Cuando tembló la tierra en la ciudad de México y en otras poblaciones el 19 de setiembre de 1985, la fecha quedó marcada para siempre. Mucha muerta, caos y desolación se produjo entre los capitalinos, donde los efectos fueron más notables por el tamaño de la ciudad. Ya hemos comentado de la solidaridad y la organización de los capitalinos y las consecuencias sociales y políticas dejadas por el fenómeno natural. La reconstrucción material, lenta como suele ser, se puso en marcha, pero en la memoria colectiva quedó marcada la fecha con dolor.
Pero la coincidencia se dio treinta y dos años después y el 19 de septiembre de 2017, la tierra volvió a temblar y las consecuencias fueron atroces en diferentes ciudades, pero sobre todo en la ciudad de México. Un año después y aunque la reconstrucción ha tomado su rumbo, queda mucho dolor y muchas sospechas relacionadas con el manejo de los fondos destinados a reponer viviendas e infraestructura destruidas.
Un año después, cuando la ciudad de México estrena su Primera Legislatura, muchas de las heridas abiertas continúan señalando problemas, errores y corrupción. Prácticamente no hay detenidos y mucho menos, justicia. El sismo exhibió carencias, las investigaciones (pocas y realizadas con no muchos deseos de llegar a conclusiones) no han arrojado los resultados que serían deseables y los fondos para ayudar a los damnificados se manejan con discrecionalidad y opacidad. Muchas víctimas hay y la justicia para ellos, no llega.
Transitar por algunas arterias capitalinas como las avenidas Canal de Miramontes o División del Norte entre Acoxpa y la calzada del Hueso, sabiendo que no es Beirut ni Bagdad, produce muchas inquietudes y las preguntas, que aunque no tienen una respuesta, la respuesta existe y la conocemos todos.
Las normas de construcción se endurecieron en el antiguo Distrito Federal a raíz del sismo de 1985, pero fueron burladas muchas veces porque así convenía a los constructores y las consecuencias saltan a la vista en forma de ruinas o baldíos, como familias sin hogar (a veces, habitando en tiendas de campaña o en viviendas improvisadas), escuelas que después fueron tumbas, negocios que no han sido reconstruidos y fuentes de trabajo perdidas, costureras como un colectivo que de nueva cuenta se convirtieron en mártires y tantas otras consecuencias.
Hay en la ciudad de México, un gobierno corrupto y perredista que realiza esfuerzos por tapar el sol con un dedo para ocultar su evidente culpabilidad y carencia de solidaridad ante las víctimas. Y si bien, ese gobierno vive sus últimas semanas, las consecuencias de su mala práctica se traducen en muertes que son vidas que no se pueden reponer, miles de víctimas, miles de millones de pesos de patrimonios familiares echados a la basura, dolor, sufrimiento, ilusiones rotas, planes que no podrán completarse y tantas otras pérdidas.
Las víctimas de la violencia han expresado su sentir, su dolor y su frustración ante el Presidente electo; las víctimas del terremoto no lo han hecho y el que junta estas letras supone que debieran hacerlo.
Reconstruir no debe ser levantar lo caído en el lugar donde se encontraba, sino en vez, considerar qué debe reponerse en el mismo lugar y qué debe reponerse en otra ubicación, debe ser corregir los errores del pasado y no repetirlos y asegurarse de que lo que pasó, no volverá a ocurrir. Por supuesto, casi todo México es zona sísmica y volverá a temblar, eso lo sabemos y no podemos olvidarlo, pero sí podemos y debemos proteger nuestras vidas y nuestro patrimonio en todo lo humano y técnicamente posible.
Colima tiene su Volcán, de cuya belleza presumimos y cuya peligrosidad nos atemoriza, pero ¿qué hacemos? ¿qué hacen nuestras autoridades? Deberíamos tener y desde hace mucho, una alarma sísmica. Transitamos, en Protección Civil y Seguridad Pública, del C1 al C5 y supongo deberemos esperar al C843 y medio, para tenerla. Nuestras autoridades gastan sin priorizar el gasto. Comala tiene una sola salida hacia Villa de Álvarez y ésta transcurre por dos puentes que en un caso de desgracia pueden fracturarse y por allí no se podría evacuar a quienes vivimos en el Pueblo Blanco y en otras muchas poblaciones. Sería preferible una salida alterna y no el Andador de las Parotas o la ciclovía (que son obras que se presumen mucho). Seamos razonables por una vez al menos y llevemos adelante la planeación democrática. Menuda tarea para los nuevos legisladores. Y es urgente que lo hagamos.
Los comaltecos y en general, los colimenses no deseamos engrosar las estadísticas, ya de por sí abultadas, de víctimas y es algo que puede prevenirse. Nuestras autoridades deben abandonar su modorra ya y pensar, pensar siquiera un poquito.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.