El pasado 9 de octubre, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Oficial, diciendo que con ella se pretende impedir que entre en vigor la Ley General de Comunicación Social aprobada en abril para ser efectivamente válida a partir del 1 de enero de 2019.
Para el 25 de octubre, la propuesta del ex militante comunista ya había sido enriquecida (por no decir sobrepasada) por una propuesta de Ley General de Publicidad Oficial dada a conocer por el futuro vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, y un colectivo denominado Medios Libres.
Vale la pena revisar lo que proponía el legislador morenista para así ponderar el supuesto radicalismo de la propuesta de Jesús Ramírez que han señalado los grandes medios.
Cuando presentó la suya, Pablo Gómez enfatizó en tribuna la urgencia de esta reforma: “Ésta es una ley completa, reglamentaria de la Constitución, que tiene como propósito impedir que entre en vigor, el primero de enero, una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura”.
De acuerdo a la transcripción que hace Notigelis, la oficina de Comunicación Social de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados (http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2018/Octubre/09/430-Presenta-Pablo-Gomez-iniciativa-para-expedir-Ley-General-de-Propaganda-Oficial-y-dice-que-pretende-impedir-que-entre-en-vigor-la-Ley-General-de-Comunicacion-Social), Gómez Álvarez se refirió de manera implícita a la Ley General de Comunicación Social (también conocida como Ley Chayote) que aprobó la anterior legislatura en abril pasado, se publicó en el mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
Pablo Gómez comentó que su iniciativa, que también reformar el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la finalidad de evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal y eliminar el incremento a partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal.
TOMADURA DE PELO A LA CORTE
El diputado de Morena sostuvo que la Ley de Comunicación Social que nos heredó la pasada Legislatura, “es una tomadura de pelo” porque “tomó normas del presupuesto y de algunas otras cosas que están dispersas” para dar respuesta a la fecha límite que estableció en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su aprobación.
“El Congreso claro que le tomó el pelo a la Corte, porque cumplió con el plazo para expedir la ley, pero le puso un transitorio que decía que esa ley entraría en vigor el primero de enero (de 2019), o sea, que violó el plazo”, añadió el legislador.
Aseveró que la iniciativa que él presentó “sí es una ley de propaganda oficial, una ley general”, que incluye a las autoridades estatales porque “también hacen propaganda en radio y televisión”.
“De lo que se trata no solamente es de limitar el gasto en propaganda, sino que la propaganda cumpla con la norma constitucional”, que prohíbe “publicar, en forma de noticias, anuncios de los gobernantes”.
“Está prohibida la propaganda personalizada, ya sea con nombre, símbolo, cara, alusión; cualquiera de un servidor público, cosa que se viola con la Gacetilla”, añadió.
Gómez Álvarez aseguró que hay gobernadores, “como el de Guerrero, que todos los días aparece en los periódicos de la capital del país… porque paga con dinero que no es suyo”.
“Hay que acabar con eso y hay que regular también las sanciones penales de quien lo haga”, aseveró.
Aseguró que en su proyecto también se presenta un sistema de propaganda oficial, “que distribuya el tiempo de radio y televisión, el tiempo del Estado, a las entidades federativas”.
“Estamos planteando que haya una distribución correcta, equitativa, de la propaganda oficial hacia los distintos medios. Que no haya discriminación ni favoritismo y que las unidades de la administración pública que realizan propaganda para vender productos o sorteos, o cosas de ese tipo, puedan hacerlo en los términos estrictamente comerciales”, agregó.
LEY CORREGIDA Y AUMENTADA
La iniciativa de Pablo Gómez se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Pero al final fue enterrada por el texto de 12 mil 344 palabras de la propuesta de Ley General de Publicidad Oficial que presentaron Jesús Ramírez, futuro coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y varios activistas y periodistas a nombre del colectivo Medios Libres que integran Artículo 19 capítulo México, Fundar y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta propuesta aporta algunas novedades que la diferencian del proyecto del legislador Pablo Gómez, como es el objetivo de imponer vigilancia institucional y ciudadana.
Según el resumen que hizo Rogelio Hernández López en su columna Miradas de Reportero del 29 de octubre que publica en Eje Central, ‘Alerta periodistas y empresarios. Ahí viene la ley que sacudirá el mercado publicitario’ (http://www.ejecentral.com.mx/miradas-alerta-periodistas-y-empresarios-ahi-viene-la-ley-que-sacudira-el-mercado-publicitario/), y del cual ya apuntamos algunas ideas en una entrega anterior:
“El órgano de gobierno que se encargue de aplicar esta ley tendría que informar su plan anual y ampliaciones al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), instancia que llevara el control de los planes y además se ampliará la vigilancia con un Consejo Consultivo Ciudadano federal. Esquema operativo que propone para cada uno de los estados de la federación, esto es 32 consejos de vigilancia.
“Elemento, también sorpresivo, es que la ONG introducen la creación de un fondo especial de fomento que se formaría con un porcentaje del presupuesto general del gasto en publicidad. En algunos estados hay fondos de fomento para “ayudar” financieramente a periodistas, pero este extendería su beneficio a buena parte de las ONG que diseñaron la iniciativa. Proponen:
‘Articulo 65. Se crea un Fondo de Fomento a la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Periodistas, cuyo objeto será proporcionar apoyos financieros a personas físicas y morales (periodistas, medios alternativos de comunicación, redes de periodistas, colectivos de periodistas y concesiones de uso social comunitarias e indígenas) que impulsen el periodismo de investigación, la capacitación a periodistas y la corresponsabilidad de las agencias de medios con la seguridad de los periodistas, con el fin de fomentar y proporcionar permanentemente la pluralidad de medios, a nivel local y nacional’”.
Según los presentadores de esta iniciativa, como señala Hernández López, sus intenciones son para contrarrestar:
“‘La falta de regulación de la publicidad oficial (que) ha permitido que ésta sea utilizada como mecanismo de censura indirecta por parte de las instituciones del Estado. (porque) Esto ha propiciado el desarrollo de redes de corrupción y el control de las líneas editoriales de medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial como medio de subsistencia.
‘La garantía de la libertad de expresión y del derecho a la información se ha visto comprometida y vulnerada a causa de las malas prácticas en la contratación y promoción de publicidad en los distintos medios de comunicación. La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad, el condicionamiento de las líneas editoriales, la distribución desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, con base en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos humanos’”.
Tras adelantar que habrá en los días próximos un cabildeo del grupo de onegés y algunos periodistas en la Cámara de Diputados para buscar los votos que puedan garantizar la viabilidad de esta reforma, Rogelio Hernández lamenta que no hayan “opinado otras agrupaciones de profesionales de la información ni periodistas tan destacados como los pocos que invitaron ni, mucho menos, los propietarios de los medios consolidados y otros más modestos que no son bien vistos por las ONGs que no integran entre sus directivos a periodistas mexicanos”.