Hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico. Desde el año 2010 a la fecha, se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país, resumió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al “dar cuenta, como fue el compromiso del señor presidente, de la situación que guardan los homicidios y agravios contra las personas periodistas y quienes ejercen el derecho de libertad de expresión en nuestro país”.
En la mañanera del 25 de noviembre de 2020 (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-25-de-noviembre-de-2020?idiom=es), el funcionario de la Secretaría de Gobernación señaló que, “efectivamente, los tres últimos años han tenido un repunte significativo” y reconoció que 2020 es “el año donde se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19”.
Dijo Encinas que, a partir del inicio de este gobierno, se han registrado 38 homicidios: dos en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020. Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua concentran más del 51 por ciento de los homicidios cometidos contra periodistas en 10 años.
Para colmo, “esta violencia ha alcanzado también a los periodistas que están incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas en el país”. Desde su creación en 2017 a la fecha, “han sido asesinados seis periodistas incorporados al mecanismo, de los cuales solamente en tres casos ya hay presuntos responsables bajo proceso de carácter penal”.
“Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de la expresión”. En los últimos cinco años, Gobernación tieneregistradas “mil 52 agresiones diversas contra periodistas, que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas”.
Y más del 40 por ciento de estas agresiones son atribuibles a servidores públicos. Se tiene identificado que el ámbitodonde se da fundamentalmente este tipo de violencias esel municipal, con servidores públicos en este orden de gobierno.De estos 38 homicidios que se han cometidoen la actual administración, el 42 por ciento “los podemos ubicar”particularmente enSonora, Guerrero y Veracruz.
“Y hay que señalar que, así como se va regionalizando el fenómeno de fosas clandestinas, cuerpos exhumados, desaparición de personas, el caso de violencia contra periodistas se va ubicando en regiones específicas del país.”
En Sonora, por ejemplo,“el corredor de Cajeme, de Ciudad Obregón, hacia Guaymas y Empalme y Hermosillo, se está convirtiendo en uno de los corredores más violentos, como sucedió también en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero”.
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
¿Cuál es el perfil de las víctimas y de los victimarios?, se pregunta Alejandro Encinas.
“El 13 por ciento de los homicidios cometidos en esta administración han sido contra mujeres, representan el 13 por ciento, y el 87 por ciento restante a hombres.”
Las víctimas que eran periodistas se dedicaban fundamentalmente a cubrir “notas policiacas y notas rojas, de manera importante también la nota de carácter político y curiosamente [algunos estaban] dedicados a las actividades deportivas y culturales”.En torno al periodismo de investigación,“solamente tenemos acreditado un homicidio de las personas que realizan este tipo de actividad”.
En cuanto al perfil del agresor, “el 73 por ciento de los responsables identificados están vinculados con actividades delictivas, 26 por ciento a la delincuencia organizada y el 47 por ciento a la delincuencia común”. El nueve por ciento está vinculado con servidores públicos. Yla forma del homicidio fue por atentado con arma de fuego.
Encinas lamentaque “no avanzan los procesos judiciales y hay un porcentaje muy alto de impunidad, porque solamente el cinco por ciento de los 38 homicidios cometidos en esta administración tienen sentencia”. En coordinación y un seguimiento especial con las fiscalías, “se han integrado carpetas de investigación o se encuentran bajo proceso”, pero la mayor parte de esos homicidios “prácticamente están en la impunidad”.
MECANISMOS LOCALES
Esto ha traído cambios en el comportamiento del mecanismo, explicó Encinas. Hay mil 313 personas ya incorporadas en el sistema, concentradas en la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Si bien, aclaró el subsecretario que los periodistas residentes en la capital del país “han sido desplazados de su lugar de origen, la mayoría por situaciones de violencia”.
Al inicio de esta administración había 798 personas incorporadas al mecanismo de protección. Y se han sumado 516 personas, “un 60 por ciento de incremento en el número de beneficiarios, de los cuales 426 son periodistas y 887 defensores de derechos humanos”.
Con un incremento significativo de mujeres. “Tenemos incorporadas a 114 mujeres en el mecanismo y el número mayor de personas defensoras de derechos humanos vinculadas al mecanismo de protección son mujeres, 468 mujeres que no solamente [participan] en la defensa de las causas de igualdad y equidad de género, sino también en la lucha por la defensa del territorio, de los recursos naturales y actividades muy diversas”.
En la ruta para enfrentar esta situación, “tenemos que consolidar un sistema nacional de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, y la vigencia de “un derecho fundamental […] a la libre expresión”.
Se estableció “una mesa de trabajo con las 32 secretarías generales de Gobierno en las entidades”, para impulsar “una campaña nacional estratégica para el reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas”, revisar el marco normativo y fortalecer las capacidades locales.
Estas capacidades están asociadas a la construcción de las unidades estatales de protección, para que tengan los estados “capacidad de reacción rápida”, “claridad en las medidas que se están estableciendo por el mecanismo federal” y “capacidad para enfrentar las medidas de prevención”.
Se requiere fortalecer los mecanismos locales, en cada estado y en los municipios, “estableciendo enlaces de atención y enlaces externos para poder tener una comunicación fluida, tanto con los periodistas, como con las personas defensoras de derechos humanos”.
CHIHUAHUA, IGUALA, CANCÚN
Esto implica establecer algunos programas y medidas estratégicas fundamentales, abunda Alejandro Encinas.
“Tenemos experiencias como las que se han hecho en Chihuahua, pero también las que hemos venido construyendo recientemente a raíz de planteamientos […] en esta conferencia de prensa, con la mesa de trabajo que se hizo en el municipio de Iguala, Guerrero, y recientemente el acuerdo que se ha establecido con el municipio de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, en donde participa también el gobierno del estado.”
El reto es impulsar que las fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión,“cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación”, concluyó el subsecretario.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.