El debate sobre la docuserie Matarife está centrada en la opinión de su creador, Daniel Mendoza Leal, quien retroactivamente la ha catalogado como un ejercicio de su “libertad de opinión”.
Como sabemos, los cortos documentales para la web se basaron en investigaciones periodísticas que vinculan al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con hechos y personajes aciagos de la historia de su país. No por nada, la serie se volvió viral tras su estreno el 22 de mayo de 2020 en YouTube.
No obstante, un reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana ordenó al creador rectificar una serie de afirmaciones hechas en la serie en contra de Uribe. Ante lo cual el guionista se limitó a “aclarar” que ciertos extractos de la serie “corresponden a un juicio íntimo y personal”.
Para enriquecer el debate, señala la redacción de la Red Ética de la Fundación Gabo, es necesario reflexionar sobre las opiniones de los periodistas en redes sociales. ¿Opinar es hacer periodismo? ¿Deben también los periodistas, al expresarse a través de sus redes sociales, cumplir con los mismos criterios éticos que les exige el periodismo al publicar una información?
Tales son algunas de las preguntas que se hace la fundación creada por Gabriel García Márquez para impulsar el nuevo periodismo iberoamericano, en la nota ‘Caso Matarife: ¿cuáles son los límites éticos de la opinión y los contenidos de redes sociales?’, fechada el 4 de agosto de 2022 (https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/noticias/caso-matarife-cuales-son-los-limites-eticos-de-la-opinion-y-los).
LÍDERES DE OPINIÓN
En una entrega anterior de esta columna, conocimos las opiniones de Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes. A ellos se suma ahora la periodista chilena Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, quien explica que actualmente “los periodistas se convierten en líderes de opinión pública no solo por su trabajo periodístico en los medios de comunicación sino, sobre todo, por los contenidos informativos y opiniones que transmiten, apoyan o reproducen en las plataformas sociales en las que participan”.
En este sentido, González afirma que “pretender disociar al periodista del ciudadano que leemos, vemos y escuchamos en redes sociales es casi imposible, como tampoco es posible ignorar que vivimos tiempos de grave desinformación, que enfrentamos una verdadera industria de noticias falsas”.
Ante lo anterior, la entrevistada recomienda extremar los cuidados en redes sociales sobre los contenidos que el periodista avala. “Asegurarse de que sus acciones o reproducciones no terminen dando credibilidad a testimonios, documentos u opiniones de quienes buscan socavar la confianza pública y con ello corroer la democracia. En breve: el buen periodista en redes sociales debería adoptar el mismo rigor que sustenta en su actividad profesional. Una caída con información falsa en redes sociales puede afectar su credibilidad profesional”, aconseja.
Otra mirada ofrece Rincón al señalar que debe existir una coherencia entre el medio de comunicación en el que trabaja el periodista y sus opiniones. El experto sugiere que las redes sociales deberían servirle al periodista para “construir en el público la mirada con la que el periodista informa y que eso le ayude a generar seguidores para tener esa autonomía y singularidad narrativa”. Y añade que “solo periodistas con miradas propias van a poder ofrecer algo en las redes digitales, pero eso se convierte como complemento de un medio; es decir: yo informo en un sitio digital o medio y las redes me complementan y voy haciendo un diálogo para aumentar la expansión de elementos”.
APUNTES SOBRE LA LIBERTAD:
Otro de los ejes de análisis que suscita la sentencia de la Corte en relación a la serie Matarife tiene que ver con los alcances de la libre expresión. Para Jonathan Bock, el fallo de la Corte Constitucional “protege la libertad de prensa y toma el camino de la rectificación como la vía para dirimir las tensiones cuando se presentan este tipo de situaciones”.
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa detalla que otro camino pudo haber sido que se optara por la criminalización del caso y llevarlo a una vía penal. Por ello destaca la importancia de que la Corte, en vía de proteger la libertad de prensa no acceda a la pretensión de bajar toda la serie de la plataforma, sino que ordena la rectificación “después de haber hecho un estudio sobre cuál es la información que corresponde rectificar y lo hace en unos términos que está dentro de estos marcos, límites y responsabilidad que tiene el ejercicio periodístico”.
Incluso, Bock resalta que la sentencia hace hincapié en la responsabilidad que acompaña a los medios de comunicación a la hora de publicar contenido. “Esa desinformación termina generando un daño en un colectivo –la ciudadanía en general–, más allá de unos individuos particulares. Eso es muy importante”.
ABSOLUTA LIBRE EXPRESIÓN
¿Tiene la libre expresión sus límites? Para Mónica González, sí. “Uno de ellos es que la libertad de información y de expresión garantice a los ciudadanos sus derechos mínimos, que no se violente su honra ni el derecho a la legítima defensa”.
Por ello, añade, “no es posible lanzar acusaciones públicas contra ciudadanos, sean autoridades o ciudadanos comunes, sin estar debidamente sustentados, ya sea por un fallo judicial o por una investigación periodística”.
Pero ¿significa esto que, para publicar una información que responsabiliza a algún ciudadano, debe existir un fallo judicial? ¿Debe el periodismo callar si los jueces no han determinado una culpabilidad? La respuesta de González es no; sin embargo, hay claridades que se deben tener en cuenta: esta información se debe dar“siempre y cuando “reúna todas las condiciones éticas y de rigor y que puede ser llevada a la justicia. Es una regla básica que se debe respetar sin por ello limitar la libertad de expresión”.
