrote y la zanahoria, Rafael Mendoza debe ser de una vez destituido, aplicando la ley.
Y una segunda aclaración la hago yo mismo. En mi columna anterior mencioné que la institución que estaba jugando al gato y al ratón con Mario Anguiano era la Fiscalía General del Estado. Como lo expuso el ex gobernador en la entrevista con Max Cortés, se trata de la Fiscalía General de la República.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.