Los códigos penales consideran agravantes y atenuantes para los diversos delitos, de acuerdo a las circunstancias y, sobre todo, la intención con la que fueron cometidos. Pero en Colima podríamos estar inaugurando una nueva jurisprudencia según la cual, alguien que fue víctima de un delito, queda eximido de responder por otros probables delitos.
En el esfuerzo por no exhibir los hábitos privados del ex secretario de Turismo, podríamos acabar viendo que se desahogara una averiguación previa en torno al homicidio de un menor de edad y la tentativa de homicidio contra otro joven, mientras se archivan los expedientes por presunta corrupción de menores y narcomenudeo.
Han complicado tanto el asunto del supuesto asalto a la casa del ex titular de la Sectur que, al final de cuentas, cuando los sospechosos por los delitos señalados sean presentados ante el juez de control, la opinión pública asumirá que se están ocultando otros crímenes. Delitos inconfesables y espinosos para el Ejecutivo estatal, porque implican por lo menos abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Si así ocurre, para salvar la legitimidad del gobierno local tendrían que convertir a Efraín Angulo en el chivo expiatorio de una situación en la cual, a su vez, tendríamos que reclamar por qué no se persiguió con igual saña a los otros adultos que estaban en la fiesta (uno de los cuales, el morenazo, se dedicaba a prestar servicios sexuales de acuerdo a su ficha en un sitio de internet). Los invitados especiales dejaron Colima y eventualmente el país a las pocas horas del incidente.
LAS COSAS CON CALMA
Se han tardado más de una semana en construir una narrativa creíble de los que pasó en la ya tristemente famosa casa de Las Palmas. Tanto que si resulta como verdad jurídica que las cosas sucedieron tal como las describió Angulo en la rueda de prensa que dio 48 horas después de los hechos, a medio Colima le van a resultar difíciles de creer.
No exageran los lectores de esta columna cuando consideran que este escándalo será el Ayotzinapa de Ignacio Peralta. No importa si al final para la Fiscalía los villanos de la historia son los jóvenes, aun cuando las víctimas sean también los jóvenes. En la maledicencia popular cobrarán sentido las teorías más descabelladas.
Una de ellas es la que apunta a que el motivo para la irrupción del “comando armado” del habló Efraín, fue el cobro por la fuerza de una dotación de cocaína. Pedido que por alguna razón los asistentes a la fiesta supuestamente se negaron a pagar.
Ejecuciones por ajustes de cuentas en narcomenudeo vemos casi todos los días en Colima, ante la pasividad de autoridades ministeriales y policiacas que asumen la existencia de un fuero criminal con el que son juzgados y sentenciados aquellos que se involucran en negocios ilícitos, así sea como consumidores.
No sería pues extraño que acabara comprobándose una hipótesis en ese sentido. De todas maneras, quedan muchas cosas sin explicación. ¿Por qué el método de ejecución fue muerte por asfixia y no disparo de arma de fuego?, por ejemplo.
Aunque también hubo un herido de bala y otros que recibieron cuchilladas, de acuerdo a lo dicho por el propio Angulo, quien denunció ante la prensa haber sido torturado, vejado y apuñalado.
¿O por qué los agresores decidieron fotografiar desnudos al grupo de víctimas, antes o después de consumado el estrangulamiento? Dicho esto ante la observación generalizada de que el joven con los ojos cerrados que aparece sentado y recargado en otro, probablemente ya está muerto.
Es verdad que la gente quiere saber los detalles por simple morbo, pero también porque infiere que las autoridades están ocultando cosas. La secrecía que impone el nuevo sistema de justicia penal está obrando en contra del prestigio profesional de los investigadores.
De por sí respetar los derechos humanos de las víctimas no ha sido prioridad, al menos no para quien o quienes filtraron la lista con los nombres de los involucrados, incluidos los menores de edad, o el acta de defunción del joven ultimado.
Se ha dejado crecer el problema por falta de información, y porque el gobernador Peralta ha estado más preocupado por asuntos como la visita presidencial a Manzanillo y su viaje de trabajo a Los Ángeles.
GUERRA DE ABUCHEOS
Alguien le dio un mal consejo a Peralta Sánchez: medir fuerzas con el presidente López Obrador. Con sumo detalle, prepararon una recepción para el mandatario nacional en la que éste recibiría más abucheos y rechiflas que las que se esperaban para Nacho.
Hoy se intercambian acusaciones. Por parte de la delegación del gobierno federal, en el sentido que operadores del gobierno del estado organizaron el tibio reclamo a AMLO por el retiro de subsidios para las estancias infantiles. En cambio, voceros locales desvían la atención sobre los testimonios de los taxistas respecto a quiénes pagaron los viajes de esos manifestantes, con el brete de que en México sigue funcionando el espionaje político pese a la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el Cisen.
Que ya no se practique el espionaje político no significa que no haya labor de inteligencia. Y para anticipar el numerito que le tenían preparado a López Obrador, los agentes federales simplemente se tomaron en serio las palabras de Ignacio Peralta cuando advirtió que él no podría impedir una protesta contra el Presidente por el tema de las estancias infantiles y los refugios para mujeres violentadas.
Alguien convenció a Ignacio Peralta de ser el paladín del PRI que frenara el bullying de López Obrador contra los gobernadores.
El plan incluía dolerse anticipadamente del golpe y jugar al vivo en el evento, donde hizo mofa de los abucheadores luego de faltarle al respeto al Presidente al afirmar que la rechifla era parte de un nuevo “protocolo” en las giras y que figuraba en “la orden del día”.
Tan entusiasmado estaba Nacho con la campaña de medios que desplegaría al día siguiente de la visita de AMLO, que en las entrevistas con los conductores de noticieros de radio y televisión en Ciudad de México olvidó que la prioridad informativa era explicar la muerte de un menor de edad en casa de su todavía, en ese momento, secretario de Turismo.
Mercenarios de la noticia como Carlos Loret de Mola se encargaron de demostrarle que, en un espacio de esa naturaleza, te reciben el importe del tiempo-aire que compraste para luego darte palo con asuntos que sí son graves como el de la fiesta que se salió de control.
Para acabar de tensar el resorte, nuestro gobernador decidió realizar un viaje de trabajo a California –¿una medida de escapismo?– el pasado fin de semana, cuando la cortesía política lo obligaba a estar presente en Palacio Nacional el lunes con motivo de los 100 primeros días de la administración.
Para que su gobernador se engalle de esa manera frente al gobierno federal, seguramente el estado de Colima tiene finanzas sanas, ingresos propios suficientes y perfectamente bajo control el grave problema de la violencia y la inseguridad.