“La mesa de los periodistas” –a la que se sientan Miguel Badillo, director de la revista digital Contralínea, Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo, y el reportero del semanario Proceso, Álvaro Delgado– es el espacio que los miércoles dedica Julio Hernández ‘Astillero’ al análisis político, en su programa de Radio Centro.
Como ocurre también con “la mesa de las mosqueteras” –a la que acuden los lunes Elisa Alanís, columnista de El Universal y conductora en Milenio Televisión, Marcela Gómez Zalce, articulista de Milenio Diario, y Carolina Rocha, conductora de Hechos Sábado en TV Azteca–, Julio Hernández ha venido haciendo metaperiodismo en ese panel desde que se incorporó a la cadena radiofónica a mediados de enero.
El autor de la columna Astillero que se publica en La Jornada, promueve estos coloquios con el evidente interés de incorporar a la conversación pública temas que poco se ventilan: desde la línea editorial de los medios –en un país donde todos los periódicos presumen ser neutrales y objetivos– hasta la situación laboral y la condiciones para el ejercicio profesional independiente de los [y las] periodistas.
En esas mesas se han abordado, por ejemplo, las innovaciones pero también los vicios que suponen para la comunicación social las conferencias mañaneras de López Obrador. También se ha hablado del uso de la publicidad oficial y de la relación prensa-poder, que se había venido dando hasta el sexenio anterior en términos que nunca correspondían con lo que se declaraba en el discurso oficial ni en los idearios de las propias publicaciones.
“PEGO PARA QUE ME PAGUES”
Registrado en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=JEXU9uWVrlY) como un conversatorio denominado ‘Periodismo cómplice: Del “no pago para que me peguen, al «pego para que me pagues»’, el programa que se transmitió el 3 de abril de 2019 incluyó, entre los temas de la semana, varios de la agenda propiamente periodística.
Entre ellos el de la guerra de las audiencias a partir del reportaje de Álvaro Delgado (Proceso No. 2213, 31 de marzo de 2019) sobre la medición del rating por parte de empresas como INRA e Ipsos, o el impacto que podría tener la circulación de los medios en la asignación de la publicidad oficial.
La polémica con Radio Fórmula por el lugar que en las preferencias del público ocupan las apuestas de Radio Centro para competir por el mercado de las noticias –una oferta que encabeza Carmen Aristegui y complementa el propio Julio Astillero–, es para Delgado un asunto de inobjetable interés público.
Y no sólo porque involucra los presupuestos millonarios que el sector privado destina a anuncios para vender sus productos, sino porque también compromete recursos públicos.
Si no son creíbles las mediciones de las audiencias, si se incurre en adulteración, en manipulación para beneficiar a una cadena y perjudicar a otra, como denunció Juan Aguirre Abdo, director general de Grupo Radio Centro (GRC), entonces se afectan los presupuestos públicos, precisó Delgado.
Las diferencias entre las mediciones registradas por INRA, la empresa que trabaja para Radio Fórmula, y las que hace Ipsos, empresa de investigación de mercados que tiene entre sus clientes a Radio Centro, generó una reacción inusitada, en algunos casos violenta, entre los conductores de Fórmula: Ciro Gómez Leyva, Oscar Mario Beteta, Eduardo Ruiz-Healy o Joaquín López Dóriga.
En Radio Centro el asunto lo abordaron Aristegui y el propio Astillero, pero es importante que todas las voces sean escuchadas para deliberar sobre un asunto que nos concierne a todos, dijo Álvaro Delgado.
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
Para Alejandro Páez Varela, la medición de las audiencias tiene una importancia todavía mayor en momentos en que se anuncian nuevos criterios para el reparto de la publicidad oficial. En el sexenio pasado los presupuestos se asignaron sin ningún orden, “simplemente por el gustillo de quien estaba al frente” y podía decidir sobre los 60 mil millones de pesos que “se habrá gastado Peña Nieto en publicidad oficial”.
El mexiquense repartió el dinero sin ninguna medición, pero ahora se supone que con el tabasqueño habrá un reparto justo, con ciertas reglas. En ese sentido, tendríamos que empezar por definir cómo se va a medir la audiencia, porque entre los conductores que INRA pone en primer lugar y los que señala Ipsos hay diferencias enormes.
Como sucede en la prensa escrita o en internet, la publicidad es vital para el sostenimiento de la empresa y, de ésta, el grueso es la publicidad oficial, reconoció Páez Varela. El reto para este gobierno es, pues, definir cómo se va a medir la audiencia de cada medio.