Sobre el caso preciso de Matarife, dice: “Lo ético indica que ningún periodista puede acusar a una autoridad o a un ciudadano –sea militar, policía o civil– sin un fallo judicial que haya condenado a esa persona de esas graves violaciones y crímenes”. Pero pone de presente las realidades de los países latinoamericanos: “En nuestros países y especialmente en Colombia –así como ocurrió en Chile y Argentina, y como sucede hoy en Nicaragua y Venezuela–, la justicia ha estado por largas décadas cooptada por el poder político y económico. Esto ha hecho que sea un enorme desafío obtener investigaciones judiciales acuciosas e imparciales que lleven en juicios transparentes y públicos hasta la condena”.
Partiendo de esas realidades, González cita algunos ejemplos en los que no ha habido una investigación judicial acuciosa: “Los responsables de los más de seis mil fallecidos como víctimas de la operación ‘falsos positivos’ o a los responsables del despojo de casi ocho millones de hectáreas del que fueron víctimas familias campesinas colombianas. Más aún, ha resultado imposible llevar a juicio a quienes fueron las autoridades políticas, militares y civiles que ordenaron, fueron cómplices o aportaron la infraestructura necesaria para realizar miles de crímenes. Y están los que protegieron a los victimarios y mintieron ante la opinión pública para ocultar esos crímenes o incluso, inculpar a otros”.
PERIODISMO NO DEBE CALLAR:
Ante realidades tan complejas, en las que la acción judicial tiene carencias que la sociedad exige solventar, González anota que el periodismo de investigación “se ve en la obligación, para develar la corrupción e intentar parar la máquina de muerte, de mostrar con nombre y apellido a victimarios y perpetradores de graves violaciones a la vida y a los derechos básicos de los colombianos. En estos casos, el periodismo no debe callar a la espera de una sentencia”.
El buen periodismo, sustenta González, hace lo contrario: exhibir la historia con los documentos, testimonios, rigor y pruebas de lo que se narra “para obligar a los jueces a realizar su tarea, a que haya juicio e impedir la impunidad. Para que quede claro quién protege a los victimarios”.
¿Es, pues, este el caso de la serie Matarife? Según la corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, en esta ocasión tales reglas éticas y profesionales del periodismo de investigación no se cumplieron.
“El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido sometido a varios procesos judiciales, en la Fiscalía, en la Corte Suprema –dos– y cerca de 43 investigaciones en el Congreso. Hasta hoy no ha resultado culpable en ninguna de esas investigaciones. No obstante, el cúmulo de antecedentes que han emanado de cada uno de esos expedientes al menos permite entender que el señor Uribe no es una persona que corresponda al ciudadano inocente al que le han mancillado su honor, y que sí le cabe algún tipo de participación en la violencia que se desató en estas décadas de conflicto interno en Colombia. Lo que no es lo mismo que acusarlo de ser el autor de asesinatos bien definidos sin contar con todas las pruebas que un buen periodismo de investigación requiere para poder presentarse ante la justicia”, explica González.
REFLEXIÓN PARA EL PERIODISMO
Ahora bien, una vez difundida la serie Matarife, ¿qué ocurre?, ¿qué pasa ahora con el fallo de la Corte?, ¿qué reflexiones quedan por hacer sobre el periodismo? Omar Rincón propone reflexionar sobre el papel que tuvieron los medios de comunicación en la difusión de la serie, ya que estos contaron de qué trataba, pero no se detuvieron en los apartes que hoy cuestiona la Corte.
Rincón indica que los medios, en su momento, se fijaron en la campaña de lanzamiento más que en la misma serie. “Tuvo una forma de mercadeo muy original, que a nivel de marketing es espectacular: anunciaron por WhatsApp, le hicieron campaña de expectativa, dijeron que los iban a censurar, crearon sitios alternos, la pusieron primero en YouTube y después en todos los recursos. Fueron muy hábiles en eso y fue exitosísimo”. No obstante, Rincón insiste en que el periodismo, en lugar de dejarse arrastrar por una campaña, debería investigar todo el contexto para generar criterios y para que cada persona, a partir de sus formas de pensar el mundo, llegue a sus propias conclusiones.
Matarife, según Rincón, es reflejo de la situación del periodismo en el siglo XXI. “[Los medios] usan todos los recursos periodísticos para hacer activismo. Militan en sus empresas en el beneficio de esas, ni siquiera en una ideología de país; por eso hoy en día nada es neutro, nada es ingenuo y todo tiene una finalidad de establecer una forma de definir, percibir, representar y mirar a actores e instituciones sociales”, detalla.
En cuanto a los premios que ganó Matarife, el profesor de la Universidad de los Andes considera que no tiene ningún sentido retirar lo que la audiencia o un jurado determinó dar. Por el contrario, sobre el caso afirma que puede servir como autocrítica para quienes hacen parte del gremio. “Si un jurado decidió que eso era buen periodismo, pues es lo que el jurado decidió. Si la gente creyó que era el mejor producto periodístico del año, hay que creerle a la gente. No tiene ninguna gracia quitarle todo y no dar cuenta de que eso se premió como buen periodismo”, explicó.
De otro lado, González deja presente una de las tareas que tendría el periodismo de investigación tras el fallo de los tres magistrados de la Corte Constitucional: “Encontrar las pruebas, los testimonios y las secuencias que muestran quién ordenó, ejecutó y encubrió los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Jaime Garzón y miles de muertos y desaparecidos que hoy debemos encontrar”. Si aún no se ha comprobado la responsabilidad de quiénes actuaron en tales crímenes, el camino no es el silencio. Por el contrario, es seguir investigando, concluye la corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com