¿La reforma judicial es un avance democrático o un suicidio de la 4T?
En la opinión de un lego como quien esto escribe, es un avance porque, como dice la ministra Yasmín Esquivel, democratizar al poder judicial es legitimarlo. Y no debilitarlo, como denunció hasta el cansancio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien señaló que democratizar a la judicatura supone su “demolición”.
Decir que cambiar la forma de nombrar jueces, magistrados y ministros es demoler el poder judicial, a Esquivel le “parece un despropósito”. Y a mí me resulta absurdo que definan la elección popular de cualquier funcionario público como un mecanismo antidemocrático.
Hay un episodio de Los Simpson donde Homero se postula para comisionado de Aseo en Springfield. El experimento resulta desastroso porque, este ciudadano común, no conoce los principios fundamentales de la administración ni el servicio público. La basura acaba desbordándose en las banquetas, pero la gestión del comisionado Simpson tiene su momento estelar cuando logra que los barrenderos desfilen por las calles en uniforme con charreteras. El capítulo nos deja como lección que el problema no es el voto directo de los funcionarios, sino los requisitos de elegibilidad.
Quienes critican la elección directa de juzgadores parten de una idea de democracia selectiva, donde sólo sería válido aquel voto emitido sin ningún tipo de presión ni interés particular, con información completa sobre lo que está en juego y plena conciencia cívica.
Sin embargo, por establecer como principio que se debe reservar la selección de los impartidores de justicia a quienes conocen el Derecho, los opositores a una elección popular perdieron la narrativa sobre la trascendencia de la reforma.
El ideal de una democracia (cada vez más) participativa sedujo a un sector importante de la población, más allá de sus filias o sus fobias con la 4T. Hasta esos que le gritan ‘dictador’ al presidente por promulgar los cambios constitucionales, están de acuerdo en que una reforma judicial (no precisamente ésta) era necesaria.
EL FIN DEL MUNDO SE POSPUSO
Para evitar que se cumpliera una nueva etapa en la transformación de los poderes en México, los detractores de López Obrador llegaron a exageraciones: siguen afirmando que los cambios constitucionales amenazan la relación comercial con Estados Unidos y Canadá; o, de hecho, predicen que ahuyentará la inversión extranjera tanto la de capitales golondrinos como la directa.
A los (nunca mejor definidos como) reaccionarios no les ayudó a ganar el sentido común sugerir, sin quererlo decir abiertamente, que se debe sostener en su cargo a los jueces de confianza para mineras, farmacéuticas, cigarreras, refresqueras y otras trasnacionales. Ni que se debe mantener en su lugar a magistrados que han resuelto casos en contra del Estado y a favor de las corporaciones que eluden el pago de impuestos o despojan a comunidades de sus tierras. O que se debe liberar de la obligación de explicar su conducta, a esos togados que han tomado decisiones cuestionables a favor de capos del narcotráfico o delincuentes de cuello blanco.
En el debate público sobre la reforma judicial no quedó claro por qué acabar (supuestamente) con la división de poderes y acotar (aparentemente) la autonomía del aparato judicial causaría una crisis económica sin precedentes, que detonarían el desempleo y la inflación.
La verdad es que se fueron cumpliendo los pasos necesarios para la aprobación de la reforma sin que se dispararan indicadores económicos, tales como la paridad peso-dólar y el precio de la gasolina, o en su caso cayera el movimiento bursátil más allá de lo acostumbrado en momentos de nerviosismo en cualquier mercado financiero.
Sobra decir que la inquietud de algunos actores económicos (empresarios e inversionistas, pero curiosamente no trabajadores ni consumidores) fue alentada por la campaña de terrorismo verbal que lanzaron embajadas, calificadoras de riesgo crediticio y cámaras empresariales, la prensa corporativa y los propios funcionarios del poder judicial.
Sin embargo, esa propaganda no se tradujo en fuga de capitales ni cancelación de inversiones, como se presagió ocurriría de inmediato a la aprobación y publicación de la reforma en el Diario Oficial.
EL VASO MEDIO LLENO
El contraste entre pragmatismo y tremendismo lo vimos en el seno del sector empresarial. El 18 de septiembre, en el marco del foro “Igualdad salarial” organizado por la American Chamber México (AmCham), mientras el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, declaraba que las empresas se encuentran “preocupadas” por la entrada en vigor de la reforma judicial, el líder de los empresarios estadounidenses en México, Carlos García, se limitó a señalar que sus representados esperarán a la definición de leyes secundarias.
García descartó que, tras la promulgación de la reforma, haya habido salida de capitales. Pero reconoció que esperarán a anunciar sus inversiones en México hasta que exista claridad y seguridad jurídica. En ese sentido, deseó que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, al reglamentar los artículos constitucionales reformados, genere un nuevo ambiente y certeza jurídica para los futuros negocios.
