Come ansias el diputado Carlos César Farías al pedir que la delegada del gobierno federal, Indira Vizcaíno Silva, se separe de su cargo para enfrentar una denuncia inexistente.
A menos que, dada su cercana relación con el fiscal general del estado, Gabriel Verduzco, el legislador tenga información privilegiada respecto a la existencia de una carpeta de investigación o, incluso, de una averiguación previa en contra de Indira Vizcaíno por el tema de Altozano, la inminente acusación a la delegada es pura especulación.
El diputado del Partido del Trabajo deploró en su perfil de Facebook que la superdelegada “provoque” al Fiscal General. Pero Indira hizo bien en exigirle a Verduzco Rodríguez que abra su juego. Al reventar el asunto de Altozano, Vizcaíno busca impedir que lo sigan usando como petate del muerto.
Podríamos estar frente a un caso más de esta politización de la justicia a la que son tan afectos los procuradores en nuestro país. Y para desvanecer esa sospecha, Gabriel Verduzco tiene que honrar su ganada autonomía como fiscal rehusándose a usar al ministerio público con fines partidistas.
CALUMNIAR ES DELITO
Indira apuesta fuerte. Si resulta que el ilícito se confirma, la pondrán contra las cuerdas. Pero si la denuncia es insostenible ante un tribunal, el acusador y todos los denunciantes tendrán que responder por la calumnia.
Como abogado, Carlos César Farías se precipita al dar como un hecho la querella en contra de Indira. Y olvida de paso que al cargo de delegada no se pide licencia, se renuncia. Lo curioso es que Vizcaíno no tendría necesariamente que “enfrentar el tema legal como ciudadana”.
Ella es diputada federal por el segundo distrito con licencia, mas como titular de la curul sigue teniendo fuero. Esa garantía constitucional fue pensada, precisamente, para proteger a los representantes populares y funcionarios públicos en cargos de elección de acusaciones estrafalarias como ésta.
NO SE VIOLÓ LA LEY
Además de la ex alcaldesa y quiero pensar que del presidente municipal en funciones, Rafael Mendoza, los empresarios del proyecto residencial deben ser los más interesados en que el abuso político del tema no tenga repercusiones. Ya han de estar cansados de escuchar imputaciones respecto al supuesto daño patrimonial que sufrió el pueblo de Cuauhtémoc.
Al edil panista que fue el único que consiguió su reelección inmediata, le urge saber si los desarrolladores de Altozano le van a entregar dinero al Ayuntamiento por haber entregado superficie como terreno de donación y no el equivalente al valor que tienen los lotes dentro del exclusivo fraccionamiento.
Pero a los miembros de la ilustre familia que opera un holding con negocios tan diversificados –nada más en la rama de quienes son los accionistas mayoritarios de Altozano– como una embotelladora de refrescos, la distribución de cerveza y una cadena de tiendas de conveniencia, entre otros, les preocupa que el infundio afecte la imagen comercial, la plusvalía y eventualmente la venta de lotes en el condominio campestre.
Los detractores de Indira insisten en que la administración municipal 2012-2015 violó la ley al aceptar como área de cesión de Altozano los terrenos donde están el recinto ferial, un módulo de Seguridad Pública y la ampliación del cementerio municipal, en lugar del predio ubicado detrás del coto.
Y qué desesperante debe ser para los desarrolladores inmobiliarios ver cómo litigantes mercenarios, políticos con aspiraciones a la candidatura de Morena al poder ejecutivo y hasta funcionarios del gobierno estatal insisten en ensuciar y, de hecho, criminalizar un asunto que se desahogó en su tiempo con mucha transparencia.
No lo digo yo, lo dijeron desde el 17 de noviembre de 2016 el director general del complejo residencial, Miguel de la Madrid Andrade, ex secretario de Turismo en la entidad; su hermano el hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en funciones, ex director de la Facultad de Derecho, notario público adjunto y en ese momento representante legal de Altozano, Mario de la Madrid; y el arquitecto Javier Álvarez, consultor en desarrollo urbano desde hace 33 años.
DAÑO MORAL A ALTOZANO
Miguel de la Madrid descartó que haya habido daño económico al municipio de Cuauhtémoc con motivo de la sustitución de las áreas de cesión, y reafirmó que esta negociación entre el Ayuntamiento y Altozano se apegó totalmente a derecho, bajo la supervisión paso a paso del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).
Reconoció el director de la empresa inmobiliaria que, desde hace tres años, estos asuntos “los sacan mediática y políticamente para dañar a un actor político, pero aquí desde luego hay un daño moral a Altozano”.
