Veracruz es el ejemplo de una entidad con un fuerte contraste entre lo que hace la autoridad federal y lo que está haciendo la autoridad estatal, en materia de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas, plantea Ernesto Ledesma, conductor del noticiero Perspectivas en Rompeviento TV.
¿Qué cambios hizo al mecanismo de protección el gobierno de Cuitláhuac García en comparación con los gobiernos anteriores?, pregunta Ledesma, tras subrayar que el último, a cargo de Miguel Ángel Yunes, fue una pesadilla como lo fueron también los de Fidel Herrera y Javier Duarte.
¿Y qué se debe ajustar todavía, y de manera inmediata, para poner un alto a las agresiones a periodistas que son verdaderamente alarmantes en Veracruz?, insiste el conductor a Jorge Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP).
“Es prematuro evaluar la situación con el gobierno de Cuitláhuac García porque apenas tiene dos años. Los integrantes de esta comisión fuimos nombrados con el periodo de Yunes Linares. De hecho, yo fui propuesto en la terna que mandó ese gobernador al Congreso.
“Somos una de estas instituciones que han quedado con una mancha de política partidista, lo que genera desconfianza al gobierno de García Jiménez. Supongo que por eso no ha habido un acercamiento del Ejecutivo con el trabajo que hacemos, aunque en esa dinámica política partidista nada tenemos que ver.”
Morales participó en una mesa de análisis sobre el informe que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, rindió en la mañanera del 25 de noviembre de 2020 (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-25-de-noviembre-de-2020?idiom=es) con las cifras de agresiones a periodistas en los últimos dos años.
Ese mismo día, a la emisión del noticiero de Rompeviento TV (https://www.youtube.com/watch?v=aWCU6FtzQN8) Ledesma invitó también a Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México; Jan-Albert Hootsen, representante en nuestro país del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), e Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos en Artículo 19.
LA SOMBRA DEL CACIQUE
En términos generales, sigue diciendo Jorge Morales, la relación del CEAPP con el actual gobierno de Veracruz es institucional y respetuosa, pero “un poco distante”.
Por eso, el secretario técnico del organismo desea que en la renovación de la comisión en diciembre queden “personas afines”, en quienes sí confíen porque eso permitiría definir mejores estrategias, habría armonía y mayor respaldo. “Terminamos nuestro periodo el 20 de diciembre, y se nombrará a nuevos comisionados y secretariado ejecutivo”.
En la actual comisión “sí hay relaciones interinstitucionales con algunas áreas de gobierno. Con la Fiscalía tenemos buena relación, personalmente con la fiscal y con la directora de Investigaciones, nuestro enlace.
“También con Seguridad Pública tenemos buena relación. Nos han atendido en nuestras peticiones y planteamientos, pese a algunos casos donde se confrontaron los intereses de los policías y de los periodistas.
“Sin embargo, no han cambiado ciertos patrones de las agresiones de policías hacia periodistas. Y me inquieta porque yo pensaba que, con el nuevo gobierno, iban a crearse estrategias de sensibilización e información en derechos humanos para las corporaciones policíacas.
“Sigue el esquema que definió en su momento Arturo Bermúdez Zurita: la militarización de las policías. Muchos de los agentes de Fuerza Civil son exmilitares o exmarinos, cuya estrategia de trabajo ignora la aplicación de protocolos para el uso proporcional de la fuerza. Y también son intolerantes a la actividad de los periodistas.
“Veracruz fue una de las primeras entidades donde se reveló una estrategia enfocada a la desaparición forzada de personas desde la misma corporación policial, que en este caso es Fuerza Civil.
“De esa escuela viene Bermúdez y esa formación todavía está presente en la estructura policial de este gobierno. Espero que pronto arreglen esa situación, para que no se sigan generando choques y agresiones a periodistas.
“Los compañeros nos cuestionan porque, dicen, antes nos agredían los delincuentes y ahora también los policías. No ha cambiado mucho la situación: sigue habiendo privaciones de la libertad, amenazas a periodistas e incluso un intento de desaparición que, afortunadamente, se contuvo”, explica Morales.
EL PODER DE ATRACCIÓN
¿Qué tendría que hacer a corto, mediano y largo plazo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ajustar el mecanismo de protección a periodistas?, pregunta Ledesma a sus otros invitados.
Para Balbina Flores, es una pregunta amplia y compleja que abarca muchos temas: la protección, la impunidad y la prevención.
“Hay que tener claro que los mecanismos son reactivos, actúan ante un hecho consumado, y el gobierno tendría que impulsar la prevención. Prevenir las agresiones a periodistas requiere recursos económicos y humanos, la profesionalización es fundamental.
“Pero el problema de fondo es la impunidad: si no se va a fondo en las investigaciones de los asesinatos, en concreto de los ataques a periodistas, no vamos a revertir el incremento en los ataques que, como mencionó Encinas, se ha dado en los últimos tres años.
“La impunidad tiene que ver también con el tema de recursos y, hasta lo último que leí, en la aprobación presupuestal se redujeron, como en los años recientes se han ido reduciendo, los recursos de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Eso tiene una repercusión enorme.
“Por otra parte, la Fiscalía ha establecido como política hasta hoy no ejercer las atracciones de las investigaciones de los asesinatos de periodistas. Todos estos casos se están quedando en las fiscalías locales, con todas las mañas que esas instituciones tienen. Se tiene que hacer una revisión a fondo del sistema de justicia, del sistema de investigaciones, de todas esas malas prácticas”, concluye la representante de Reporteros sin Fronteras en México.
FALTA LEY DE PROTECCIÓN
Para Itzia Miravete, “es importante que la ruta trazada siga yendo de la mano con la sociedad civil, porque es una política construida por y para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y es importante que esta política sea integral, incluyendo la parte preventiva y el fortalecimiento a la protección, el acceso a la justicia y la reparación del daño”.
“Es importantísimo el reconocimiento a la labor de periodistas y personas defensoras a la sociedad mexicana, hay que dejar de estigmatizar. Y que las autoridades sigan revisando los marcos normativos que, justamente, abonan a la criminalización de los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión.
“Por último, una acción a corto plazo que está pendiente es la aprobación de la reforma a la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Justo ahora está congelada en el pleno de la Cámara de Diputados. Se detuvo en el contexto de la eliminación de los fideicomisos, pero es una reforma necesaria que ha sido trabajada de la mano con organizaciones de la sociedad civil, buscando fortalecer tanto la parte preventiva como de protección del mecanismo”, comenta la coordinadora de documentación y seguimiento de casos en Artículo 19.
LA IMPUNIDAD, EL FONDO
Jan-Albert Hootsen enfatiza la importancia de la procuración de justicia. “Uno puede construir un mecanismo con reformas y recursos, aunque de hecho la reforma del mecanismo está congelada y no tienen grandes recursos el mecanismo, pero a final de cuentas el problema de fondo es la impunidad”.
“Lamentablemente vemos un retroceso en materia de procuración de justicia, tanto a nivel estatal como a nivel federal, no sólo en los recursos sino también en las capacitaciones y en la simple voluntad de atender crímenes contra periodistas como un ataque contra la libertad de expresión, y como una falta de reconocimiento a la labor de los periodistas.
“Cualquier paso adelante, es decir, cualquier reforma al mecanismo de protección tiene que ir acompañada de una reforma fuerte y tener como causa la procuración de justicia”, sostiene el representante en nuestro país del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.