El mensaje de la alcaldesa Griselda Martínez con motivo de su primer informe de labores al frente del Ayuntamiento de Manzanillo, explica por qué la vieja clase política colimense le teme a la 4T.
La edil porteña declaró que el triunfo electoral del movimiento lopezobradorista en su municipio significa el fin de un régimen corrupto y antidemocrático, y el inicio de “un gobierno con clara identidad de izquierda” comprometido “con las mejores causas”.
Frente a dos regidores de oposición que en su momento ocuparon la presidencia municipal (Martha Sosa, primera mujer en la Alcaldía y primer edil en encabezar un ayuntamiento panista, y Virgilio Mendoza, dos veces alcalde y mentor de la actual senadora del Verde, Gabriela Benavides, cuyo trienio sirve a Martínez como antecedente para remarcar sus logros), Griselda se pronunció por pasar a la historia como la mejor alcaldesa que haya tenido Manzanillo.
En una comparación que deja mal parado al gobierno de Benavides y, en general, a los de sus antecesores (una lista a la que habría que añadir los nombres del actual diputado local Rogelio Rueda y del coordinador de políticas estatales Nabor Ochoa), Griselda Martínez presumió haber ordenado las finanzas públicas, dándole vuelta a la mala situación económica del Ayuntamiento:
En octubre de 2018, Griselda recibió la administración “con menos 30 millones de pesos y para febrero ya se había revertido esa situación y empezado un camino de disciplina financiera que permitió pagar más de 103 millones de pesos de los casi 700 millones que dejaron de deuda anteriores administraciones”.
UN MAL EJEMPLO
Manzanillo, dijo, es el único municipio que ha pagado “el 100% de las aportaciones al Instituto de Pensiones y también el que ha cumplido con sus compromisos de fin de año sin contratar deuda ni comprometer las finanzas del próximo año, además de la inversión de más de 80 millones de pesos en la ejecución de casi 100 obras públicas en beneficio de miles de familias manzanillenses”.
En materia de seguridad, el tema que más preocupa a los porteños pues hasta la munícipe ha sido víctima de un atentado, “Manzanillo ha invertido el presupuesto más alto en su historia con 25 millones de pesos, utilizados para el equipamiento de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, para la Prevención Social del Delito y acciones encaminadas a recuperar la paz y la tranquilidad de las familias a través de la recomposición del tejido social”.
Y anticipando que la 4T llegó para quedarse muchos años en el Ayuntamiento de Manzanillo, señaló que uno de los legados de su administración será el Plan Estratégico de Vinculación y Articulación de la Ciudad y Puerto de Manzanillo con visión al 2050, “que se construye de la mano de la iniciativa privada y la sociedad civil”.
El documento “sentará la bases de un desarrollo ordenado, que clarifique cómo debe crecer Manzanillo, respetando la vocación de suelo y el medio ambiente; es decir, que nunca más se permitan obras que afecten o atenten contra la adecuada planeación y sustentabilidad del municipio”.
FIN DE LOS PRIVILEGIOS
No se equivoca quien escuchó en las palabras de Griselda Martínez ecos del mensaje que el presidente López Obrador pronunció en la celebración de su primer año de gobierno.
La alcaldesa se asume como una adelantada, como la muestra de lo que ocurrirá si al gobierno del estado llega alguien formado en los ideales de la izquierda: el fin de los privilegios, de la lógica de corrupción y de la supremacía de los intereses creados.
La alternancia en el gobierno estatal supone la renovación de la clase política, algo que preocupa a una nomenclatura formada por personajes que llevan casi 30 años turnándose en los cargos políticos. E implica acatamiento al mandato popular, algo que también preocupa a los grupos políticos (tanto priistas como panistas) imbricados con las elites económicas.
Griselda es una figura incómoda. Perdió la mayoría al interior del Cabildo cuando la oposición se unió a algunos regidores de Morena molestos porque la alcaldesa no entiende sus razones ni accede a sus peticiones. Y ha sido víctima de un prolongado asedio mediático por su renuencia a gastar en publicidad oficial.
La hostilidad del cuerpo edilicio y el acoso del gobierno estatal, magnificados luego en los medios de comunicación y las redes sociales, son nada si pensamos en el ataque a mano armada que sufrió Griselda Martínez el 26 de julio de este año.
Muchos quisieran que se olvidara el incidente, pero la edil no ha querido dar vuelta a la hoja. El notorio dispositivo de seguridad revela que Griselda (o la Armada que la cuida) sabe que está en riesgo.
Durante varios días exhibió la camioneta baleada a las afueras del Palacio Municipal, y la visión del vehículo convertido en una coladera incomodó sobre todo a aquellos que, tras el ataque, especularon que se trató de un auto-atentado.
La incomodidad se convirtió en pánico cuando, durante el mensaje político, Griselda Martínez empezó a parafrasear las consignas del performance Un violador en tu camino (“Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía”) para señalar en todas direcciones con el índice: “¡El asesino eres tú!, ¡el asesino eres tú!, ¡el asesino eres tú!”
