- El INE no trató de sabotear la consulta; cuando no ampliaron su presupuesto, hizo ahorros.
- No hay campañas porque no hay contienda, dice la presidente del IEE.
- Probables delitos electorales se perseguirán mediante denuncia.
- En Colima no está contemplada aún la revocación de la Gobernadora.
“La revocación de mandato es un ejercicio de derechos políticos electorales. La ciudadanía tiene el derecho a que si, pasado un tiempo determinado, ve que el titular del Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal no está rindiendo cuentas ni actuando como la gente esperaba o cumpliendo sus promesas de campaña, solicitar una consulta para revocar el mandato que le dio en las urnas o, bien, para ratificarlo.”
Así lo explicó a CarvajalBerber Noticias la presidente del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, quien subrayó que el ejercicio no es una obligación: lo deben activar los ciudadanos mediante un número mínimo de firmas y el cumplimiento de ciertas formalidades. Y aunque ya está en la Constitución, actualmente ese derecho a la revocación de mandato sólo está reglamentado en el caso del presidente de la república.
“La reforma de 2021 estableció que se puede celebrar la consulta pasados tres de los seis años del encargo para los cuales fue electo el presidente. Se considera que, al entrar al cuarto año de su gobierno, la ciudadanía ya tiene elementos para analizar, apreciar y valorar si se ha beneficiado o resentido por el actuar del titular del Ejecutivo.”
Se legisló también para que la revocación de mandato no coincida con la elección intermedia, ya que es un mecanismo solicitado por la ciudadanía y no comicios rutinarios, abundó la funcionaria.
REVOCACIÓN O RATIFICACIÓN
A todo esto, ¿no es una paradoja que quienes pidieron la revocación son los que buscan que se quede el presidente?, le pregunto a la abogada con un largo historial en derecho electoral y defensa de los derechos humanos.
“Hay quien malinterpreta esta situación, especulando que se trata de una especie de ratificación o un relanzamiento del presidente, pero lo cierto es que la gente firmó un formato de consulta para revocar o no el mandato.
“El INE requería para iniciar los trabajos que, en por lo menos 17 de las 32 entidades federativas, lo pidieran con su firma más del tres por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de la elección anterior (2021). Al final, fueron 25 estados los que alcanzaron el número mínimo de firmas.
“En Colima tuvimos el 3.8%, casi 3.9%. Somos participativos, incluso en las votaciones constitucionales estamos por encima de la media nacional. Tenemos históricamente una participación ciudadana aproximada de un 60% del listado nominal.”
EL INE NO SABOTEA
Con señalamientos al presidente del INE Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama por estar, aparentemente, saboteando esta consulta como hicieron con la que se convocó para someter a juicio penal a los expresidentes de la república, ¿cuál es la postura del Instituto Electoral del Estado?, le pregunto.
“En el IEE estamos entusiasmados. Personalmente estoy emocionada porque tengo la oportunidad de participar activamente y desde el organismo local electoral, en el primer ejercicio de un derecho totalmente ciudadano que ya está en el artículo 35 de la Constitución.
“Me emociona tanto como fue ver la alternancia en la titularidad del Ejecutivo en Colima, de manera completamente pacífica y ordenada. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de llevar a cabo la consulta, y los organismos públicos locales electorales (OPLE) debemos coadyuvar en la difusión, promoción y el llamado a las personas para que participen en este ejercicio ciudadano, aclarando dudas y facilitando la participación.
“Por ejemplo, en las 10 oficinas municipales está el listado nominal para que el público pueda ver dónde estará la mesa receptora que le corresponde a su sección, ya que como sabemos habrá menos casillas.
“Discrepo de quienes perciben en el INE una supuesta intención de sabotear la consulta. Lo que pasó fue que, viendo que transcurrió el término y no se hicieron las leyes reglamentarias no obstante que la reforma constitucional estableció un determinado número de meses para que el Congreso de la Unión las discutiera y aprobara, el INE emitió una serie de lineamientos para empezar a organizar la consulta.
“Eso molestó mucho a los legisladores, pero sacaron la ley. El plazo se lo habían impuesto curiosamente los mismos senadores y diputados federales en funciones. Publicada la ley, los lineamientos del INE dejaron de tener vigencia.
“El Congreso también estableció en la ley reglamentaria que se debía suspender la propaganda gubernamental. No obstante, algunos legisladores acusaron al INE de querer callar al presidente y a los gobernadores, cuando sólo está acatando la ley. Por eso mandó un oficio para advertir a los gobiernos que, entre ciertas fechas, no se podría hacer propaganda oficial ni difusión de actividades, salvo que sea en temas como protección civil, salud y educación”, señala Ruiz Visfocri.
SE NECESITA DINERO
También se ha criticado a los consejeros del INE porque pidieron recursos adicionales para organizar la consulta sobre la revocación de mandato. No les quisieron incrementar el presupuesto, pero el proceso tiene un costo: desde las sillas, mamparas y urnas hasta el gel y la impresión de las papeletas, sin olvidar el gasto en capacitación, tres alimentos para los funcionarios de casilla y gasolina para el traslado de los paquetes electorales cuando culmine el escrutinio, desglosa la entrevistada.
