La circunstancia que enfrenta Colima en materia de la contingencia pandémica, que ha absorbido a todos los ámbitos de gobierno y a la sociedad en general en la alarma generalizada para prevenir la expansión del mal Covid-19, pareciera dar tregua a los gobernadores más mediocres, y como en el caso del de Colima, parecen querer aprovechar el mal para reconstruir su pésima imagen de gobernabilidad, pues se filtran encuestas que quieren distraer el fracaso por un falso repunte en dicha fama pública.
Sin embargo, si Colima no figura en las listas graves por el impacto de la pandemia, con cifras de contagios y decesos y carencia de unidades y equipo hospitalario; no ha sido porque de la noche a la mañana el gobierno haya pasado de la destartalada imagen de corrupción e ineficiencia e ineficacia, al plano de la solvencia administrativa. Nada más lejos de esta. Pues lo que ha logrado que no se expanda aquí el mal, es la atinada acción operativa del gobierno federal, que a tiempo preciso desplegó sus exitosas acciones al respecto.
En mi opinión, más bien el gobierno estatal ha ido en contra de algunas disposiciones federales, y esto se puede verificar en los propios mensajes del mandatario estatal, como el último, donde implica al gobierno federal la responsabilidad de no enviar las famosas pruebas rápidas, que, dicho sea de paso, han sido objeto de corrupción en Jalisco, y en muchas otras partes del territorio mundial pandémico, pues se cuestiona la veracidad de sus resultados.
Y esa misma posición fifÍ que ha seguido el gobierno estatal, se pudo comprobar en días pasados, cuando se exhibió mandando una carta al ramo del gobierno federal encargado de las comunicaciones, para que suspendieran los vuelos fronterizos a Colima, dejando en claro su posición temerosa e irracional con la que no debe manejarse un gobernante en esta situación; pues también era esta una posición que buscaba generar simpatías con el pretendido objetivo de que se estaba entendiendo a muchos colimenses aterrorizados por el miedo, pero que les impide contemplar acciones objetivas como, por ejemplo, la promoción del auto confinamiento por catorce días de los viajeros al llegar a cualquier punto de Colima.
Otro motivo que permite señalar una actitud fifí y contraria al espíritu público del gobierno de la República, fue la decisión de despedir, de la peor manera- es decir, sin comunicación formal y más bien al estilo de los patrones tiranos- a tres decenas de trabajadoras y trabajadores que se desempeñaban con eficiencia y eficacia en sus respectivos trabajos en diferentes dependencias -dos de ellos con 30 años de servicio-. Actuando así en sintonía con los tecnócratas que tanto daño le han hecho al país, aplicando políticas ajenas al sentido y al espíritu social.
Esta decisión de Nacho Peralta, atropella el acuerdo nacional y el propio local, de que no se despidiera durante la epidemia a trabajadoras y trabajadores del servicio público; y también se conminara al sector privado para que procurase no hacerlo tampoco.
Al desacatar el acuerdo federal y del congreso local, el gobierno de Nacho Peralta confirma que su gobierno es un reducto del neoliberalismo más salvaje que queda en el país, orquestado aquí por juniorcillos que dirigen las acciones de las finanzas y el manejo del aparato burocrático, y que han sido señalados de corrupción.
Las líneas de acción del gobierno estatal de Nacho Peralta, no se ven por ningún lado, y lo que se asoma, lo hace solo para mostrar su aspecto más negativo y pernicioso de la función pública, como fue el criminal hachazo sobre la frágil economía familiar de 30 trabajadoras y trabajadores, en medio de la pandemia. Y es aquí el punto preciso para reflexionar sobre la calidad de gobernantes que eligió el pueblo colimense, o que más bien se impusieron por la fuerza de grupos y pandillas económico-políticos; como fue el caso del origen del peor gobierno estatal que haya pasado ya a la triste historia, superando, aunque por poco, al gobierno corruptazo también de Mario Anguiano.
El brutal despido ordenando por Nacho Peralta a sus incondicionales del ramo financiero y administrativo, ha causado indignación en la sociedad colimense, y promovido denuncias por algunos legisladores locales, pocos, y que deben seguir insistiendo con carácter y determinación social, luchando por la reinstalación de esos 30 cabezas de familia que viven el confinamiento pandémico con gran preocupación e incertidumbre.
Pero también, hay que decir que a los propios trabajadores les ha faltado capacitación para enfrentar legalmente este tipo de despidos criminales, donde los verdugos -aunque sean gobernantes- actúan con brutalidad y siguiendo todas las mañas que siguen los patrones abusivos, pues no comunican formalmente los despidos, no arman paquetes con las prestaciones a que da lugar un despido; aprovechando liderazgos sindicales facciosos y súbditos de dichos verdugos; como es el caso del gobierno estatal y el municipal de su cómplice político Leoncio Morán.
Ambos tuvieron el respaldo de sus sindicatos corruptos para hacerse de la vista gorda, y no ver cómo los rebaños de trabajadoras y trabajadores eran conducidos al destierro del desempleo, sin mayor justicia laboral.
He dicho aquí que el gobierno de Nacho Peralta, enemigo declarado de los trabajadores; y el del otro cómplice empresarial y renegado de la política, como es Leoncio Morán; jamás han presentado un verdadero plan de austeridad económica; si lo hubiesen hecho no habrían despedido ambos a cientos de trabajadores, ya que con el ahorro de los viajes al extranjero de Nacho Peralta, con el descuento que hubiese hecho a los sueldos de sus juniorcillos de gabinete; con el ahorro en los gastos de Cabildo y de su gruesa nómina de personal con que cubrió más del cien por ciento los espacios de despedidos de su gobierno municipal, Leoncio Morán; hubieran sacado adelante el problema, sin tener que afectar, como lo hicieron, a miles de familias estos dos enemigos de la función pública: Nacho Peralta y Leoncio Morán, prianistas.
PUNTO Y RAYA
Deceso por Covid-19, en cuestión
En la conferencia de prensa ofrecida este sábado por la tarde por López Gastell, el comandante en jefe del exitoso operativo nacional para evitar la dispersión de esta enfermedad; en tono sencillo pero magistral, con conocimiento pleno en epidemiología, citando todos los pasos de verificación que se toman para dar certeza en la veracidad científica; se refirió a los reportes que por ley deben hacerse de pe a pa cuando se presenta un caso de salud de los que deben rigurosamente reportarse.
Esto es importante, porque familiares de una persona que perdió la vida en Manzanillo, están requiriendo la información completa sobre la atención que recibió en el hospital.
Es también importante que se conozca cuál fue el registro que se dio a este caso, para saber si fue efectivamente documentado su expediente y si fue el Covid-19 la causa final del deceso.
Y aún es más importante, que se conozca toda la información, porque pareciera que se trata de implicar en guerra política, al ámbito municipal de Manzanillo, que ha seguido todas las acciones propias de coordinación institucional para enfrentar la pandemia, incorporando las propias que ha asumido el gobierno de Griselda Martínez, contando también con el apoyo de sectores sociales y productivos, para apoyar a las familias.
Eso de querer implicar en guerra política con el pretexto del Covid-19, se entreluce de los cuestionamientos negativos que de muy mala leche se han hecho por supuestos periodistas que quieren afectar a la administración municipal -sin lograrlo, claro está- por los casos infortunados que del mal se ha presentado aquí.
¡Hasta la próxima!