NO PAGO, SÍ TENGO
No esperaban que Griselda mentara en el informe a sus frustrados asesinos, los organizadores de la protesta encabezada por quienes mantienen el plantón e impiden las operaciones de las oficinas de Capdam (Comisión de Agua Potable y Drenaje de Manzanillo).
La movilización tenía un solo propósito: reventar la sesión solemne de Cabildo en la Plaza del Pez Vela, y ridiculizar a la alcaldesa frente a sus invitados protocolarios. Ahí estaban el secretario de la Juventud, Gamaliel Haro Osorio, como representante del Poder Ejecutivo (¿el municipio más importante del estado no ameritaba una personalidad de más peso en el gabinete de Nacho Peralta?), la diputada Jazmín García Ramírez, del Poder Legislativo, y el magistrado Sergio Marcelino Bravo (otro porteño con longevidad política), del Poder Judicial.
Entre los manifestantes, destacaron por su elegancia David Díaz y Roberto Gopar. Díaz, conocido por nunca haber pagado el agua y a mucho orgullo, es un infiltrado en Morena que se hizo famoso porque se robó la urna en la asamblea distrital para elegir consejeros estatales. Mientras que Gopar, agitador profesional, acaba de aparecer en la prensa por buscarle pleito al director de la Capdam, Gabino Uribe.
Si hemos de tomar en serio la manifestación, qué pobre argumento el de una protesta porque les están cobrando el agua. Si ese fuera el motivo, realmente no entiendo: con lo que gastaron en mantas (que no eran improvisadas sino de rotulista profesional) varios de ellos hubieran pagado la deuda con el organismo operador.
POLÍTICA CLIENTELAR
El populismo priista que se transformó en naborista y luego se convirtió en virgilista, estableció como valor político la idea de que el Ayuntamiento no necesita ser demasiado estricto con los contribuyentes pequeños en la recaudación del impuesto predial ni en la recuperación de la cartera vencida del agua, pues los ingresos para la tesorería municipal por los pagos que hacen los grandes contribuyentes (hoteles, industrias, patios de contenedores, etc.) son suficientes.
El problema de esta política social es que acabó siendo privilegio de algunos liderazgos populares y moneda de cambio para pagar la movilización electoral. En una lógica de transparencia y rendición de cuentas, no debe haber excepciones. Claro, eso tiene costos políticos y los está pagando Griselda.
Los simpatizantes de Morena que llenaron las sillas en el informe, comentaban entre ellos cuando la gritería de los manifestantes hacía casi inaudible el mensaje de la presidente: “Ya ni la friega Virgilio”. Y se dice que un funcionario del Ayuntamiento a la pasada le dijo al regidor: “Te pasaste, Virgilio”.
Pero la evidencia indica que no fue Amezcua Mendoza el que pagó la manifestación sino el director de la API, Héctor Mora. El capitán Mora ha estado financiando el plantón en Capdam de una manera poco discreta: donando públicamente pantallas y otros dispositivos electrónicos para que los manifestantes los rifen y obtengan recursos.
MORA, PRECANDIDATO
Convencido de que el cargo y el peso electoral de Manzanillo lo convierten en aspirante natural a la gubernatura, Héctor Mora relanzó su campaña de proselitismo en el marco del 25 aniversario de la Administración Portuaria Integral.
Una nutrida campaña de spots en la radio y felicitaciones en la prensa para el director (pagadas por la propia API), culminó con un festejo en el que el organismo tiró la casa por la ventana. A ese evento sí acudió el gobernador Ignacio Peralta, dando con su presencia un espaldarazo al funcionario cuyos días están contados.
Militarizar los puertos, designar como operadores a marinos, ya no sólo con licencia o en retiro como pasaba hasta antes de la designación de Héctor Mora, sino parte de la cadena de mando en la Armada, es la respuesta que el presidente López Obrador dará a la Casa Blanca.
Donald Trump ha venido insistiendo que el fentanilo es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, al ser la causa de miles de muertes por sobredosis. Y hay sobrada evidencia de que ese narcótico entra a México, proveniente de Asia, por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
La familia del Gobernador reza para que el capitán piloto aviador permanezca en el cargo el tiempo suficiente para conseguir la concesión de una terminal de carga especializada. Pero el uso de recursos públicos para la promoción política personal que hace Mora, es algo que debería indignar a los morenistas.
La diputada Claudia Yáñez se está tardando en presentar en la tribuna de San Lázaro una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra el capitán Mora.
No se justifica el gasto en imagen y relaciones públicas. Las agencias aduanales deben tener un presupuesto para estas actividades porque es una inversión para atraer más clientes y mejores contratos, pero la API no tiene que quedar bien con nadie. El organismo debe administrar la actividad portuaria independientemente del volumen de operaciones.
Las obras de compensación para el municipio son eso: una derrama económica de API para atenuar el impacto ambiental y social que tienen las actividades portuarias en la ciudadanía manzanillense. No son relaciones públicas y, mucho menos, inversión política.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.