En el ámbito nacional, la fuerza del mandato a favor del candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y la debilidad del régimen de Enrique Peña Nieto propiciaron una toma adelantada del Poder Ejecutivo.
El gobierno federal encontró una manera muy astuta de eludir los reclamos de los grupos priistas por no haber sabido defender la plaza: hacer una campaña para exigirle a AMLO el cumplimiento de promesas electorales, apenas horas después de haberse dado a conocer el triunfo del dirigente de Morena.
En general, la lectura que hacemos los mexicanos del resultado electoral es que conduce a un cambio de rumbo. El nuevo régimen hace sentir su presencia incluso en el poder legislativo, al poner sobre la mesa disposiciones respecto a la pérdida de privilegios y reducción en el monto de las dietas de los congresistas, medidas que técnicamente tendrán que ser aprobadas por los nuevos diputados y senadores después del primero de septiembre.
Será hasta entonces cuando Morena tenga mayoría y un control parlamentario similar al que tendrá el lopezobradorismo en Colima. De hecho, aquí el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, PT y PES, tendrán mayoría calificada. Lo que obligará al gobernador Ignacio Peralta a negociar con los diputados del presidente de la república las iniciativas que pretenda sacar adelante en la segunda mitad de su mandato.
Por eso es que en Colima, como en otros estados donde todavía seguirá gobernando el PRI –y el ejemplo más burdo lo dio en las últimas horas Claudia Pavlovich en Sonora–, el Ejecutivo está usando la mayoría que consiguió en el Congreso local tras la fractura de lo que fue originalmente el bloque panista, para conseguir la aprobación de nombramientos que difícilmente podría operar con una legislatura dominada por Morena.
Antes de que den las diez:
De esta suerte, el Congreso del Estado aprobó la semana pasada los nombramientos del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJE) que estaba pendiente, y de un nuevo Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol).
Pero aun cuando las designaciones de Mario de la Madrid Andrade como magistrado y Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como comisionado, se dieron en medio de un debate con la oposición, el verdadero interés del Ejecutivo debió estar en el nombramiento que, en esta semana que corre, hizo la Legislatura estatal a favor de Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como magistrados del Tribunal de Justicia de Administrativa (TJA) del Estado de Colima.
Se trata de un tribunal que no tiene el rango judicial del STJE, pero tendrá enorme peso político. Si bien sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el nuevo órgano jurisdiccional forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y tendrá por lo mismo otras responsabilidades que no tuvo el TCA.
Facultades que van más allá de simplemente dirimir las controversias entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. Entre otras, el TJA será competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Es decir, será el órgano que finque a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Esta facultad estaba reservada al Congreso del Estado. Sin embargo, en adelante el TJA conocerá las responsabilidades promovidas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (Osafig), la Contraloría General del Estado, las contralorías de los municipios y los demás órganos internos de control de los entes públicos.
En pocas palabras, lo que determine el Osafig tendrá que ser calificado y confirmado por el Tribunal de Justicia Administrativa. Y si bien las determinaciones del TJA ganan autonomía respecto al criterio político del Congreso, en una legislatura dominada por la oposición podría ocurrir lo mismo que cuando el órgano técnico del Legislativo servía a los fines del partido gobernante.
Esto es, los intereses del Ejecutivo podrán estar mejor protegidos en un tribunal que (no obstante depender del Poder Judicial) será presidido por Andrés García, quien fue durante tres años el consejero jurídico del Gobierno del Estado.
Para preservar la sacrosanta figura del desafuero, hace unos días el Congreso local creó la Ley de Juicio Político del Estado de Colima y derogó la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de la existencia de una Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La dimensión política del juicio a los servidores públicos se preserva así en la Ley de Juicio Político, de uso exclusivo para el ámbito estatal ya que la Constitución de la República establece, en su artículo 73, que legislar en el ámbito de responsabilidades administrativas es competencia federal.
Nombramientos transexenales:
Los designados para el Supremo Tribunal, el Infocol y el Tribunal de Justicia Administrativa ejercerán los cargos durante los próximos seis años. Es decir, más allá del periodo gubernamental de Nacho Peralta.
