ENCARAR EL PROBLEMA

En vez de descalificar e, incluso, buscar ridiculizar protestas como la macabra instalación que montó afuera de Casa de Gobierno la delegada del PRD en el estado, Martha Zepeda, la administración de Ignacio Peralta debería responder al reclamo que la sociedad colimense le hace respecto a una situación que, más allá de expresiones artísticas, es real: la violencia asociada a la actividad delincuencial en el estado.

El tema está presente en todos los corrillos. De ello platican el bolero del jardín o los comensales en cualquier restaurante, y es motivo de discusión en las redes sociales digitales (aunque no tanto en los medios formales).

En todos esos grupos la visión es coincidente: la ola de homicidios que responden a la tipología del narco golpea no sólo a los sujetos que se involucran en esas actividades sino, cada vez más, a inocentes que no la debían ni la temían.

Aunque no son privativos de Colima, sí se dan en nuestro estado un elevado número de asesinatos: 49 en un solo mes, según el último recuento. Es, por ello, un auténtico problema de seguridad pública. No un asunto que competa únicamente a las organizaciones criminales, como han sugerido algunas autoridades. La disputa por la plaza, como se le ha definido oficialmente, está fuera de control. Y la primera responsabilidad del Estado es mantener el orden.

En materia de comunicación social, no creo que la mejor estrategia sea obviar el problema, sino encararlo. Al gobierno de Nacho le urge construir una narrativa que le ayude a la población a entender qué es lo que está pasando. Y la versión que aparece en el mensaje gubernamental no es convincente.

La opinión publicada se alarma porque el tema llegó al discurso político (seguramente Martha Zepeda va a ser candidata, y si no es ella otros opositores que aspiren a un cargo de elección lo retomarán, porque la seguridad es la principal falla del gobierno del estado). Sin embargo, los cuartos de guerra del partido gobernante (PRI) y de sus aliados en el oficialismo (Verde y Nueva Alianza) ya deberían estar trabajando en lo que sus abanderados van a decir en campaña sobre esta cuestión.

FALTA CONSTRUIR UNA NARRATIVA:

De manera oficiosa se han formulado explicaciones sobre lo que está pasando, en dos niveles de la delincuencia organizada:

Una primera hipótesis se concentra en la disputa entre los cárteles por el control del puerto de Manzanillo, principal entrada de los precursores químicos, drogas sintéticas y sustancias enervantes de origen natural que, una vez procesadas en nuestro país, serán introducidas al mercado de consumidores de narcóticos más grande del mundo: Estados Unidos.

Pero si dentro del recinto portuario se libra una lucha sorda entre contrabandistas e inspectores, quienes buscan evitar que pasen los cargamentos, en la ciudad de Manzanillo la vida cotidiana se ha vuelto sangrienta por la coexistencia de los grupos criminales que operan en los muelles.

Otra explicación gira en torno al manejo del narcomenudeo en la plaza. Es evidente que no toda la droga que pasa por México o se produce aquí tiene como destino la frontera norte. La ruptura del tejido social ha generado un problema creciente de adicciones, no sólo entre los más jóvenes sino también entre personas de mediana edad, y en la estadística figuran lo mismo hombres que mujeres.

Indudablemente, una parte de las drogas que llegan a Colima se consumen en las ciudades y pueblos del estado. Los volúmenes de mercancía traficada y las facilidades que existen para el comercio han vuelto accesibles drogas que en otras circunstancias serían difíciles de conseguir, por escasas y caras.

Aquí no son ni lo uno ni lo otro. Aquí están al alcance de la mano. Con todo, el verdadero costo del comercio de estupefacientes al menudeo se calcula en vidas humanas. ¿Cómo será de prometedor el mercado que los traficantes asesinan a sus clientes porque se atrasan con los pagos, sin preocuparse de quedarse sin compradores o sin distribuidores?

Oficialmente se ha dicho que la enorme responsabilidad de lo que está pasando es de los alcaldes, porque no han cumplido el compromiso de organizar una policía municipal eficiente, honesta y confiable, ni con la encomienda de trabajar consistentemente en el combate a las adicciones. Pero es evidente que el problema supera a la capacidad de los ayuntamientos para trabajar en la prevención.

Por lo demás, a nadie se le escapa que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública han fallado en su obligación de perseguir delitos como el homicidio, y confrontar a las organizaciones criminales. De entrada, ya pasó casi medio sexenio y no han echado a andar el C-5 que se prometió en campaña. Sin cámaras de vigilancia ni trabajo de inteligencia, el Gobierno del Estado está sordo y ciego respecto a la actividad delincuencial.

NECESARIA ACCIÓN DE GOBIERNO:

Una respuesta oportuna al reclamo social por la violencia desbocada, apareció en los mismos periódicos que publicaron en primera plana los muertos del día: el gobernador Peralta asistió el lunes 15 a la inauguración de la base militar que albergará el 79 Batallón de Infantería, en Tecalitlán.

JIPS estuvo presente en la ceremonia, aunque en segunda fila pues el anfitrión del presidente Peña Nieto y del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue el Ejecutivo jalisciense Aristóteles Sandoval.

La teoría indica que ese nuevo batallón en las inmediaciones de Colima, ubicado además en la frontera entre las zonas de influencia de los conocidos grupos delincuenciales que operan en Michoacán y Jalisco, entorpecerá la actividad criminal y acaso restablecerá el estado de derecho en los municipios que hoy están, literalmente, bajo el dominio de los cárteles.

Pero esto no ocurrirá a menos que en la región se aplique la nueva Ley de Seguridad Interior (que ha sido impugnada ante la Suprema Corte). Y que las fuerzas armadas no se limiten a dejarse ver. Porque ya vimos que tener al Ejército en las calles no garantiza mayor seguridad.

En el estado de Colima tenemos dos batallones del Ejército (el 27, en la capital, y el 88 en Tecomán) y uno de la Armada (el 18 Batallón de Infantería de Marina, considerando únicamente las tropas terrestres de la fuerza naval que opera en Manzanillo, aparte de unidades anfibias, de comandos y de artillería). Y en varias ocasiones ha estado destacado un batallón de la Policía Militar en Tecomán, sin que la situación mejore.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.