Es indudable que nadie quiere pagar el peaje de la caseta de Cuyutlán, y a decir por las reacciones en las redes sociales, aunque será un alivio el descuento del 65 por ciento que anunció la diputada federal del distrito II, Indira Vizcaíno, que disminuye el costo de $130 a $45 pesos a partir del pasado 23 de octubre mediante un TAG, la agenda social en torno a esta problemática no ha quitado el dedo del renglón: no van a dejar de insistir hasta que se derogue la concesión.
La empresa PINFRA, concesionaria de esta caseta, anunció que dará facilidades de más a la ciudadanía, no solamente para que obtengan el ansiado TAG, sino para que las cajas receptoras de las recargas estén lo más accesibles, muy posiblemente en todas las tiendas de conveniencia que vemos apiladas en las esquina de las principales vialidades.
Sin duda, un paso adelante en esta lucha, a la que incluso varios actores del PRI, incluyendo al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, quisieron sumarse después de los resultados de la jornada electoral del 01 de julio, al contrario de lo que habían hecho antes.
En la más reciente visita a Colima del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la caseta de peaje, dijo, “acerca de las concesiones, vamos a poner orden también, en lo de las casetas, nada más que espérenme, no se puede todo de un plumazo, vámonos poco a poco, porque no quiero incumplir con ningún compromiso”, dando a entender que sí habrá una propuesta de su Gobierno (que recuerden, inicia hasta el 01 de diciembre), acerca de estas polémicas concesiones.
Una cosa es segura, la mínima falla en el compromiso de la empresa PINFRA sobre la comodidad y facilidad de obtener este TAG, será recriminada. No dudo que un domingo u otro, haya toma de la caseta pese a la disminución sustancial del costo; pues es evidente que pagamos peajes carreteros correspondientes al primer mundo, y en realidad transitamos por caminos concesionados dignos del quinto mundo.
Y es que el transporte que destruye y desgasta la carretera, el transporte de carga, bien podría seguir pagando la misma cuota que pagan actualmente, e incluso más. Nadie se opondría a ello, lo importante es liberar a los ciudadanos de este cobro tan discutido y que merma la economía de las familias, en beneficio del negocio logístico del Puerto, cuyos beneficios apenas permean a los propios manzanillenses.
A esta lucha se han sumado dos diputadas federales por Colima, Indira Vizcaíno y Claudia Yáñez Centeno, quienes ya han anunciado sus intenciones de derogar la concesión. Por lo tanto, Manzanillo saldrá ganando; la caseta ha sido una barrera económica para que los capitalinos lleguen hasta el Puerto más seguido, y viceversa. Es hora de que este muro caiga.