Integrantes del sector cultural, académico, educativo, rural, empresarial así como de ciencia y tecnología, se manifestaron este día en contra de las políticas presupuestarias del Gobierno Federal que afectan a la economía de Colima y de todo México.
En evento celebrado en el Centro de Convenciones del Complejo Administrativo de Gobierno, los diversos sectores de la sociedad hicieron un cierre de filas en defensa de las y los colimenses.
En su mensaje, el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, expuso que si se mantienen las condiciones financieras como hasta el momento, el daño para Colima será incalculable.
Anunció que su administración promoverá controversias constitucionales y amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en defensa de las y los colimenses.
El mandatario estatal dijo que el intento de recorte presupuestal del gobierno federal afectaría al estado el próximo año con un ajuste a la baja por más de mil millones de pesos.
De esta manera se sumó también al posicionamiento que hicieron este mismo día los gobernadores de la Alianza Federalista, desde cada uno de los estados que la integran.
En ese tenor, Peralta Sánchez afirmó que Colima ha enfrentado una continua reducción e incluso eliminación de recursos por parte del gobierno federal, lo que afecta el desarrollo de la entidad y la calidad de vida de la población.
Por ello, se hace necesario un pensamiento de Estado, que mire hacia el interés superior de la nación y no hacia los afanes inmediatos y limitados de los intereses de grupo o de partido.
El titular del Ejecutivo señaló que en el proyecto de presupuesto para el siguiente año, el Estado de Colima recibirá 1 mil 244 millones de pesos menos que en el 2020.
Además la entidad también experimentará graves afectaciones por los 109 fideicomisos y fondos que fueron recientemente eliminados, como el Fondo Metropolitano, el de Desastres Naturales, los fondos dedicados a la ciencia y la tecnología, así como a la creatividad artística.
El gobernador dijo que estos fondos, en el periodo del 2010 al 2020 le brindaron a Colima más de 6 mil millones de pesos, que no solo se tradujeron en obras de infraestructura, programas e investigaciones, sino que además ofrecieron la creación de más de 99 mil fuentes de empleo.
Otros importantes fondos como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que permite a los gobiernos municipales adquirir materiales esenciales para equipamiento de policías y las indispensables patrullas, están desaparecidos de la expectativa federal hacia el siguiente año, lo que significará un grave deterioro de los recursos destinados a la seguridad en cada uno de los municipios de la entidad.
“El daño es incalculable en este momento, pero se expresará, sin duda, en una pérdida de la capacidad estatal para impulsar el desarrollo, el empleo y el bienestar entre los colimenses”, afirmó el gobernador.
Asimismo dijo que Colima es una entidad que merece el respeto del gobierno central, por ello el gobierno estatal promoverá controversias constitucionales e incluso asesorará a los sectores afectados para promover amparos y, en general, sostendrá una defensa integral de los derechos de Colima y los colimenses.
Aclaró que esta no es la lucha de un gobierno o de una administración: es la lucha por defender lo que exige y merece nuestra entidad.
El gobernador sostuvo que no quiere una confrontación, ya que Colima es un pueblo pacífico y trabajador, que busca construir acuerdos por medio del diálogo y que no existen intereses políticos partidistas ni se pretende solapar ningún acto de corrupción.
Peralta Sánchez señaló que este evento es una representación de la sociedad civil que se levanta para decir que lucharán por los derechos y las libertades que les otorga la Constitución y que el Gobierno del Estado no solamente encabezará esta lucha, sino que acompañará cualquier esfuerzo que vaya en esta dirección.
Finalmente anunció que, antes de que se concluya el plazo que establece la ley, el Gobierno del Estado interpondrá una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se discuta con seriedad y se apegue al marco constitucional el albazo legislativo por la eliminación de los 109 fideicomisos.
Previamente, el tenor Felipe Castellanos se refirió a la desaparición de los apoyos a la cultura, por lo cual aseguró que la cultura y el arte son derechos humanos, por lo cual preocupan las políticas presupuestarias del gobierno federal que afectan de manera lacerante al arte y la cultura y por ende, a la sociedad.
El representante de la comunidad científica y tecnológica, Alfredo Aranda Fernández señaló que la extinción de 109 fideicomisos, con alrededor de 37 asociados a la educación, el arte y la investigación científica, representará un fuerte revés para el desarrollo social y económico del país y del Estado.
En tanto, en representación del gremio empresarial, Oscar Javier Solorio, rechazó la eliminación de los fideicomisos y se pronunció por tomar las acciones legales que correspondan de acuerdo al marco nacional e internacional para la protección de los derechos humanos y la salvaguarda del derecho económico que tiene que ver con el bienestar presente y de las futuras generaciones.
Posteriormente, el representante del sector rural, Jorge Salazar Barragán expresó su preocupación por la forma en que el gobierno federal castiga al campo nacional, particularmente al colimense.
En representación de los beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Yanira Medina Zamora, señaló que gracias a este fondo se pudo reubicar la escuela de la comunidad de La Central en Manzanillo, por lo que si desaparece este fondo se generará ineficiencia en la atención de emergencias.
A este evento asistieron integrantes del Gabinete Estatal; los presidentes municipales, Leoncio Morán Sánchez, de Colima; Donaldo Zúñiga, de Comala; José Guadalupe Benavides Florián, de Coquimatlán y Felipe Cruz Calvario, de Villa de Álvarez, así como la presidenta municipal de Minatitlán, Lilia Figueroa Larios.
Además acudió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana; el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava y representantes del sector académico, empresarial y productivo, entre otros.