La sociedad colimense en general y el foro en particular, se encuentran inconsolables por las recientes agresiones políticas y seudoinstitucionales que salieron del deteriorado ingenio político del gobernador del estado y de sus también desacreditados asesores y socios o cómplices, pues en la decisión tan atropellada de enviar propuestas de magistrados y fiscales de tercera moralidad, intervinieron caciques políticos que el pueblo colimense reprobó el 1 de julio.
En la ciencia política, los gobernantes pueden acudir a investigaciones o mediciones para tomar decisiones que al final pesarán mucho en la vida pública. Pero en el Colima del régimen político fracasado, es decir, lo que le resta de fuerza al priismo y sus aparatos de control local; se siguen tomando decisiones facciosas, de complicidades, ajenas al decoro institucional; que obedecen más bien a la inercia de la corrupción, que goza de larga vida en nuestra querida entidad.
La corrupción, la complicidad del grupo en el poder, representado por Ignacio Peralta Sánchez, sobre cuya función hay fuertes amarres de ex gobernadores y personajes que le tienen maniatada su pobre voluntad política; fue determinante para enviar la peor terna de seudo abogados a ocupar el desmeritado cargo de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que relevarían a otros funcionarios del poder judicial que se van con jugosas percepciones, que son una vergüenza para la pobre seguridad social de la mayoría de los colimenses.
El desaseo en el manejo de las instituciones, como ocurre con el poder judicial, parece un castigo divino contra el pueblo colimense, por haber votado por juniorillos que no tienen capacidad ni experiencia para gobernar, y la poca que podía considerarse, fue negativa, marcada por la incompetencia y la corrupción, como es el caso del hoy gobernador del estado, que el pueblo tiene que aguantar otros tres años de ausencia en el ejercicio de gobierno.
Con la escasa resistencia de la sociedad civil, que algunos aquiescentes con la corrupción institucional pretendieron representar, el gobernador del estado con la nula resistencia de los diputados de la peor legislatura de la historia local, incapaz de asumir con dignidad la división de poderes, mandó una arbitraria y autoritaria lista de seudo abogados para ocupar importantes cargos en el ámbito judicial y de la justicia. Lo de seudo no es el calificativo porque no sean abogados, sino porque no lo son con los méritos suficientes para ocupar el cargo a donde los manda a cobrar el mandatario ocasional.
Todos los analistas, por limitados que estos sean, se han dado cuenta que lo que hizo el gobernador para reponer en los cargos judiciales a magistrados y fiscales, fue una determinación política; cuando debió ser estrictamente institucional y basada en méritos. Este es el punto, y sobre tan mafiosa actitud no debe ser tolerante el grueso de diputados y diputadas de la oposición al PRI en la legislatura entrante.
Pasó sobre la pobre humanidad profesional y acrítica para, incluso, defender sus propios derechos; de jueces, actuarios y proyectistas que ingenuamente pensaron que alguna vez les tocaría ser enlistados para relevar a sus superiores jerárquicos a los que sirven entregándoles las resoluciones solamente para que estos -los magistrados- las firmasen.
Son los jueces, los actuarios, los proyectistas de larga estancia en el poder judicial, los que verdaderamente hacen el trabajo jurídico. Con estos tres regalos inmerecidos con sobre nombre de magistrados, que los sube a la cúpula de la magistratura judicial, se le da duro golpe y se escombra con ello al inerme Servicio Civil de Carrera.
La nublazón que parece campear en toda la actual administración del gobierno estatal, del congreso y aun de los aparatos de control político caciquil; le impidió al gobernador y al desnutrido cuerpo de asesores de asuntos políticos e institucionales, ver más allá de sus intereses; y, obviamente la decisión de enviar a seudoabogados –por más que los quieran arropar con defensas curriculares más oficiosas que acreditadas– a los cargos a relevarse en el poder judicial –con minúsculas, por favor– y los de reciente creación nominal, como son el fiscal general y el de la anticorrupción.
Nadie que se jacte de ser objetivo y actuar con libertad, puede aceptar la mentira de que estos individuos tengan experiencia jurídica de peso o carrera en el ramo acreditada. Todos, los tres licenciandos enviados para ocupar las tres magistraturas vacantes, tienen dueño político, tanto que un columnista identificó plenamente estos orígenes, es decir, señalando que uno trae la patente bien herrada, de Fernando Moreno Peña; otro de Mario Anguiano, y otro de Silverio Cavazos. Por lo visto, Ignacio Peralta ha innovado en la sumisión, pues no solamente sirve a dos amos, sino que ahora serían tres, aunque uno ya falleció.
Incluso, se puede considerar estos nombramientos, una carranclanada institucional del año de Hidalgo, entiéndase que es ahora o nunca, pues ya no se podrá después. Pero esta asonada institucional contra una legislatura entrante mayoritariamente de oposición, ya está impugnada y es probable que se venga abajo. Eso se espera, porque esa asonada cometida faltando 15 días para el relevo de los congresistas próximos, es inmoral. Debió tenderse un puente institucional con los entrantes. Allá ellos si se respetan y protestan con el rigor que se requiere, aunque algunos, como por ejemplo, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, ignorando la historia política y desconociendo el modus operandi del priismo, no tiene empacho en ir a legitimar la conducta política de agandalle que representa Ignacio Peralta. Solamente falta que le pidan que se afilie al PRI, en serio.
PUNTO Y RAYA
Sigue la maquinita de hacer muertos muy bien aceitada. En el convulsivo estado de los cocos y las palmeras, es difícil ya ver caer este exquisito fruto tropical. Pero lo que si vemos, un día sí y el otro también, es caer muertos, producto de las balas de armas de fuego. Nos acostamos con cifras de muertos y al día siguiente nos desayunamos con nuevas estadísticas, siempre a la alza, de acribillados aquí y allá en todo el territorio estatal. Ya Colima parece un panteón, y aún en el camposanto, dicho ahora, panteón civil; hay información de que a los muertitos, los tienen que enterrar parados porque ya no hay lugar en la fosa común. Grave. Muy grave. Por eso, le apostamos a una verdadera renovación institucional y de combate frontal a la corrupción. Las horas muertas sumadas al mal logrado Fiscal que no tiene nada de general, más bien parece cabo regañado, ya le ha estado lloviendo en plomo su milpita. ¡Hasta la próxima!