REDUCCIÓN BÁRBARA
Miguel Badillo, por su parte, recordó el anuncio del presidente López Obrador de reducir al 50 por ciento los montos publicitarios. Pasar de 8 mil 500 millones gastados en 2018 a 4 mil 200 en 2019.
“Y esto ha puesto nerviosos a todos los dueños y concesionarios de medios de comunicación, ya sean impresos, radiofónicos, televisivos o hasta digitales. Sin que todavía se sepa cuánto les va a tocar, hay preocupación en los medios. Hay despidos en todos lados y se están haciendo ajustes”.
Badillo está convencido que para las grandes cadenas de radio o televisión, pero también para los grandes periódicos que son los que recibieron los montos mayores, esta promesa presidencial significa que recibirán por lo menos el 50 por ciento de la publicidad que antes tuvieron.
Con todo, algunos de los que más recibían tendrán en efecto una reducción mucho mayor aún: del 60, 70 u 80 por ciento. Esto también acelera las discusiones sobre el posicionamiento, como si la única medición fuera el rating. “Y no, hay que ver el trabajo que se hace ahí porque ya no podrán en este gobierno recibir publicidad por hablar bien del Presidente, de sus acciones o de las políticas públicas”, subrayó el director de Contralínea.
A la espera de que el gobierno federal presentara el criterio por el cual se hará este reparto “equitativo y justo” del pastel publicitario que ofreció Andrés Manuel, con base en las mediciones de Ipsos los directivos de Radio Centro reclamaron haber perdido millones por la modificación en su línea editorial que supuso la contratación de Carmen Aristegui.
Está documentado por Contralínea que el año pasado, mientras a todas las demás cadenas de televisión y radio les incrementaron la publicidad, a Radio Centro se la bajaron especialmente en el segundo semestre. Por hablar de los dos grupos que están en la discusión por la forma de medir la audiencia, a Radio Fórmula le entregaron 304 millones en 2017 y esta cantidad pasó a 390 millones en 2018. En cambio, Radio Centro, de 112 millones bajó a 97 millones en 2018, citó Badillo.
Delgado a su vez remite a la entrevista que Aristegui le hizo a Juan Aguirre, donde el director general de GRC dice textualmente que la contratación de la periodista significó una represalia por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A Radio Fórmula le dieron alrededor de 100 millones de pesos más de un año para otro. A Radio Centro en cambio le disminuyeron “una cantidad bárbara, en un fin de sexenio que implicó una verdadera profusión de dinero de Peña Nieto a casi todos los medios para quedar bien”, acotó Julio Hernández.
VIVIR DE LOS LECTORES
Entre los medios que no recibieron dinero de Peña Nieto está Proceso, comenta Álvaro Delgado. La revista vive solamente de sus lectores y el boicot publicitario que se instrumentó durante el sexenio pasado es algo que ha vivido recurrentemente el semanario desde que nació.
Un boicot publicitario idéntico le impuso Felipe Calderón, “quien por cierto secuestro 40 mil millones de pesos, no se nos olvide”. Pero el boicot comenzó desde la mitad del gobierno de Vicente Fox. “Y también por eso tenemos dificultades económicas en Proceso”.
Páez Varela reveló que Sin Embargo recibió apenas 340 mil pesos en todo el sexenio de Peña. Evidentemente el portal no aparece en las listas de los medios que recibieron grandes tajadas de dinero el sexenio pasado, pero sí en las listas de los medios digitales con mayor audiencia en México.
De ahí la importancia de discutir y transparentar la asignación de publicidad oficial, y decidir qué herramienta utilizará el gobierno para medir la influencia y el alcance de los medios.
En días pasados surgió la propuesta de recurrir al INEGI. El INE ya mide esto, pero hay otras instituciones públicas que pueden perfectamente hacer el trabajo, como las universidades públicas y no solamente la UNAM o el IPN.
El tema trasciende a la industria de medios y se convierte en un asunto incluso de libertades, es decir, de libertad de expresión, resumió el subdirector de sinembargo.mx.
Para Álvaro Delgado el tema ni siquiera concierne en exclusiva a los periodistas, ni solamente a los interesados en el dinero público, sino que implica a todos los ciudadanos porque está en juego la libertad de expresión pero también al derecho a la información. Y en buena medida la salud democrática de una nación se mide por los derechos vigentes, entre ellos la libertad de expresión.
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