Todas las encuestas serias y hasta los organismos internacionales que marcan las directrices de lo que ha sido la política económica de nuestro país en los últimos seis mandatos (desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nito), anticipan el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, “el priista que todos llevamos dentro” nos mueve a preguntarnos si el régimen no trama algo para evitar un resultado electoral que parece ineludible.
Lo cierto es que la mayoría de los medios de comunicación (que antes se desgañitaron contra la inminente venezonalización de México y nos alertaron sobre la amenaza del populismo no sólo para el modelo económico sino para la democracia misma) están llamando a aceptar la victoria del candidato de Morena, como dijera Kalimán, con “serenidad y paciencia”.
Incluso la clase política gobernante (si bien no como parte del discurso político), desde el arranque de esta campaña tuvo que reconocer que la gente está muy irritada.
Y aceptó que es previsible que el voto de castigo supere abrumadoramente cualquier esfuerzo de la coalición oficialista (PRI-Verde-Panal) para imponer a José Antonio Meade mediante el voto duro, o a la estrategia del voto útil a favor de la alianza que postuló a Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC).
Hay trabajos de periodismo de investigación que han logrado documentar los mecanismos que podría activar el gobierno de Peña Nieto para usar los programas sociales para mantener la fidelidad de sus clientelas políticas.
También, para desalentar la votación comprando credenciales de elector. Y, algo muy preocupante, para enturbiar el proceso electoral mediante la violencia criminal (una de las explicaciones, aunque no la única, para el asesinato de más de un centenar de candidatos a cargos de elección).
Esos mismos mecanismos políticos podrían servir hasta para alterar los resultados, sumando una serie de maniobras fraudulentas que han ido perfeccionando los mapaches a lo largo de varios sexenios.
SALVAR LO QUE QUEDA DEL SISTEMA:
Es verdad que el sistema político mexicano tiene todas las herramientas y las destrezas para burlar la voluntad popular, pero han decidido no hacerlo porque, un cálculo elemental, nos permite entender que los costos políticos, sociales y económicos serían mayores a los respectivos beneficios que conseguiría el régimen al aferrarse al poder.
Si en el año 2000 se sacrificó el modelo político basado en la hegemonía del PRI, para preservar el modelo económico de corte neoliberal, en 2018 se sacrificará al modelo económico (de apertura al comercio internacional y mínima intervención del Estado) para salvar al sistema político mexicano.
Lo que podría pasar si se intentase un fraude como el del 2006 o el de 1988, es inimaginable. No sólo por la magnitud de las protestas sino porque colapsaría el orden social, ya tan deteriorado por la negligencia de gobernantes que permitieron la construcción de un verdadero Narcoestado.
De todas maneras, hay algunos asuntos que hacen dudar de si la administración Peña esté resignada a entregar el poder. Uno de ellos es la forma en que se han usado a las instituciones para minar la candidatura del panista Ricardo Anaya.
Hubo priistas que, al alardear sobre la manera en que terminarían ganando la elección (aunque perdieran la campaña), adelantaron al arranque del proceso electoral que el plan consistía en que Meade alcanzara al segundo lugar y, desde ahí, se lanzara por el puntero. Sin embargo, ese paso tuvo que haberse dado hace meses, no en las últimas semanas de la campaña.
Supongo que el embate que está sufriendo Anaya obedece a dos propósitos: el primero, convencer a quienes no saben leer las señales políticas que el Plan B no es darle el voto útil al panista; y, el segundo, impedir que Meade se desfonde y quede en un tristísimo tercer lugar.
La elección del futuro presidente es también un plebiscito para calificar al mandatario saliente. Y Peña Nieto está empeñado en aparecer en los libros de Historia como el gran modernizador de México.
No querrá EPN que la evaluación inmediata a sus reformas estructurales sea un rechazo casi unánime, evidenciado por las votaciones que obtengan López Obrador, el candidato antisistema, y Anaya con una plataforma política que le debe más al PRD que al PAN.
¿NACHO PIERDE O, MÁS BIEN, GANA?
La incertidumbre ya no es, pues, quién va a ganar los comicios presidenciales, sino cuál será la fuerza que tenga el nuevo mandatario en las dos cámaras del Congreso.
Hay otras preguntas sobre temas particulares, por ejemplo: ¿qué pasará con el PRI (o con el PAN y con el PRD)?
Se anticipa una debacle del Revolucionario Institucional, más notable en los estados donde también se disputa la gubernatura.
Pero en Colima la cuestión no es cuántas alcaldías y cuántas diputaciones locales obtendrá el priismo, sino cómo se modificará la correlación de fuerzas políticas con miras al 2021.
Que pierda Meade supone un desastre para las aspiraciones del gobernador Ignacio Peralta de figurar en la política nacional, ocupando incluso una secretaría de Estado como se llegó a especular que ocurriría.
Como parte del grupo neoliberal que está siendo expulsado de Los Pinos, JIPS quedará hasta cierto punto huérfano. Pero no es remoto que logre establecer una relación respetuosa con el gobierno de AMLO.
Podrían ayudarle a ello sus antiguos compañeros de banca en el ITAM o en el posgrado en Essex, Mario Delgado y Vidal Llerenas, o su ex colaboradora en la Sedescol, Indira Vizcaíno –que será diputada federal.
En la segunda mitad de su sexenio, los problemas de Nacho Peralta no serán en todo caso con el centro sino con los grupos del priismo local que tratarán de arrebatarle al gobernador saliente la facultad metaconstitucional que ejercieron Fernando Moreno y Silverio Cavazos.
Algo que pudieron hacer ellos dos, como virreyes, porque el Presidente de la República no era del PRI sino del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), fue: designar al candidato oficial a sucederlo y operar su victoria en las urnas.
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