El líder de la AmCham insistió en que el requisito para dar confianza a las “inversiones de muy largo plazo” (las empresas de infraestructura tienen visión a 20 años) es la independencia en el Poder Judicial, mediante leyes claras y estables. Mas evitó caer en predicciones apocalípticas como las de Malagón.
Por el T-MEC, México es el socio comercial más importante que tiene Estados Unidos “y ese potencial sigue”, apuntó el representante de las compañías binacionales. En otras palabras, las empresas responden al mercado y los capitalistas no están peleados con su dinero.
García terminó relativizando la pausa en el anuncio de las inversiones, que el periódico El Economista dio como un hecho en su titular: ‘Reforma judicial pausa inversión de IP de EU y México’[1]. En realidad, dijo García, se han dado señales muy positivas con los nombramientos en el gabinete de Sheinbaum: hay personajes “muy inteligentes y conocedores de los temas”. Por lo demás, “siempre cuando hay un cambio de gobierno se genera poco de incertidumbre y pues con el tiempo se va a ir esclareciendo” el panorama.
Pesimista por consigna, el presidente de Concamin no pudo negar que, ante el nearshoring, México no puede detenerse. “No sabemos” cómo van a reaccionar las empresas extranjeras, dijo Maldonado, pero se cuidó de no llegar a la histeria del presidente de la Coparmex, José Medina Mora, quien unos días antes afirmó que las inversiones se han cancelado para México o se han ido a otros países por la falta de seguridad jurídica.
Según el dirigente de ese sindicato patronal, Morena está reconstruyendo el régimen autoritario que se instauró en los años setenta, cuando no existía en México división de poderes ni contrapesos y toda la fuerza política se concentraba en el presidente. Esa ha sido la cantaleta contra la reforma: efectiva división de poderes y contrapesos del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo.
LOS ALFILERES DE ZEDILLO
En la discusión mediática, pública y parlamentaria sobre la reforma judicial se hicieron afirmaciones endebles, como esa que sostiene que “división de poderes” es igual a “oposición entre poderes”.
Paradójicamente, esa no fue la realidad política y administrativa de este país sino hasta este sexenio. A partir de 1988, cuando ya hubo patricios de oposición, en el Senado donde se confirmaba hasta ahora a los ministros de la SCJN se empezó a ejercer el derecho al pataleo. Antes, los senadores del PRI recibían línea con respecto a cuál de los integrantes de la terna que mandaba el presidente de la república debían dar su voto.
Ni antes ni después de 1995, el gremio de abogados objetó monolíticamente el nombramiento de ministros con negros antecedentes en la procuración de Justicia, como Victoria Adato o Eduardo Medina Mora (hermano de José, el dirigente de Coparmex, para más señas). Y no vimos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestarse cuando Ernesto Zedillo disolvió la Corte.
Por cierto, la crisis económica con la que arrancó su sexenio Zedillo se desencadenó por el “error de diciembre” de 1994 y no por el decreto que llevó a jubilar a los 26 ministros en funciones, a quienes sustituyó dos meses después con 11 nuevos jueces supremos que no les debieran su cargo a los presidentes de la república anteriores.
Esa crisis del 94 sí fue real y medible. Llevó a muchas familias a perder su patrimonio. Y si bien fue aliviada con un préstamo de Estados Unidos, al final se resolvió privatizando muchas de las paraestatales que se le escaparon a Carlos Salinas de Gortari (como los ferrocarriles) y, fundamentalmente, convirtiendo en deuda pública los millonarios recursos del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) que el Estado dilapidó cubriendo las pérdidas y desfalcos de los casabolseros convertidos en banqueros por el salinismo.
Ese pasivo sigue creciendo, es parte del endeudamiento que ahora le atribuyen a López Obrador y lo seguiremos pagando del presupuesto nacional por varios lustros más.
Para los que presumen a Zedillo como un genio de las finanzas públicas, vale recordar que no saneó la economía nacional. Le volvió a poner los alfileres con los que CSG se la dejó agarrada, con la advertencia a EZPL de que no se los quitara. Y lo hizo con una fórmula genuinamente neoliberal y antipopular: socializando las pérdidas y privatizando las ganancias de lo que implicó la disolución del Estado propietario.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com
[1] Nota de Lilia González, miércoles 18 de septiembre de 2024. El Economista. Cfr. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reforma-judicial-pausa-inversion-de-IP-de-EU-y-Mexico-20240918-0155.html
De cualquier manera es peligroso que un Presidente y un partido político tenga la mayoria en las camaras, para hacer y deshacer a su antojo.