La capacidad de adaptación que han mostrado los medios de comunicación en México para paliar las nuevas condiciones económicas –recortando personal por un lado y, por otro, ampliando la gama de los servicios que le ofrecen al Gobierno–, no sorprende a quien se ha dedicado a estudiar la influencia que tiene el dinero público en el periodismo mexicano, señala Luis Pablo Beauregard en El País.
En el reportaje ‘Fin de ciclo para la prensa mexicana: los ajustes del Gobierno al gasto en publicidad y los cambios de la industria crean la tormenta perfecta para cientos de periodistas’ (https://elpais.com/internacional/2019/05/03/mexico/1556840314_544026.html), el corresponsal en México del diario madrileño cita a Justine Dupuy, investigadora del centro de análisis Fundar:
“Es perverso. Los medios que viven de la publicidad oficial adaptan sus líneas editoriales. Los medios no tienen colores políticos sino que cambian sus colores con quienes dan el dinero”, dice Dupuy.
Por su parte, Mayalen Elizondo, una consultora en recursos humanos y planeación de fuerza laboral, comenta que “definitivamente” no es “normal” la situación que viven los medios en México.
El dinero público había servido de línea vital a una industria que vive en picada desde hace varios años. Esto había postergado el desastre. Sin embargo, los medios también reportan que no solo el Gobierno cuida mejor su dinero. El sector privado también ha disminuido la compra de anuncios.
Esto ha creado una tormenta perfecta que tiene a un buen número de periodistas en la calle. “Hay muchos editores y periodistas sin trabajo y muy pocas vacantes. La cosa está bien complicada”, agrega Elizondo.
OPACIDAD DE LOS QUE EXIGEN
Los líderes del sector, como El Universal, también sufren esta crisis. El diario recibió, en promedio, 274 millones de pesos cada año del sexenio de Peña Nieto según datos de la Secretaría de la Función Pública.
Tan sólo en 2018, El Universal ingresó 21 millones de pesos solamente de la Secretaría de Gobernación. Pero con el cambio de Gobierno, llegó el despido de cientos de personas de la redacción, administrativos y empleados de la imprenta.
David Aponte, el director editorial, no confirmó el número de despidos pero rechazó que estos estén vinculados al cierre de la llave de la publicidad gubernamental. “Todo tiene que ver con la reconversión de la redacción a la plataforma digital” iniciada en 2018, dijo Aponte a El País.
Los ejemplos dados arriba y en la primera parte de esta reseña no son de ninguna manera exhaustivos. Hay serias dificultades para obtener datos por la negativa de los responsables a ofrecer explicaciones que ayuden a ilustrar el delicado momento por el que atraviesan televisoras, radios, periódicos y medios de Internet.
Es una crisis de la que nadie quiere hablar, subraya Beauregard. No existen datos oficiales de la situación y este vacío dificulta el estudio de la industria para los académicos interesados en las empresas informativas.
“Esta opacidad no es un descuido, es deliberada”, considera Carlos Bravo Regidor, coordinador de la maestría en Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). “Es revelador que una industria dedicada a exigir transparencia sea la menos transparente de las industrias”, añade.
UN PROBLEMA SIN RESOLVER
En el discurso, porque tampoco es hora que los dineros públicos empiecen a fluir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inyectará en los medios de comunicación durante este año 4 mil 258 millones de pesos. Esto representa un 30% más de lo que presupuestó Peña Nieto en 2018.
Esto le ha traído críticas al gobierno de Morena, que prometió durante la campaña electoral del año pasado recortar 50% el rubro en comunicación social. El nuevo titular del Ejecutivo se defiende diciendo que ese monto representa una reducción significativa desde los 8 mil 900 millones que el PRI terminó ejerciendo el año pasado en su imagen. El sobrejercicio en publicidad era común en los sexenios de Peña y su antecesor, Felipe Calderón, quien gastó 56 mil 300 millones de pesos en propaganda.
Con todo, los expertos afirman que nada en los lineamientos publicados por el Gobierno en enero impide que se rebase nuevamente el presupuesto. “Estos lineamientos sólo servirán para el Gobierno federal”, dice Dupuy. La coordinadora del programa anticorrupción de Fundar explica que los 32 gobiernos estatales aún pueden apoyarse en la prensa para vender sus logros. “Se tiene que hablar de los criterios para asignar la publicidad oficial”, afirma la analista, quien recuerda que una ley que pretende regular la materia duerme el sueño de los justos desde hace un año.
Tanto ella como otros expertos consideran que esa norma, la Ley de Comunicación Social, “no resuelve el problema” ni cambia la viciada relación entre el poder y los medios. Entre las propuestas hechas estaba la medición de audiencias por un organismo independiente como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero la idea no prosperó.
TRANSPARENTAR EL GASTO
La rendición de cuentas arrojaría luz en oscuros casos. Como por ejemplo, el pago de 4.9 millones de pesos de la Secretaría de Cultura a Grupo Radio Fórmula en febrero de 2018 para promocionar los logros del Gobierno Federal a lo largo de 19 días, de acuerdo con un contrato al que tuvo acceso El País.
Otro es el pago del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al periódico Milenio por la transmisión de 20 cápsulas en 2017. El instituto pagó al diario 4.5 millones de pesos. Esta operación no figura en el informe de recursos autorizados por la dirección general de normatividad de comunicación del Ejecutivo federal de aquel año. Hasta el momento, la oscuridad sigue marcando la viciada relación entre el poder y los medios mexicanos.
El gobierno de Peña fue generoso con periódicos y revistas: nada más durante 2018, La Jornada recibió 4 millones 900 mil dólares; Grupo Radio Centro, 3 millones 400 mil; El Financiero, 3 millones 300 mil; SDP Noticias, 2 millones; López Dóriga Digital, 575 mil dólares; Reforma, 394 mil, y la revista mensual Letras Libres 72 mil dólares.
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