Enrique Peña Nieto pasará a la historia negra del periodismo mexicano como el presidente en cuyo sexenio se dieron casi 2 mil agresiones a comunicadores, entre las cuales hubo casi medio centenar de asesinatos y media decena de desapariciones forzadas.
Dejo las cifras sin precisar porque lamentablemente se siguen actualizando, aunque el mandato del priista esté a menos de 3 meses de concluir.
Sin embargo, Peña Nieto podría no ser responsable de todas las infamias y crímenes que se cometieron en su nombre o en el de los intereses del gobierno mexicano:
“Algo que ha irritado mucho a la sociedad mexicana, fue la salida tuya de radio. Le atribuyo más la autoría de eso a Carlos Salinas, que a Enrique Peña…”, dijo el 23 de agosto a Carmen Aristegui el exembajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez.
“La autoría de una acción tan fea como fue tu salida la hacen parecer del presidente, cuando ese no es el origen”, reveló quien fue nuestro representante ante Washington entre 2015 y 2016.
“Es injusta la mala imagen del presidente Peña porque él está pagando platos rotos que Carlos Salinas rompió… Lo que hicieron fue en un juego sutil, cuidadoso, hacer cosas donde la responsabilidad es del presidente, pero las jugadas no fueron de él”, dijo Basáñez.
El internacionalista había acudido al espacio de Aristegui Noticias a revelar cómo tuvo que dejar la embajada por intrigas de la entonces canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu, actual presidente nacional del PRI y sobrina, por cierto, de Carlos Salinas.
Como recordamos, el noticiero matutino que tenía Carmen Aristegui en la cadena MVS salió del aire en 2015, en lo que ella y casi todos los demás periodistas consideraron un acto de censura por haber publicado el reportaje de “La Casa Blanca”, propiedad de Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.
La opinión de Basáñez contradice el consenso de quienes, como Ricardo Raphael de la Madrid, han dicho que la reacción de EPN tras la publicación del reportaje revela no sólo el grado de corrupción que se dio en su gobierno sino también la “mala sangre” de un gobernante que no admite las críticas y a quien le molesta que se diga la verdad.
Por lo demás, la versión del diplomático retrata a un jefe de Estado que no tuvo consigo todos los hilos del poder. Algo difícil de creer en un sistema presidencialista como el nuestro donde el titular del Poder Ejecutivo ha sido, tradicionalmente, un monarca sexenal.
Esta definición de una “presidencia imperial” se rompió, sin embargo, durante “la docena trágica” panista. Vicente Fox fue un mandatario acotado que, por ejemplo, fracasó en su intento de imponerle un candidato oficial a su propio partido, aunque después se vio obligado a respaldar a Felipe Calderón ante el riesgo que suponía para su proyecto el arribo de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Y Calderón Hinojosa, con todo y que manejó mejor que su antecesor las correas de transmisión del poder, tuvo que ceder espacios de decisión a los gobernadores priistas que en esos doce años se consolidaron como virreyes.
¿Es realista, entonces, la imagen del presidente Peña avasallado por un poder transexenal como el del exmandatario Carlos Salinas, al grado que ese “innombrable” pudo operar la censura a los medios? El tiempo lo dirá.
Publicidad para controlar
De lo que no hay duda es de la responsabilidad de Enrique Peña Nieto en el gasto discrecional de casi 45 mil millones de pesos en publicidad oficial, entre el inicio de 2013 y mediados de 2018.
Cifra que la organización Fundar calcula podría llegar a 60 mil millones de pesos antes de que termine el sexenio. Y eso que no aparecen en los datos los montos destinados para el mismo fin a Pemex, la CFE o el IMSS.
El aparato de Comunicación Social de EPN es obeso y opaco. Por eso la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es reducir a la mitad el gasto ejercido –que supera con creces lo presupuestado– y transparentar el uso de los recursos públicos que concentrará el Ejecutivo federal en relacionarse con la opinión pública, es decir, con la prensa.
Para entender los alcances de lo que quiere hacer AMLO en materia de difusión, hay que revisar cómo ha sido la política comunicacional en el sexenio que culmina.
Si bien el coordinador de Comunicación Social del gobierno entrante, Jesús Ramírez Cuevas, ha adelantado que centralizará las funciones, al margen de la estructura de oficinas que velan por la imagen de cada dependencia federal y de su titular, la propaganda del gobierno peñanietista se controla ahora mismo desde Los Pinos y Gobernación.
Esa secretaría de Estado ha venido asignando los recursos de manera discrecional y con un sesgo político, según denunciaron diversas organizaciones civiles a la revista Proceso (No. 2184, 9 de septiembre de 2018).
De acuerdo al reportaje de Mathieu Tourliere, “El gobierno deja un aparato de comunicación social opaco y obeso”, el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Peña Nieto, Eduardo Sánchez Hernández, estuvo decidiendo sobre los millonarios contratos de publicidad oficial a medios y periodistas, que derivan a su vez de la campaña de propaganda diseñada por los equipos de cada dependencia.
El grupo de Sánchez valida o modifica de manera discrecional el contenido de la campaña o la lista de medios beneficiados por los contratos de publicidad oficial. Y, de acuerdo al sexto informe, entre septiembre de 2017 y junio del actual, la oficina de Eduardo Sánchez autorizó 250 campañas de comunicación social y 119 estrategias de promoción y publicidad.
El mismo documento establece que entre enero de 2013 y junio de 2018 la administración de Peña Nieto erogó 44 mil 915 millones de pesos del erario en publicidad oficial. Pero Artículo 19 encontró que la mitad de esa cantidad fue para un grupo de 20 medios, entre los que destacan Televisa, TV Azteca, El Universal, Excélsior, Organización Editorial Mexicana, La Jornada y Milenio.
Por su parte, los académicos María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde encontraron que 10 periodistas recibieron la mayoría de los recursos públicos para publicidad oficial en internet: José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Raymundo Riva Palacio, Oscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga, quienes cobraron millonarios contratos mediante sus portales.
Durante el sexenio, el otorgamiento de los paquetes de publicidad oficial se llevó a cabo sin proceso de licitación ni transparencia y, según Proceso, fomentó numerosos excesos:
Nada más en los dos años que Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol gastó cerca de 800 millones de pesos en campañas de promoción. Y Aurelio Núñez gastó 850 millones de pesos de la SEP para promover la Reforma Educativa, gran parte de los cuales se los pagó a Televisa.
En ese contexto, obedeciendo a un mandato popular, la propuesta del nuevo gobierno tenía que ser en sentido contrario: austeridad y transparencia. De eso se ocupa Arturo Rodríguez García que en el mismo número de Proceso señala que, con López Obrador, “La publicidad gubernamental dejará de ser instrumento de control político”. Pero de eso hablaremos mañana.
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