Una verdadera lucha de fuerzas la que se ha dado desde hace un par de semanas en Manzanillo. Por un lado algunos entes acostumbrados a la alta asignación de recursos públicos a su favor, y por el otro una administración municipal que plantea un nuevo paradigma político, como el que ahora gobierna la capital económica de nuestro estado.
Con la llegada de la administración morenista de Griselda Martínez, en la comuna porteña se han tomado decisiones para establecer una sinergia municipal que favorezca la transparencia y la viabilidad financiera de los servicios municipales que, pese a sus grandes dimensiones burocráticas, está absorto en un endeudamiento heredado que (según lo informado por la propia alcaldesa) ronda los 680 millones de pesos.
La presidenta municipal en mención ha tenido que remar contracorriente en varias de las decisiones fundamentales para el desarrollo de su gestión, recordando que no le tembló el pulso cuando denunció la presunta detección de una tarjeta de crédito con la que se habrían hecho gastos onerosos a cargo del erario, en administraciones anteriores, situación que posiblemente no desnivelaba en demasía las finanzas municipales, pero sí ejemplificaban una serie de hallazgos importantes sobre indebidos usos de los recursos de la ciudad-puerto.
De igual manera, tuvo que dar un paso adelante en el tema de la transparencia de los sueldos de sus funcionarios de primer nivel, decisiones que complicarán el hecho de que, en un futuro, alguna nueva administración pueda dejar de transparentar las compensaciones a los más altos cargos, al menos por fuera de lo que dice el tabulador, fijando un sueldo acorde a las responsabilidades.
Sin embargo, el cambio en la política municipal ha provocado ataques del sector gremial, en particular del sindicato más antiguo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Organismos Descentralizados de Manzanillo (STSSDODM), quienes se han negado al incremento salarial de un 3%, pidiendo un 6% de aumento, que al momento no tiene suficiencia presupuestal.
En su columna “Viaje de las Ideas”, Juan José Gómez Santos explicó la situación: “…la nómina del sindicato municipal de trabajadores suma 328 millones, 322 mil 623 pesos”… “y que sirve para cubrir los salarios a 690 trabajadores sindicalizados”; continúa relatando, “un trabajador del área de limpieza percibe mensualmente 29 mil pesos por 6 horas y media de trabajo de lunes a viernes y con 133 prestaciones; un trabajador eventual apenas sí recibe 4 mil 800 pesos, por una jornada de una hora y media más que el sindicalizado; trabajando también el sábado y con las consabidas prestaciones de ley”.
La página web www.rotativalibre.com expone en una nota: “Mientras que para los gastos de operatividad del Ayuntamiento, como la compra de vehículos, refacciones, papelería, entre otras cosas, apenas queda el 8.06 por ciento del presupuesto, que son poco más de 75 millones de pesos. Por otra parte, para el rubro de obra pública, sólo el 3.02 por ciento del presupuesto, que representa una cantidad de 26 millones 471 mil pesos”.
Esta disparidad derivó en que la alcaldesa iniciara negociaciones con los dos sindicatos manzanillenses, sin distingo. El Sindicato Independiente de Servidores Públicos Unidos en Pro de la Excelencia y Desarrollo del Ayuntamiento de Manzanillo (SISEPUD), accedió hace unos días al incremento salarial del 3%, agradecidos del trato que como trabajadores les ha dado la administración morenista, ya que los trabajadores en mención, hasta antes de este año no tenían salarios nivelados o prestaciones homologadas.
Los cambios en la política municipal han derivado en acciones diversas por parte del sindicato más antiguo. Parece no importar la falta de suficiencia presupuestal para el aumento del 6%, como si la verdadera intención de la revuelta fuera que se descobijaran otros rubros importantes para la administración municipal, en busca de afectaciones políticas. La alcaldesa reveló, por ejemplo, que el Ayuntamiento tiene importantes necesidades, como el no contar siquiera con camiones de basura propios, por lo que un excesivo incremento salarial no está en su lista de prioridades.
Griselda Martínez anunció hace un par de días que garantiza el derecho de todo trabajador “a la libertad de manifestación o no, sin que la decisión que tomen afecte su sueldo ni prestaciones laborales”, es decir, no se acatará por parte de la administración “la solicitud de descuento de salario que a manera de represalia realice su líder sindical en contra de algún trabajador que decida o no manifestarse”; una decisión desestabilizadora para el viejo corporativismo.