El aparato de comunicación social -herencia del antiguo régimen priista- que acompañó en su mandato al presidente Enrique Peña Nieto, fue diseñado para el control de los medios vía la publicidad oficial y otras formas de coacción, y terminó por convertirse en un instrumento de control político en sí mismo.
Por eso, el exdirector del periódico Regeneración, órgano oficial de Morena, Jesús Ramírez Cuevas, quien es la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), al esbozar los cambios que se instrumentarán a partir del 1 de diciembre adelanta que, contra lo que han venido sosteniendo los opinadores que hablan de un mandatario autoritario e intolerante, con AMLO el ejercicio periodístico será más libre y sin censuras.
Tendrá que ser, de entrada, más barato, le dijo el futuro vocero presidencial al reportero Arturo Rodríguez García, quien publicó la entrevista en el semanario Proceso, “La publicidad gubernamental dejará de ser instrumento de control político” (No. 2184, 9 de septiembre de 2018).
Tres acciones promete Jesús Ramírez: 1) eliminar las coordinaciones de comunicación en cada dependencia del Gobierno federal; 2) recortar en 50% los gastos publicitarios y 3) proteger a los periodistas.
A ese plan básico hay que agregarle la determinación del nuevo gobierno de concentrar en la CGCS las funciones que, en materia de comunicación, hoy ostenta la Secretaría de Gobernación. Lo que lleva al reportero a preguntar si esa centralización en la Presidencia de la República no significa un robustecimiento del repudiado control.
Para Ramírez Cuevas “no se trata de crear un súper-poder sino de conseguir una mayor eficacia en las tareas y tener control del gasto público”. En la lógica de la cuarta transformación, para garantizar la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la eficacia del modelo comunicacional, la apuesta es diseñar reglas claras a partir de una consulta con los medios de comunicación, periodistas, expertos y organizaciones ciudadanas antes del 1 de diciembre.
Sin poder precisar todavía de cuánto será el recorte presupuestal -aunque se sospecha que el aparato de comunicación peñanietista cuesta unos mil 250 millones de pesos anuales-, Jesús Ramírez delinea su plan:
La CGCS ampliará sus funciones, llevará la comunicación e imagen del presidente, definirá las políticas de información de todo el Gobierno federal y asumirá las funciones de asignación publicitaria.
Refugio de aviadores
Ocupadas por personal que nada hace y además duplica funciones, las áreas de comunicación social de las dependencias federales se transformarán en oficinas de enlace para responder a la demanda de información periodística, mantener el flujo informativo y fijar posicionamientos.
El dinero que han venido pagando las dependencias a los medios, genera distorsiones que las convierte en oficinas para el lucimiento y proyección política del funcionario en turno. El presidente electo, en cambio, entiende la comunicación como “un servicio público para la transparencia, que explique la toma de decisiones y dé contexto a sus posicionamientos”, dice Ramírez Cuevas.
Por lo que atañe a los medios públicos (entre ellos los canales 11 y 22, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y el Sistema de Radio y Televisión Pública), se mantendrán, aunque “se reordenará la participación de políticos que tienen el favor de la Presidencia con espacios informativos” en el IMER.
Se trata de cambiar, insiste el entrevistado, “hacia las nuevas realidades, con mayor pluralismo”, con transparencia y respeto a la libertad de expresión.
También reformarían la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la CGCS absorba áreas de la Segob como Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) o el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), e incluso las que maneja en la misma Gobernación la Subsecretaría de Normatividad y Medios.
De esa manera se terminaría con un método de control político que usaron hasta los panistas, y que consiste en “utilizar la compra de publicidad como un instrumento de premio o castigo a los medios”.
“Poquito porque es bendito”
Para tranquilidad de los concesionarios de radio y televisión, López Obrador se comprometió con la cámara de esa industria a mantener la publicidad oficial, pero sin caer en el dispendio actual: “Poquito porque es bendito”, dijo el 3 de mayo el entonces candidato presidencial.
Cada año de este sexenio se ha registrado un sobreejercicio del gasto en publicidad -cercano a los 3 mil millones presupuestados- que termina triplicándose, como ocurrió en este último de Peña Nieto. Por eso, el recorte será sobre lo gastado, es decir, del 50% de lo ejercido. No sobre lo presupuestado porque “sería tremendo”, comenta Jesús Ramírez.
Lo que sí se erradicará será ese gasto opaco y discrecional de publirreportajes o entrevistas a funcionarios “que no están cuantificadas ni aparecen en la publicidad”.
Lo que se busca son reglas claras para contratar publicidad en los medios, así como igualar condiciones -no privilegiar ningún medio ni tener favoritismos- y evitar el control de contenidos, apunta el futuro funcionario.
Al reconocer que no todos los medios son iguales (difieren no sólo en alcance, audiencia o número de lectores, sino también por el papel que juegan en el país y hasta por su aporte e importancia cultural, por no mencionar su contribución a la vida democrática), Jesús Ramírez declara:
“Tenemos que reconocer a los medios que han impulsado un periodismo de investigación, crítico, (y) que han sido castigados por las políticas de los gobiernos anteriores. Se trata de que no sufran esa situación y se reconozca su trabajo. Lo mejor sería que estuviera normado”.
Considera que los vigentes Lineamientos de Publicidad Oficial son una herramienta precaria y que la llamada Ley Chayote -actualmente controvertida en la Suprema Corte- es insuficiente como está, por lo que Ramírez Cuevas ha tenido reuniones con personal de la Corte, el Poder Legislativo y organizaciones ciudadanas con el propósito de superar trabas.
Al no haber claridad en la entrada en vigor de esa legislación, López Obrador quiere organizar una consulta con medios, legisladores y especialistas para definir un marco jurídico antes de que empiece su administración.
“Lo ideal -enfatiza Jesús Ramírez- es que las reglas del juego estén claras desde el principio; de lo contrario -y más con la crisis que traen los medios- nos van a endilgar los despidos en muchos medios, pese a que eso obedece a razones de mercado y de consumo de información”.
En una siguiente entrega, reseñaremos lo que dijo el que será coordinador general de Comunicación Social en el gobierno de López Obrador, no tanto de los periodistas que eventualmente desaparecerán del panorama sino de los que podrían regresar a la escena informativa después de haber sido privados de sus espacios por actos de censura.
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