Mas, cuando le planteo que mucha gente vio en la negativa a ampliar el presupuesto del INE la oportunidad de obligar a los consejeros a someterse a la austeridad republicana que habían eludido al negarse a bajar su sueldo, Ruiz Visfocri destaca que “el INE hizo ahorros de las partidas para otras actividades que tenía previstas, a fin de cumplir con la encomienda de organizar la consulta para la revocación”.
Este mismo año el INE debe acompañar a los órganos locales de los estados que van a tener elecciones que no coinciden con las federales. Pero “de todos modos se hicieron ahorros por más de 1,700 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda no les autorizó otros 1,700 millones que hacían falta para llevar a cabo la consulta”, y por eso habrá apenas la tercera parte de las casillas que se instalan en un proceso comicial ordinario.
NO HAY CAMPAÑAS
Si la gente irá a las urnas, ¿por qué no vemos campañas a favor o en contra de la revocación de mandato?, le pregunto. En el plebiscito al que convocó Pinochet en 1988, la gente tenía muy claro que las opciones eran votar Sí o No ante la pregunta acerca de si el dictador debía permanecer en el poder. Por cierto, ganó el No y volvió la democracia a Chile suspendida desde 1973.
“No hay campañas, precisamente, porque no hay contienda electoral. El presidente de la República no está contendiendo con alguien más [como ocurre en una reelección]. Sólo se está calificando al presidente para decidir si queremos que siga en el cargo. Por eso no debe haber comunicación política”. La campaña fueron estos cuatro años de ejercicio de gobierno.
Como ciudadano, uno puede promover entre los amigos o la familia votar en un sentido o en otro. Los que no pueden intervenir son los partidos políticos. La Corte ya definió que es inconstitucional que los partidos políticos tengan autorizado en la ley hacer proselitismo, propaganda o menciones. Los ministros decidieron que es un ejercicio ciudadano, solicitado por ciudadanos y atendido por el INE y los OPLE. “Así lo había decidido el legislador”, reitera Ruiz Visfocri.
CUATRO AÑOS PARA SOPESAR
Al ciudadano, que no haya proselitismo lo salva de padecer campañas de odio, desinformación y mentiras, le comento a la entrevistada.
“Porque luego ocure que quien contrate los mejores publicistas y haga el mejor marketing, te puede mal influenciar”, coincide Ruiz Visfocri.
La revocación es un ejercicio de análisis sobre la gestión de gobierno. “El presidente ya tuvo oportunidad de hacer campaña, junto con todos los candidatos a la presidencia. Los partidos pudieron difundir su plataforma electoral y los candidatos hicieron promesas”.
Si quien ganó la elección presidencial cumplió o no esas promesas de campaña, es lo que el ciudadano observó ya durante cuatro años. Si no está de acuerdo con el comportamiento que ha tenido el presidente, tiene el derecho de solicitar que se le revoque el mandato. El ciudadano tuvo cuatro años para reflexionar, sopesar y pensar. Ahora le toca participar, sugiere Ruiz Visfocri.
“Por eso no hay campaña, porque la campaña ya se hizo. Y por eso es tan corto el periodo del proceso: inició el 4 de febrero y la consulta es el 10 de abril. Dos meses es un pequeño lapso de tiempo, yo supongo porque el legislador consideró innecesario bombardear al ciudadano con campañas de proselitismo.”
ESTA PREGUNTA SÍ ES CLARA
¿Es clara la pregunta?, ¿no hay posibilidad de que la gente se confunda y vote por la revocación pensando que está apoyando la continuación del mandato?
“En esta ocasión, sí. La pregunta es suficientemente clara, ya pasó por el tamiz de la Suprema Corte. Se intentó modificar la pregunta que redactaron los legisladores, pero los ministros votaron mayoritariamente que se quedara como estaba.
“No se quiso cambiar la redacción de la pregunta, sino que no incluyera el nombre del presidente. Una de las partes de la controversia pidió que simplemente dijera: ‘¿Deseas que el presidente de la República continúe ejerciendo su mandato?’ La pregunta actualmente menciona al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero la Corte consideró que eso no es inconstitucional.
“La redacción de esta pregunta es suficientemente clara, a diferencia de lo que desde un punto de vista personal ocurrió con la consulta para enjuiciar a los expresidentes que era muy larga y genérica, tenía muchas palabras técnicas y no los mencionaba por su nombre”, comenta Ruiz Visfocri.
QUE SIGA LA DEMOCRACIA
Los partidos no pueden intervenir en este proceso haciendo proselitismo, pero sí organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, como ‘Que siga la democracia’ que en el estado de Colima encabeza Arnoldo Vizcaíno.
En los comicios de 2006, el Tribunal Electoral sancionó al Consejo Coordinador Empresarial por pagar spots en contra del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué condiciones se da ahora la participación de la sociedad civil?, pregunto.