Es algo que ya hemos visto en el Poder Judicial, gracias a la lucha que dieron en su tiempo los propios magistrados por hacer valer la vigencia de sus nombramiento contra la costumbre de los mandatarios entrantes de nombrar a su judicatura, pero a lo que todavía no estamos acostumbrados en el caso del organismo autónomo y, por ello, genera suspicacias.
Dos de los magistrados del TCA, Andrés Gerardo García y Yarazhet Candelaria Villalpando, fueron nombrados para entrar en funciones al día siguiente de su designación. Mientras que Juan Manuel Figueroa entrará en funciones al día siguiente de la conclusión del periodo por el que fue nombrado René Rodríguez Alcaraz, actual magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado, el 24 de octubre de 2018.
Lo que sí fue determinado por esta Legislatura es el orden en el que ocuparán la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y el primer turno corresponde a García Noriega; Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez será la segunda presidenta, y Juan Manuel Figueroa López el tercer presidente.
Los panistas en el Congreso se quejaron de incumplimiento de la fórmula legal para la propuesta del Ejecutivo o de la consulta ciudadana en su caso para seleccionar a los aspirantes, pero en las redes sociales las objeciones son de índole personal.
Aunque habla por sí mismo el currículo de De la Madrid Andrade, quien cubrirá la vacante que dejó Ma. Concepción Cano Ventura luego de su jubilación el 16 de septiembre de 2017, la esperada incorporación de Mario a la judicatura estatal se fue retrasando por razones políticas y familiares.
En cuanto a las primeras, rayan en lo absurdo. Una corriente de opinión logró sembrar dudas sobre la legitimidad del nombramiento aludiendo al parentesco entre el gobernador Ignacio Peralta Sánchez (cuya abuela paterna se apellidaba De la Madrid) y el jurista propuesto.
El presunto nepotismo contaminó el análisis de uno de los perfiles más idóneos para el cargo de magistrado: Mario ha sido en dos ocasiones (en cuatro periodos de ejercicio) director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Con maestría en Derecho Comercial y un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, dirigió también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa misma casa de estudios. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y docente en la Universidad Central de Venezuela.
Era candidato natural a una magistratura desde hace tres sexenios, y esta vez quizá también habría declinado la invitación ante la disyuntiva de aspirar a convertirse en titular de la notaría pública que ha llevado su padre, una vez que don Mario se jubile, o hacer carrera judicial. Afortunadamente, el linaje De la Madrid ha dado muchos abogados y en la siguiente generación veremos a otro Mario firmar como fedatario.
Algo para todos los partidos:
Más callado fue el debate para aprobar el nombramiento de Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu como comisionado del Infocol, aunque no exento de una polémica que, curiosamente, no incluyó el parentesco directo del nuevo comisionado con uno de los hombres más cercanos al virtual presidente electo López Obrador.
César Yáñez, el responsable de la relación de AMLO con los medios de comunicación y quien operará el gasto de publicidad oficial en el siguiente sexenio, es hermano de la mamá de Paco.
Sin embargo, una sombra de sospecha cubre el nombramiento en estos momentos del presidente del Infocol, no por la persona sino por el cargo. Contra lo que dice la ley, cualquier gobernante espera que el órgano de transparencia le cubra la espalda, dificultando el acceso de ciudadanos entrometidos a la información que resulta delicado divulgar.
Los diputados oficialistas que presentaron el dictamen de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, o subieron a tribuna para defender la iniciativa del gobernador Peralta, hicieron énfasis en señalar que el nombramiento de Francisco Yáñez cumple a cabalidad lo dispuesto en la ley y los términos de la convocatoria pública.
Como curándose en salud, insistieron en que si bien la propuesta viene del Ejecutivo, el perfil de Yáñez Centeno se impuso al de otros 17 nominados al tratarse de “un ciudadano de buena reputación y acreditada fama pública”, que se ha distinguido “por su honorabilidad, competencia y excelencia en el ejercicio de su profesión, en áreas donde ha demostrado su capacidad y eficiencia, con una vasta experiencia en materias de transparencia y acceso a la información pública”.
El más discutible de todos los nombramientos, el de Andrés Gerardo García Noriega, se aprobó en el Congreso del Estado con 22 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, toda vez que por lo menos los panistas obtuvieron, con la magistrada Villalpando, su cuota de partido en la conformación del Tribunal de Justicia Administrativa.
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