Mario de la Madrid, a su vez, reveló que desde que Rafael Mendoza asumió la Presidencia Municipal, el Ayuntamiento de Cuauhtémoc “comenzó a poner ciertos obstáculos administrativos por lo menos al desarrollo de Altozano (espero que no haya sido una cuestión generalizada)”.
Y narró que cuando Altozano pidió que se mandara publicar en el Periódico Oficial del Estado de Colima la modificación del Plan Parcial de Desarrollo que ya se había aprobado en tiempos de Indira, “se nos negó, se nos dio un oficio con argumentos que no tenían mayor sustento y eso nos forzó a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. El Ayuntamiento se amparó ante la justicia federal por la resolución del TCA, pero le desecharon el recurso.
ES CESIÓN, NO SE VENDE
Javier Álvarez, por su parte, hizo una puntualización interesante:
“No debemos creer que las áreas de cesión para destinos públicos son impuestos. No es dinero para el Ayuntamiento, son metros cuadrados para los fines públicos de la comunidad que se está generando con la urbanización”.
En un caso muy particular, cuando el desarrollo está fuera del centro de población y no esta integrado a la mancha urbana, la autoridad puede decir que no quiere los fines públicos “allá sino acá”.
“Las leyes de asentamientos humanos son claras, el desarrollador está obligado a dar metros cuadrados. No hablan de dinero, por eso te piden los mismos metros cuadrados en Santa Bárbara que en Nuevo Milenio”.
En efecto, el programa parcial de Santa Bárbara dio los mismos metros cuadrados que le correspondían [en proporción al área urbanizada] que el de Nuevo Milenio. “Y nada que porque uno es más caro y otro más barato”.
La ley es clara, dijo Álvarez, “esas áreas no son para el Ayuntamiento o para enriquecer a nadie, son para los fines públicos de la comunidad. Por eso, en su momento alabé la decisión de la presidente Indira”.
La entonces alcaldesa, al ver que las áreas de cesión estaban a espaldas de Altozano, a 150 metros de la carretera a Chiapa-Ocotillo pero lejos del centro de población más cercano, pidió una modificación al programa parcial “con base siempre en la ley”.
Esas siete hectáreas que correspondían al área de cesión de Altozano se cambiaron por otra superficie del mismo tamaño, pero en otro lugar donde cumplieran los mismos fines públicos.
“Además, las áreas de cesión no pueden tener valor. ¿Cuánto vale una calle o un área verde. No tienen valor económico, tienen valor social”, expuso Javier Álvarez.
“Se ha dado el caso [en el estado de Colima] en que una calle se venda, pero esa es una irregularidad total. Los fines públicos con inalienables e imprescriptibles, no pueden ser embargados ni vendidos. Por lo tanto, no tienen un valor real.
“Las áreas públicas debe ser siempre áreas públicas. En este caso, la presidente Indira vio que en donde estaban esas áreas públicas no iban a otorgar ningún beneficio, por lo menos a mediano o largo plazo”. Y decidió hacer una modificación al programa parcial de Altozano (pues ni siquiera es una transferencia ni un traspaso) que reubicara las áreas de cesión, con “los mismos metros cuadrados”, dijo Álvarez.
…DONDE CAERSE MUERTO
En realidad, las siete hectáreas se convirtieron en nueve. Fueron dos más las que compró Altozano para entregarlas en cesión al municipio debido a que Indira es “una negociadora muy dura”, como me dijo otro diputado local a quien le tocó atestiguar con el cargo que tenía entonces los acuerdos del Ayuntamiento con los desarrolladores.
Los terrenos de la feria se entregaron además urbanizados, con lo que aumentó el monto de la inversión que hizo la empresa, igualando o superando de hecho el valor del predio que estipulaba el plan parcial original.
Se calculó el mismo valor al suponer que las primeras siete hectáreas se benefician de la plusvalía de estar pegadas a la barda de Altozano. Lo cual es hipotético como lo sabe cualquiera de los propietarios de terrenos rústicos en las inmediaciones del fraccionamiento. Que digan ellos si han podido o podrían vender ahora mismo tierra de cultivo al precio que tienen los lotes dentro del coto residencial.
La conclusión al tema la dio el urbanista Javier Álvarez hace ya tres años:
“Imagínense la gran diferencia que es para el pueblo de Cuauhtémoc tener nueve hectáreas destinadas a un recinto ferial que nunca había tenido, un módulo de seguridad pública que ya está construido y la ampliación del cementerio.
“Hace 18 años ya se manifestaba el déficit de fosas, ¿cómo es posible que digan que no es un fin público agregarle una hectárea más y darle 40 años más de vida al panteón?”
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