“Están reguladas. Toda las asociaciones civiles deben explicitar su objeto social y el tipo de actividades que realizan. Las hay feministas, de protección a la infancia y atención a los adultos mayores o discapacitados. Pero también de corte político.
“Cabe subrayar que el INE no puede actuar oficiosamente, las probables irregularidades en el proselitismo deben ser denunciadas por los ciudadanos. Se investiga y, si encuadra en alguna sanción, procedería aplicarla o, bien, archivarla.”
Cuando le planteo la eventualidad de que la primera denuncia la haga la oposición contra la organización que encabeza Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por estar supuestamente financiada por la administración de su hija la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, Ruiz Visfocri comenta que le tocaría al INE investigar la denuncia que haga una persona o asociación “con pruebas o, por lo menos, indicios. Y si hay alguna irregularidad o incluso la comisión de un delito, se deberá sancionar”.
CARRUSEL O RATÓN LOCO
En este proceso sí se permitirá el acarreo, es decir, facilitar la movilización de las personas desde su domicilio a las casillas. Pero ¿qué delitos electorales lo siguen siendo?
“Como no es una contienda electoral, se les puede facilitar el traslado, Pero si les das dinero para que se manifiesten en uno u otro sentido, y si ese dinero es del erario, todo eso constituyen actos delictivos.”
“En Colima la ciudadanía suele tener mucha participación político electoral y no es tan fácil que la acarreen, le den una dádiva o dinero por votar en un determinado sentido.”
Aunque no es improbable que quienes buscan sabotear la consulta, cometan delitos electorales para reducir la participación, le comento a la entrevistada. Lo han hecho en votaciones anteriores donde sí hubo contienda: rasuraron el padrón, organizaron operativos como el ‘carrusel’ o el ‘ratón loco’, incluso ‘secuestraron’ credenciales para que la gente no acudiera a las urnas ante el riesgo que, si lo hacían, votaran por la opción contraria a la que apoyaban esos ‘mapaches’.
“Retener una credencial para votar, es delito siempre –enfatiza Ruiz Visfocri–. No solamente en las elecciones, retener el documento más allá del tiempo necesario para cerciorarse que la fotografía, el nombre o el domicilio correspondan con los de la persona que se identifica con ‘la INE’, es delito.”
Y yo acoto que, si se va a permitir la movilización, entorpecerla sigue siendo delito.
RESCISIÓN DE CONTRATO
Si pasados cuatro años del gobierno de Indira Vizcaíno, la ciudadanía exige su derecho a la revocación de mandato, ¿ese proceso lo organizará el Instituto Electoral del Estado?
“En el estado de Colima no está contemplada la revocación de mandato. Está en la Constitución federal para el presidente de la República, pero si se desea para los titulares de un Ejecutivo estatal todavía no está legislado. Tendría que ponerlo el Congreso del Estado en la Constitución local y emitir las leyes secundarias para reglamentar ese derecho.”
Para el caso de los alcaldes, “ni modo de hacer la revocación de mandato al año y medio”. En realidad, para los presidentes municipales ya está contemplada la reelección como una forma de ratificarlos en el cargo, coincide Ruiz Visfocri.
Lo importante es que se reconozca el derecho: “que así como les dimos el mandato, se los quitemos. No me gusta la comparación, pero muchos políticos hablan de contrato: ‘los ciudadanos me contrataron’, dicen. Ese poder implica que, si como ciudadano te di la confianza, entonces te la puedo quitar antes de que termine su mandato o, como les gusta decir, su contrato”.
“Los puestos de elección popular no son renunciables, por eso es tan importante la posibilidad de la revocación. El funcionario no puede renunciar al mandato, pero la gente sí puede retirarle su confianza.”
HABRÍA PRESIDENTE SUSTITUTO
Tampoco se puede recortar un periodo de gobierno. De revocarse el mandato del presidente, ¿cuál sería el proceso de sustitución?, cuestiono.
“Tendría que elegir el Congreso de la Unión a la persona que termine el encargo. La posibilidad de convocar a una nueva elección es en los primeros dos años de mandato del presidente. Pero, en este caso, como ya es el cuarto año si participan por lo menos el 40 por ciento de las personas que están en el listado nominal el resultado es vinculante, o sea obligatorio. Y si la mayoría pide que se vaya el presidente, entonces el Poder Legislativo en cuanto se den los resultados tendría que nombrar al presidente sustituto.”
Por último, la presidente del IEE hace un llamado a la ciudadanía a que participe activamente: emitiendo su opinión el 10 de abril en las urnas, principalmente, pero también como observador electoral, capacitador electoral o funcionario de las mesas receptoras.
“Para mí es emocionante participar desde un órgano electoral y como ciudadana. En el caso de los medios, se puede participar apoyando en la difusión de las tareas, las fechas y los requisitos. Y, el día 10, cubriendo la jornada y publicando las notas sobre este ejercicio de participación ciudadana”, concluye Adriana Ruiz Visfocri.