Estaba cantado pero, no por eso, deja de ser menos duro el golpe político que recibió la administración de Ignacio Peralta con la resolución de un juez de Distrito que lleva a la destitución de Mario de la Madrid Andrade como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE).
El juzgador otorgó un amparo a quien promovió la inconstitucionalidad del nombramiento que hizo el Congreso local a propuesta del Ejecutivo, y se espera que con ese mismo criterio se revoquen las designaciones de los magistrados René Rodríguez Alcaraz y Marcelino Bravo Sandoval hechas en un momento posterior a la de Mario.
El que no se anulará es el nombramiento de la magistrada Leticia Chávez Ponce que entró en la misma terna que los dos anteriores, porque contra ella no se ha promovido recurso legal alguno.
Sin embargo, eventualmente también sería desconocida la legalidad del comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, designado en la misma camada de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que ya fueron destituidos. No por nada, los reporteros de la fuente se refieren con humor negro a Yáñez Arvizu con el mote del ‘Tú sigues’.
PASARON EN AMARILLO
Para juristas como De la Madrid y Rodríguez, quienes han sido catedráticos y directores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, es una afrenta mayor que por un error de procedimiento los hagan pasar por este trance.
A Mario no lo están removiendo porque carezca de méritos académicos o profesionales, sino porque fue designado en una lógica del poder político que choca con la nueva cultura de los derechos humanos.
Quienes diseñaron y ejecutaron el proceso de formulación de la propuesta y su votación en el Congreso, pensaron que estaban ante la última oportunidad de hacer todo a la antigua, a la usanza de cuando la designación de los magistrados del STJE, al igual que la de los integrantes de otros órganos jurisdiccionales y autónomos, dependía fundamentalmente de la voluntad política del Gobernador.
El entonces consejero jurídico del mandatario, como el que se pasa el semáforo en amarillo, se equivocó al creer que tras estos movimientos se cerraría la puerta luego que ellos se colaran. No comprendió Andrés García Noriega que había llegado la hora de hacer las cosas de otra manera.
Y en el pecado llevó la penitencia porque él y los demás magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (la ex oficial mayor del Congreso del Estado, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, y el abogado Juan Manuel Figueroa López) fueron removidos del cargo. Continúan como interinos en espera que se designe a los sustitutos.
No perdieron a gusto. García Noriega, Villalpando y Figueroa promovieron un incidente de incompetencia contra el Tribunal Colegiado de Circuito que concedió el amparo que llevó a su destitución, pero el recurso fue desechado.
EL PRECIO DE APELAR
¿Algo similar podría ocurrir si Mario de la Madrid apela el fallo del juez de Distrito?
No lo sé, pero el doctor en Derecho tendría que estar muy seguro de sus alegatos para no recibir un segundo golpe que, en ese caso, lastimaría su prestigio profesional.
Además, de lograrse la restitución de De la Madrid Andrade quedaría el estigma de que el Gobierno de Colima recurrió a leguleyadas para imponer a un magistrado de sus confianzas, y no creo que a Mario le agrade cargar ese fardo.
Todo puede pasar, sin embargo. La insistencia para colocar a Nicolás Contreras como director general de Ciapacov frente al rechazo de los consejeros de ese organismo, demostró que al gobierno de Peralta le preocupa muy poco verse como novio rogón.
Convencido de que debe defender ante el nuevo régimen federal lo que el Gobernador cree son posiciones de poder, podría darse el caso de que obligados a reponer el procedimiento para designar magistrados de los dos tribunales, tanto el Supremo como el de Justicia Administrativa, el Ejecutivo vuelva a postular como candidatos a los mismos magistrados que la justicia federal destituyó.
Claro, ahora esos candidatos oficialistas tendrían que competir por el cargo en un concurso de oposición, midiéndose profesionalmente con otros abogados que no tienen sus conexiones políticas.
No me cabe duda que Mario de la Madrid superaría el examen de conocimientos y experiencia sobradamente, pero a un enorme costo político que pagarían él y el Gobernador.
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